La única forma que los chilenos entendemos las relaciones internacionales sería a través de árbitros y de tribunales, o sea, de algún tercero que nos encuentre la razón, pero nosotros mismos somos incapaces de llevar a cabo una acción diplomática adecuada.
Publicado el 19.11.2015
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Los desencuentros producidos últimamente con Bolivia y Perú, el primero por su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para una salida soberana al Océano Pacífico y, el segundo, por la ley que crea el distrito La Yarada-Los Palos (incluye “triángulo” terrestre que es territorio chileno); son algunos de los vestigios que aún perduran en el siglo XXI de una guerra que se dio a fines del siglo XIX. Además, el hecho de que ambos incidentes coincidan en el tiempo crea -a primera vista- la impresión en Chile de que los dos vecinos del norte pudieran estar concertados en desmedro de los intereses chilenos. Veamos cuáles son los elementos principales detrás de los problemas en cuestión.

Antecedentes históricos y políticos

1. En el caso de nuestro vecino altiplánico, se ha ido forjando un irredentismo maximalista y emocional (recuperación del “litoral marítimo”) que permite mantener la cohesión nacional en un país con problemas estructurales y falta de desarrollo. Su reivindicación marítima está hoy consignada en el art. 267 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009): ” …su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo”. La demanda boliviana ante CIJ pretende obligar a Chile a negociar una cesión de soberanía, pero sin cuestionar directamente el Tratado de 1904 (como lo hizo antes en la Liga de las Naciones). La causa marítima boliviana también ayuda a la reelección del populista Evo Morales (el más longevo de los mandatarios bolivianos).

La estrategia boliviana es, esencialmente, política y mediática, no jurídica. Gane o pierda el juicio en La Haya, lo que busca Bolivia es crear un clima internacional favorable a su causa (imagen de país pequeño y atrasado por el enclaustramiento de su vecino hegemónico) para presionar una cesión territorial chilena. Sin embargo, el problema no tiene solución desde una perspectiva del siglo XIX: una cesión chilena de corredor territorial o de enclave soberano boliviano jamás pondrá fin al irredentismo en cuestión. La entrega hoy podría ser fuente de problemas mayores a futuro.

2. El anti-chilenismo peruano es un sentimiento de revanchismo genérico, que no se expresa en una reivindicación determinada, salvo mantener abierta la vinculación histórica con Arica. La postura de Lima es más vaga que la de La Paz, pero no por ello menos militante. Perú es mucho más país que Bolivia y, en el fondo, más importante para Chile. Muchos más intereses nos unen con Perú (Alianza del Pacífico, APEC, democracia y derechos humanos, economía social de mercado, agenda multilateral, TPP, etc.), pero el entendimiento bilateral con Lima resulta siempre más complejo (con Bolivia no tenemos relaciones).

3. A pesar de la visión negativa en el subconsciente colectivo chileno, el irredentismo boliviano y el anti-chilenismo peruano son sentimientos nacionalistas no necesariamente concertados entre sí. Mientras un Evo populista y su vicepresidente marxista están empeñados en una campaña mediática y diplomática para asegurar la re-re-reelección del referido dúo y para llevar a Chile a una negociación bilateral, el nacionalista Ollanta Humala (apremiado por su baja popularidad y las investigaciones sobre su mujer) ha creado ahora una tensión limítrofe y antes había usado un supuesto espionaje para encrespar los ánimos bilaterales. Hay que decir que el mal llamado “triángulo terrestre” es algo artificial e inoportuno. Lo primero, porque hasta 2008 Perú estaba de acuerdo en que el Hito N° 1 era el punto inicial de la frontera entre los dos países y, lo segundo, porque el cuestionamiento de nuestro territorio se plantea por Perú en momentos en que estamos tratando la demanda boliviana.

Y, ¿cuál ha sido la estrategia chilena?

1. Chile ha mantenido frente a los comentados desencuentros una política reactiva y, esencialmente, legalista. Frente a la campaña mediática y diplomática boliviana, nos hemos limitado a alegar en la CIJ que la intención de fondo es la revisión del Tratado de 1904 y que, de acuerdo al Pacto de Bogotá, dicho tribunal no tiene competencia para fallar sobre la materia. ¡Punto! Y, con respecto a la ley peruana que incluye el “triángulo terrestre” y desconoce el Hito N° 1, la discusión en Chile ya ha empezado a girar en torno a si debiera haber un arbitraje del presidente de los EE.UU. (Tratado de 1929), si Perú nos llevará nuevamente a La Haya o si, en última instancia, deberíamos acudir a las Naciones Unidas. En otras palabras, la única forma que los chilenos entendemos las relaciones internacionales sería a través de árbitros y de tribunales, o sea, de algún tercero que nos encuentre la razón, pero nosotros mismos somos incapaces de llevar a cabo una acción diplomática adecuada. En fin, pareciera que Chile no tiene política exterior y todo se reduce a abogados y a recursos judiciales.

2. Otro punto es que la precaria diplomacia chilena tiene que dejar de lado las improvisaciones de tipo personal y para consumo interno: las declaraciones habituales del canciller y ahora el afán para que hable nuestra “blindada” Presidenta. En tal sentido, dejémonos también de consignas y eslóganes , como la “serena firmeza”, y preocupémonos más bien de implementar acciones diplomáticas inteligentes. Lo que la opinión pública nacional quiere saber es qué está ocurriendo en el norte, por qué y qué es lo que va a hacer el gobierno al respecto.

3. La política exterior chilena nunca tiene que ser pasiva, co-dependiente o reactiva frente al humor circunstancial de un Evo, Ollanta o Cristina, sino que debe conducirse de acuerdo a una estrategia política, previamente establecida y con objetivos de largo plazo. Toda estrategia contempla tanto la gestión diplomática como la disuasión militar para persuadir o disuadir a nuestras contrapartes. Ello se traduce -concretamente- en que:

  • Frente a Bolivia y Perú, hay que convencer a sus respectivas autoridades de las ventajas de la integración regional (proponer proyectos concretos de cooperación);
  • Debemos ser claros con La Paz en que Chile no le debe nada a Bolivia, por lo que -en el marco del punto anterior- cualquier negociación futura podrá considerar un acceso boliviano al mar con mayores elementos de integración bilateral;
  • Chile debe denunciar ahora el Pacto de Bogotá y estudiar un retiro del juicio con Bolivia en La Haya por no ofrecer garantías jurídicas para la soberanía chilena;
  • Si Perú no cumple con el anterior fallo de La CIJ concerniente a su demanda marítima y persiste con sus provocaciones fronterizas, Chile deberá custodiar militarmente el Hito N° 1 y congelar las relaciones diplomáticas (retiro de embajador inclusive) hasta tanto no asuma un nuevo gobierno más razonable en Lima;
  • Finalmente, no está demás hacer una campaña comunicacional y diplomática más eficiente a nivel de la comunidad internacional, a fin de demostrar que Bolivia sólo busca alterar las fronteras y que no está interesada en la integración económica ni la concertación política entre países vecinos.

 

Juan Salazar Sparks, cientista político, embajador (r) y director ejecutivo de CEPERI.

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO