Chile necesita mejorar la calidad de su política y ésta debe volver a ser valorada por la inmensa mayoría de los chilenos.
Publicado el 23.01.2016
Comparte:

El último estudio del CEP nos sugiere que el 58% de los chilenos considera que la situación política general de Chile es mala o muy mala, y sólo un 5% considera que es buena o muy buena. El resto, se manifiesta indiferente o considera simplemente que esta actividad es regular. La encuesta GFK – Adimark, por su parte, indica que un 83% de los chilenos desaprueba la labor de la Cámara de Diputados (sólo un 12% la aprueba) y un 80% desaprueba la labor del Senado (con un 15% de aprobación). Éstas son sólo algunas cifras a destacar.

Sin entrar en las múltiples causas que han generado este escenario (escándalos de corrupción, privilegios de autoridades, declaraciones desafortunadas, prioridades mal enfocadas, entre otros), creo que hay un fenómeno que, especialmente en los últimos años, ha venido tomando fuerza y ha contribuido a acrecentar aún más el sentimiento de desarraigo de la población con las instituciones y actores de la política chilena. Es el fenómeno de la anti política y de la tendencia de muchos actores (periodistas y columnistas influyentes, outsiders de la política, ex miembros de partido arrepentidos, nóveles organizaciones, etc..), de participar del debate público y erigirse como íconos de probidad y transparencia, llamando a “funar” a la política tradicional y a perseguirla con todas sus fuerzas.

Un reciente ejemplo de este fenómeno se evidenció en la discusión en el Congreso de la Ley de Partidos Políticos, donde encabezados por el think tank Espacio Público, ligado a Andrés Velasco, un grupo de organizaciones y personalidades promovió una serie de modificaciones a la actual discusión, aludiendo a que se necesitaba una amplia participación ciudadana y de expertos, para que se integraran las distintas miradas en dicho proyecto.

Pero ese esfuerzo no se limitó a promover ciertas reformas, sino que de acompañarlas con una narrativa especial. “Así de urgidos están”, “De la forma en que voten dependerá en gran medida la posibilidad de recuperar la confianza en la política y construir una democracia más sólida” decía una de las columnas, y cientos de llamados por redes sociales a presionar y a imponer la visión de los firmantes respecto de temas como el umbral necesario para la conformación de un partido, las reglas con las cuales se conforman las directivas o el número de cuotas para que los políticos se vean incorporados a incorporar a las mujeres.

Por muy respetables que sean las opiniones de los expertos y la experiencia comparada a la que aluden los firmantes, no se debe caer en el error común de tratar a los partidos políticos que se oponen como miembros de un cartel de narcotraficantes ni a todos los políticos que piensan distinto, peor que al Chapo Guzmán. Los políticos que hoy nos representan también tienen derecho a opinar y controvertir ciertas afirmaciones; también tienen el deber de considerar otras alternativas de legislación y de creer, legítimamente, que un curso de acción puede ser mejor que otro.

A diferencia de la corriente de moda hoy en día, creo que la mayoría de los políticos chilenos, de derecha, izquierda e independientes son honestos y se dedican día a día a servir a los demás de manera sincera y sacrificada. ¿Han cometido muchos errores? Por supuesto. ¿Han intentado defender sus intereses? Sin duda alguna. ¿Merecen ser “funados” en la plaza pública? No creo. Por lo mismo, pienso que los parlamentarios son legítimos representantes y su opinión en el foro legislativo tiene tanto o mayor peso que el conjunto de organizaciones firmantes de esa declaración pública.

Chile necesita mejorar la calidad de su política y ésta debe volver a ser valorada por la inmensa mayoría de los chilenos. Pero para revertir la mala valoración que tiene la ciudadanía no basta con impulsar reformas y buenas prácticas. También, los líderes de opinión y las organizaciones que se dedican a lo público deben empezar a contribuir con un cambio discursivo que lejos de limitarse a la condena permanente, participe también del esfuerzo de valorar los buenos ejemplos y a rescatar las buenas prácticas que existen en la política. De lo contrario, caeremos en el autoritarismo propio de quienes buscan imponer una visión totalitaria de cómo ejercer lo público y en un permanente desdén por una actividad trascendental para la democracia.

 

Cristián Valenzuela B., abogado y Magíster en Ciencias Políticas UC.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO