Si bien podría resultar acertado contar con una Constitución que otorgue mayores garantías de representatividad, en la práctica el acontecer político diario no depende del texto constitucional, sino de la clase política, sus caprichos y agenda propia. No se le pueden achacar a la Constitución la falta de regionalización, el reconocimiento a los pueblos originarios y tantos otros obstáculos que debemos superar como país.
Publicado el 06.03.2018
Comparte:

A propósito del anuncio de la Presidenta Bachelet de enviar un proyecto de Constitución a tan sólo días de finalizar su mandato, cobra nuevamente importancia el debate en torno al tema. Y no es para menos, ya que lo que se propone no es otra cosa que alterar o modificar aquellos cimientos sobre los cuales, valga la redundancia, nos constituimos como comunidad política. La Constitución Política de la República es, al final del día, ese conjunto de reglas que definen y delimitan el campo de juego de la política, aquellos bienes políticos que se estiman como de primer orden, y que consecuentemente inciden y condicionan al resto del ordenamiento político y jurídico.

Dicho lo anterior, debemos preguntarnos entonces qué es lo que debemos cambiar de nuestra Constitución para que ésta sea realmente nueva –y si ello es per se una meta-, así como identificar por qué merece y debe ser cambiada, ora parcialmente, ora completamente.

En relación con lo primero, es necesario aclarar que incluso las voces más decididas a favor de un proceso constituyente que haga tabula rasa de nuestra tradición coinciden en que, en lo medular, que una Constitución pueda ser calificada como nueva pasa por terminar con aquellos aspectos –enclaves– que han sido considerados como autoritarios, esto es, que tienen como objetivo anular o limitar (y no habilitar) la voluntad política del pueblo. Una nueva Constitución, entonces, sería aquella en la cual características como el control preventivo del Tribunal Constitucional, el sistema electoral binominal, las leyes orgánicas constitucionales y los mecanismos de quórum superior –calificados de contramayoritarios– originalmente presentes en la Carta de 1980 al ser promulgada, estén excluidos. Pero incluso cuando todos estos elementos desaparezcan, siempre quedará, de uno u otro modo, la macula del pecado original: la Constitución de 1980 jamás podrá unirnos, ya que fue pecaminosamente concebida en fondo y forma. Por tanto es, y siempre será, ilegítima.

Sin embargo, resulta evidente que se han dado pasos en el sentido contrario a lo señalado anteriormente. Pese a que la Constitución de 1980 supuestamente pretende limitar la voluntad política del pueblo, en los hechos pareciera que ello no es así. Durante su vigencia se han reformado –tan sólo cosméticamente dirán algunos– la mayor parte de sus artículos, y se han creado instituciones de rango constitucional tan importantes y transformadoras como el Ministerio Público; o bien se han derogado disposiciones incómodas para los valores democráticos –aunque validables desde el punto de vista de la defensa de la sociedad abierta–, como el original artículo 8. Si a ello agregamos la reciente eliminación del sistema electoral binominal, vemos que los elementos incómodos –autoritarios– que van quedando son menos y de menor trascendencia.

El control del Tribunal Constitucional no debiese ser un mecanismo contrario a la voluntad del pueblo per se -como habrá quedado en evidencia en el reciente fallo sobre la ley de despenalización del aborto en tres causales-, a menos que se identifique ideológicamente que la voluntad del pueblo tiene vereda política definida e inmutable, o bien que las mayorías circunstanciales son necesariamente infalibles y pueden disponer, sin límite alguno, de todos los bienes políticos o jurídicos más preciados, y que tanta sangre han costado a través de los siglos (vida, libertad, propiedad, igualdad ante la ley, etc).

Por otra parte, la exigencia de ciertos quórum superiores a la simple mayoría no dice necesariamente relación con una voluntad explícita de anular la voluntad política del pueblo, sino con exigir precisamente que determinadas decisiones se tomen a la luz de un debate reflexivo, fundado y desapasionado, donde queden fuera ideas peregrinas basadas en nociones trasnochadas o antojadizas. Si bien es cierto, desde cierta perspectiva, que el contenido que se pretende blindar fue impuesto, no es menos cierto que el quórum más alto que se exige dice relación con la modificación, entre otras cosas, de los Derechos Individuales, sobre los que me imagino hay consenso en que no es conveniente permitir que una simple mayoría tenga algo que decir (e incluso me atrevería a decir que en algunos casos, como el derecho a la vida o la libertad individual, por tratarse de derechos reconocidos y no otorgados por el Constituyente, estos abiertamente escapan del juego democrático).

Ahora bien, incluso cuando los quórum supra mayoritarios no sirviesen para proteger determinados bienes jurídicos, pareciera que la molestia de determinado sector no se debe al quórum como tal, sino a ver frustrada su propia agenda (que normalmente se identifica, mesiánicamente, con una especie de destino ineludible del pueblo todo). Ello queda en evidencia cuando en el mismo discurso en que la Presidenta Bachelet anunció el inicio de un proceso constituyente, el 13 de octubre de 2015, también propuso que la decisión de aprobar una nueva Carta fuera realizada por el próximo Congreso —refiriéndose al que asumirá el próximo 11 de marzo— disminuyendo los quórum de reforma (Cap. XV) desde los 2/3 a “una razonable mayoría de 3/5”[sic].

A modo de ejemplo, resulta que de acuerdo a la nueva composición de la Cámara, 2/3 equivale al voto de 104 diputados (103 y fracción), mientras que 3/5 equivalen a 93 votos. ¿Dónde ponemos el límite para calificar a un quórum de razonable y a otro de contramayoritario? ¿Es realmente contramayoritario pedirle a un gobierno que quiere cambiar las bases de nuestra vida política una mayor exigencia (en definitiva, 11 votos más)? Dejo la respuesta abierta.

Como sea, pareciera entonces que los elementos aún vigentes que justificarían una nueva Constitución no pasan a fondo el test de la blancura; y a pesar de los intentos por radicar y asociar el problema constitucional con la vida cotidiana de los ciudadanos, pareciera que efectivamente el problema obedece más al fetiche de algunos pocos juristas e intelectuales que a las preocupaciones ordinarias de las personas. No se trata, entonces, de que los ciudadanos realmente “padezcamos” una Constitución en nuestro diario vivir que transforma nuestra existencia en una especie de calvario (quizá algunos sí, obviamente).

A modo de ejemplo, recuerdo que hace un par de años, en pleno proceso de efervescencia constitucional, me dirigí a mi curso en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, la mejor del país y por lo mismo con los mejores alumnos, y les pregunté quiénes creían necesario cambiar la Constitución. Casi todos respondieron afirmativamente. Luego pregunté quiénes habían leído la Constitución, obteniendo el resultado contrario. Si bien no fue un ejercicio que buscase ser un fiel reflejo de la realidad nacional, dijo mucho del nivel de conocimiento constitucional y superficialidad del discurso instalado.

De ello deriva que, si bien podría resultar acertado contar con una Constitución que otorgue mayores garantías de representatividad, en la práctica el acontecer político diario no depende de la Constitución, sino de la clase política, sus caprichos y agenda propia. No se le pueden achacar a la Constitución la falta de regionalización, el reconocimiento a los pueblos originarios y tantos otros obstáculos que debemos superar como país. Estos difícilmente pasan por cambiar la Constitución, sino más bien por la verdadera voluntad de quienes están llamados a gobernarnos, cuyas manos, como vemos, no están realmente atadas más a que sus propias agendas, mezquinas o no. El resto es gastar tinta en listas de buenos deseos.

 

Javier Francisco Infante, Abogado, doctor en Derecho

 

 

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO