Para que exista una crisis de esta naturaleza es preciso que coexistan determinadas situaciones, como se ha observado históricamente. Entre ellas se pueden mencionar la división política y la polarización entre los distintos sectores; la disputa sobre la legitimidad del poder político o la vulneración abierta del orden constitucional; finalmente, la intervención decisiva de los uniformados en la resolución del problema, a través de dos procesos que se podrían denominar la politización del ejército y la militarización de la política. Venezuela parece caminar en esa dirección a pasos agigantados.
Publicado el 12.08.2017
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Uno de los dramas más grandes que puede enfrentar una sociedad es la guerra civil. El tema ha vuelto a ponerse lentamente en la discusión, producto de la dramática situación que ha vivido Venezuela en los últimos meses y que ya ha costado más de cien vidas. Vale la pena observar cómo ha ido cambiando en los últimos días el lenguaje político, tanto al interior de la sufrida sociedad venezolana como en el ámbito internacional.

Este lunes 7 de agosto, Federica Mogherini -representante de la Unión Europea para la Política Exterior- declaró enfáticamente: “La investidura de la Asamblea Constituyente y sus primeras acciones, incluyendo la remoción de Luisa Ortega de su puesto en el Ministerio Público, han debilitado más las perspectivas de una vuelta pacífica al orden democrático en Venezuela”. Por su parte, numerosos Gobiernos de América Latina han denunciado que el régimen de Nicolás Maduro se ha constituido en dictadura o bien se ha alejado de las normas propias de la democracia. Paralelamente, distintas autoridades dicen rechazar a priori que se produzca un golpe de Estado, lo que ilustra muy claramente la posibilidad de que ocurra. El movimiento militar de este domingo 6 de agosto, que algunos interpretan como en intento de golpe de Estado, muestra que cada vez aparece de manera más nítida en la discusión pública la posibilidad de una resolución armada del conflicto político. Incluso se podría llegar, bajo determinadas circunstancias, a ese drama persistente que es la guerra civil.

¿Qué es una guerra civil? Si bien se trata de un concepto que admite distintas explicaciones y tiene ciertos sinónimos aceptables -como guerra interna, por ejemplo-, se puede definir como un “combate armado dentro de los límites de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad común al comienzo de las hostilidades”. Es decir, existe una “violenta división física de la entidad soberana en campos rivales armados”, como sostiene Stathis N. Kalyvas, en La lógica de la violencia en la guerra civil (Madrid, AKAL, 2010).

Para que exista una crisis de esta naturaleza es preciso que coexistan determinadas situaciones, como se ha observado históricamente en este tipo de conflictos. Entre estos aspectos se pueden mencionar la división política y la polarización entre los distintos sectores; la disputa sobre la legitimidad del poder político o la vulneración abierta del orden constitucional; finalmente, la intervención decisiva de los uniformados en la resolución del problema, a través de dos procesos que se podrían denominar la politización del ejército y la militarización de la política.

La democracia es muchas cosas, entre ellas una forma de organizar la convivencia en la sociedad y de resolver pacíficamente las diferencias. Las elecciones periódicas, la separación de poderes y las libertades públicas contribuyen a que funcione así. Sin embargo, en los momentos de crisis y rupturas políticas la situación cambia de manera dramática, los adversarios se convierten en enemigos y emerge la violencia verbal y física. En los hechos, como recordaba Ortega y Gasset, el corazón de la sociedad “se escinde en dos” y la sociedad deja de serlo (en Del Imperio Romano, Obras Completas, Tomo VI). En esos casos, estamos frente a la cuenta regresiva de la paz, y la sociedad entra en la dinámica de la guerra civil o la resolución armada del conflicto.

Otro aspecto determinante en las democracias es la legitimidad de los Gobiernos y de las autoridades públicas en general. Esto exige un origen popular de quienes ejercen el gobierno en la sociedad, así como el respeto hacia el orden institucional, hacia la Constitución y las leyes, como un aspecto esencial del ejercicio del poder. Esto lleva a que si gobierna alguien contrario a las convicciones que tiene una persona o grupo en la sociedad, es respetado precisamente porque llegó a ejercer su posición de una manera legítima, aunque sus políticas y resoluciones sean contrarias a la doctrina de sus opositores. La forma de enfrentar esa realidad es prepararse para gobernar, influir en diferentes procesos electorales, ejercer una oposición decidida, pero pacífica. Cuando estas características pasan a la historia, el Gobierno viola el régimen constitucional y los derechos de las personas, pierde legitimidad y comienza a buscarse su reemplazo por medios distintos, eventualmente violentos. El consenso mínimo se ha perdido, precisamente por la ruptura de las bases de la convivencia democrática. ¿Cómo enfrentar a un Gobierno dispuesto a romper el orden constitucional?

Así se llega al borde del precipicio de la guerra civil, que adopta la fórmula de una participación de las Fuerzas Armadas en la actividad política (politización militar) así como los sectores políticos o sociales comienzan a mirar a esas instituciones para resolver la crisis (militarización de la política). En la práctica, las bases de la convivencia son superadas, se pierde la fe en las posibilidades de resolver pacíficamente las dificultades y se abre el camino hacia el ejercicio de la violencia. Las instituciones militares, tradicionalmente obedientes y no deliberantes, pasan a ser un actor un político y definen la contienda en una dirección u otra, que podría darse en forma de golpe de Estado o autogolpe.

Sin embargo, existe otra posibilidad, quizá la más dramática que pueda enfrentar una sociedad: que las fuerzas militares se dividan, que se formen -en los hechos- dos ejércitos que disputan entre sí el control del poder, que la sociedad se divida en dos territorios, lo que eventualmente tiene una secuela de miles de muertos. Es lo que experimentaron las sociedades clásicas hace ya muchos siglos; fue el drama de España en la década de 1930; el problema que vivió América Latina en muchos momentos de su historia; el que hoy sufren algunos países que han sido incapaces de resolver sus diferencias por los medios de la democracia y el derecho.

Lamentablemente, Venezuela ha ido caminando a pasos agigantados hacia una situación que tiene mucho de la dinámica de las guerras civiles. La polarización política es evidente, con secuelas de muertos y odiosidades que costará desterrar; existe una crisis de legitimidad grave, que hoy se manifiesta en una Asamblea Constituyente que gobierna sin Constitución, mientras otra Asamblea Nacional sigue funcionando a duras penas, todo en el contexto de agudización de la represión. Finalmente, el primer fin de semana de agosto pudimos ver el primer aviso de una intervención militar contra el régimen de Maduro, cuando antes las Fuerzas Armadas parecían monolíticamente subordinadas.

Al haber sido desechadas en la práctica las vías democráticas, lamentablemente parece demasiado cerca la posibilidad de resolución armada del conflicto político, como distintas autoridades han hecho ver en los últimos días. Es otro drama en una historia que se ha alargado más de la cuenta, con penosas consecuencias.

 

Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad San Sebastián, director de Formación del Instituto Res Publica (columna publicada en El Imparcial, de España)