Restando ya un año y ocho meses para que termine el período de Bachelet, lo cierto es que no hay ningún indicio de que la atmósfera pesimista vaya a cambiar como resultado de acciones del Ejecutivo. Lo único que podría despertar mejores expectativas económicas es que se vaya asentando la posibilidad de un cambio de rumbo político a partir de 2018.
Publicado el 11.07.2016
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No hay caso. Por más que todos querríamos algo distinto, el pesimismo y la desconfianza en el futuro campean en nuestro país. El Índice Mensual de Confianza Empresarial (ICARE/UAI) lleva ya  dos años y medio en terreno negativo y en niveles que no se veían desde la gran recesión mundial de 2009 (episodio en que el pesimismo de los empresarios sólo duró 11 meses). Los consumidores también ven negativo el futuro, según constata el IPEC (Adimark), que muestra registros pesimistas desde junio de 2014. Y un 85% de la población cree que la economía está estancada o retrocediendo, de acuerdo a la encuesta Cadem (primera semana de julio). La verdad es que los datos duros no dan para estar alegres: cuando termine 2017, el PIB per cápita habrá crecido alrededor de un magro 1% anual promedio en el cuatrienio que arrancó en 2014, casi nada comparado al 4,1% promedio anual de crecimiento por habitante observado entre 1990 y 2013. El desempleo, en tanto, viene aumentando rápido y hay claras señales de una mayor precarización de los empleos.

A estas alturas, ya casi no quedan personas en Chile que no achaquen gran parte de este clima oscuro a la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet. Su plan de reformas estructurales creó un mal clima de negocios desde bien temprano, con base en una retórica rupturista y agresiva contra el sector privado. Las reformas mismas, sobre todo las tributaria y laboral, son onerosas para inversionistas y emprendedores. Alguien que evalúa hoy un proyecto a 10 o 20 años, tiene que considerar tasas de impuestos mayores y menores incentivos a la reinversión de utilidades, así como una gestión de personas más compleja, respecto de la situación anterior a 2014, todo lo cual le lleva eventualmente a desistir de llevar a cabo el proyecto de inversión y se evapora la creación de empleos asociada. Más aún si hay incertidumbre de hacia dónde nos puede llevar una nueva Constitución que arranca repudiando a la existente y un súbito despertar colectivo al hecho de que en Chile hay corrupción después de todo. Y todavía más si la economía mundial se ralentiza y caen los precios de los commodities, afectándose una industria relevante como es la minera y la recaudación tributaria.

El ministro Valdés puso el freno de mano con la intención de detener la frenética marcha de la retroexcavadora. Cambios ha logrado, como la revalorización política del equilibrio fiscal (y un crecimiento del gasto público más moderado), la reforma a la reforma tributaria (en materia de impuesto a la renta pasó de pésima a mala),  la introducción del término “adecuaciones necesarias” a la reforma laboral, y la postergación indefinida de la gratuidad universal de la educación superior. Además, pareciera que también consiguió que la reformulación del sistema previsional y de la salud privada queden para una siguiente administración. Pero son cambios modestos en la perspectiva de mejorar el clima de negocios y comenzar a salir del pesimismo. Después de todo, es solo un freno de mano.

Restando ya un año y ocho meses para que termine el período de Bachelet, lo cierto es que no hay ningún indicio de que la atmósfera pesimista vaya a cambiar como resultado de acciones del Ejecutivo. No existe la convicción de implementar políticas para mejorar de verdad el enrarecido clima de negocios y la izquierda más dura no cesa de jalar al gobierno hacia posturas más extremas, contrarias a un ambiente propicio a la inversión y el emprendimiento. Desde el punto de vista de condiciones exógenas al gobierno, la economía global va a seguir sufriendo desde Europa y con la vulnerabilidad china, por lo que no es posible anticipar una mejora del precio del cobre hasta un par de años más.

Lo único que podría despertar mejores expectativas económicas es que se vaya asentando la posibilidad de un  cambio de rumbo político a partir de 2018 con la asunción de un nuevo gobierno, lo que podría pasar después de las elecciones municipales de octubre próximo. Un gobierno que se vea diferente porque no solo plantee reparar el daño hecho por la actual administración sino porque pone el crecimiento económico al centro de las prioridades como un imperativo ético en tanto condición mínima para poder avanzar en la eliminación de la desigualdad injusta. La sola modificación de enfoque ya tendría un efecto positivo sobre la confianza de inversionistas y consumidores. Algo como lo que pasó con Macri en Argentina.

 

Felipe Morandé L. Economista