La consigna “Ni perdón, ni olvido” tuvo una justificación ética innegable: la exigencia era conocer toda la verdad sobre los crímenes de la dictadura y llevar a los responsables ante la justicia. Aunque se hizo más de lo que muchos creyeron posible, en la actual coalición de gobierno hay gente dispuesta a mantener abierta la herida por conveniencia política.
Publicado el 12.07.2016
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A un observador externo que aterrizara de sopetón y sin manual de instrucciones en nuestra escena política, le costaría convencerse de que el golpe de Estado fue hace 43 años y la dictadura terminó hace más de un cuarto de siglo.

Desde luego, se enteraría de que la justicia recién acaba de formalizar a un general en retiro por su presunta participación en un crimen cometido hace cuatro décadas, tras una investigación de 16 años que comenzó más de 20 después de los hechos y 10 después del retorno a la democracia. Y de que aún siguen abiertos, sin cierre  a la vista, decenas de juicios contra ex uniformados. Harto raro, pero admitamos que podría achacarlo a la (extrema) lentitud de los tribunales –que en todas partes se mueven a ritmo de tortuga–, y no necesariamente a una particular obsesión chilena por mantener vivo un pasado doloroso.

Otras situaciones podrían parecerle a nuestro imparcial observador señales más claras de un trauma histórico no superado. Pero no por mucho tiempo, eso sí, porque a poco andar las descubriría por lo que son: muestras de hipocresía, cinismo y aprovechamiento político.

Por ejemplo, si indagara sobre los exonerados políticos, se daría cuenta de que el debate ya no es por reparar el despido injustificado de ex funcionarios de la UP, sino por aclarar cuántas de las indemnizaciones se entregaron en forma irregular a quienes no las merecían por parlamentarios de izquierda ansiosos de hacerles favores a camaradas de partido, amigos o parientes. De esto hay sobrada evidencia, como sabemos, pero más allá de susurrar tímidas disculpas, esos parlamentarios no se arrepienten del mal uso de recursos públicos, pues para ellos la intención virtuosa de resarcir a víctimas del régimen militar se explica sola. ¿Que algunos no merecían el dinero? No importa, muchos sí.

Nuestro visitante también escucharía que la Presidenta de la República se querelló contra una revista por un artículo que no le cayó en gracia. Al principio podría parecerle atendible, después de todo, no hay que tomar a la ligera la acusación de atentar contra la honra de nadie, como ella reclama. Pero no tardaría en descubrir que el móvil principal de la demanda no es castigar el mal trabajo periodístico (si ése fuera el caso), sino enfrentar “a gente extraordinariamente poderosa (…) un consorcio que guardó silencio mientras se mataban periodistas en Chile durante la dictadura”, como dijo el abogado de la Mandataria. Da igual que hoy sean otros los dueños de Copesa y que el artículo se publicara en 2016 a propósito del caso Caval; lo importante es invocar al fantasma de Pinochet, porque eso siempre funciona cuando faltan buenos argumentos.

Para curarse de espanto en esta materia, nuestro observador invitado se informaría del reciente escándalo por la pensión que cobra la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, ex funcionaria de Gendarmería. Seguro que más que el abultado monto de la jubilación, de por sí sospechoso, le extrañaría la defensa que hizo el marido de la beneficiada de su propia labor parlamentaria: “Cuando fue el golpe militar yo le puse el cuerpo, yo no me fui de Chile. Me mamé un año preso. En el cuerpo tengo las torturas de las que fui objeto”. Aún no es claro qué tiene ver una cosa con la otra, pero buscarle explicación lógica en los tiempos que corren sería casi como decirle mentiroso.

La consigna “Ni perdón, ni olvido” tuvo una justificación ética innegable: la exigencia era conocer toda la verdad sobre los crímenes de la dictadura y llevar a los responsables ante la justicia. Aunque se hizo más de lo que muchos creyeron posible, es obvio que eso no se cumplió al pie de la letra, pero también es obvio que en la actual coalición de gobierno hay gente dispuesta a mantener abierta la herida por conveniencia política.

Esa es una imperdonable falta de respeto con las víctimas, porque su drama ya no es visto como recordatorio de las lecciones que debemos sacar del pasado reciente, sino como un manantial inagotable de falsa autoridad moral para políticos más interesados en las encuestas que en la historia o en la justicia.

Marcel Oppliger, periodista y autor