Una decisión equivocada del gobierno fue convertir en promesa electoral la presión de la CONFECH por gratuidad universal. Otra, haber congelado la reforma enviada en el año 2012 por el gobierno del ex Presidente Piñera, que eliminaba el Sename, creaba el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia y separaba la atención a los niños en situación de vulnerabilidad, de los menores de edad en conflicto con la ley.
Publicado el 22.07.2016
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La Presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría han tomado varias decisiones equivocadas en 28 meses de gobierno. Dos de esas decisiones tienen estrecha relación con la crisis del Sename. Es cierto que el organismo viene deteriorándose desde hace tiempo (recuerdo varios debates de este nivel de intensidad en los últimos 25 años), pero en marzo de 2014 el gobierno tenía en sus manos la oportunidad de tomar un camino distinto al que finalmente siguió.

La primera decisión equivocada fue convertir en promesa electoral la presión de la CONFECH por gratuidad universal, un movimiento que pretende ponerse en la primera línea de las necesidades del país y que, francamente, en todas sus acciones, transmite egoísmo y ninguna sintonía con la realidad (desde las barricadas en Santiago, en plena emergencia ambiental, hasta la reacción histérica todos los años, porque la cuenta presidencial del 21 de mayo no empieza y termina en sus demandas).

El gobierno de la Nueva Mayoría, en vez de poner esas demandas en el lugar que correspondía, ética y presupuestariamente, y sabiendo que una de las urgencias más apremiantes era enfrentar la situación de un Sename muy deteriorado, con 100 niños a su cargo, vio en la gratuidad una consigna de campaña perfecta. Y, aun cuando la reforma propiamente tal acaba de empezar a tramitarse, ya le está destinando, entre este año y el próximo, cerca de 500 mil millones de pesos, plata adicional a la que el Estado ya entrega a los jóvenes más vulnerables, a través del sistema de ayudas estudiantiles.

La segunda mala decisión fue haber congelado la reforma enviada en el año 2012 por el gobierno del ex Presidente Piñera, que eliminaba el Sename, creaba el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia y separaba la atención a los niños en situación de vulnerabilidad, de los menores de edad en conflicto con la ley (uno de los grandes dolores de cabeza del sistema hoy).

Para qué nos hacemos los lesos, la razón que inspiró esa decisión no fue el mérito de un proyecto que, estoy segura, ni siquiera fue leído por quienes se instalaban en el gobierno en marzo de 2014. Una reforma de esa envergadura toma más de cuatro años, la Presidenta perfectamente pudo haber enviado los cambios que le parecieran pertinentes y hoy ya estaría en sus trámites finales o, incluso, promulgada y en la fase de implementación. Es lo que se hizo en la administración anterior, por ejemplo, con la Ley Antidiscriminación y la del Lobby, continuar tramitando una reforma que había sido iniciativa de gobiernos anteriores, porque se entendía que abordaban materias claves, que requerían tiempo, acuerdos y, sobre todo, mucha responsabilidad y sentido de Estado.

A cambio, la Presidenta optó por crear la primera semana de su mandato el Consejo Nacional de la Infancia, poner a su cabeza a una de sus más cercanas colaboradoras y amigas. Y enviar al Congreso otra reforma, la de derechos y garantías de la niñez, a la que hace referencia ayer el profesor Hernán Corral, en una magnífica carta a El Mercurio, y escudarse en su lenta tramitación para justificar la no intervención profunda del Sename, aquí y ahora, y para congelar la reforma que venía avanzando desde 2012.

Permítanme un momento para revisar el discurso de la Presidenta cuando presentó el Consejo Nacional de la Infancia, a cargo de Estela Ortiz, porque hoy esas palabras adquieren un significado dolorosamente crítico (a veces pienso que la izquierda tiene la total convicción que los discursos pueden convertirse en realidad, con el solo acto de pronunciarlos).

“Hoy es el día en que Chile consagra un compromiso solemne con la infancia y con la adolescencia (…)”.

“(…) necesitamos una instancia que coordine diferentes instituciones y sectores que tienen relación con infancia y adolescencia, y que nos permita aunar esfuerzos, crear sinergias y, finalmente, lograr lo que buscamos: proteger, apoyar, incentivar a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Una instancia que pueda impulsar nuevas normativas, planes y programas y que se haga cargo de iniciativas que a veces están dispersas en diferentes ministerios y servicios. Una instancia que asuma una nueva perspectiva, que pase de la mirada asistencial a entender a un niño o niña, a un joven, como sujeto de derechos.

Y eso es lo que estamos haciendo hoy día con la firma del decreto que crea el Consejo Nacional de Infancia y Adolescencia”.

Nada de eso parece estar ocurriendo hasta hoy. De la encargada del Consejo solo hemos oído reacciones, cuando los medios la emplazan a responder qué rol juega una institución creada para velar por los derechos de los niños y que cuenta con más de 50 funcionarios y un gasto solo en remuneraciones superior a mil millones de pesos al año.

Dos malas decisiones y dos duras lecciones que desgraciadamente pagan hoy 100 mil niños, sin más defensa que ellos mismos y su suerte. Nunca la opción populista, que pasa por encima de la realidad, de los recursos y de lo prioritario (en este caso priorizar la gratuidad para la educación superior); y nunca los caminos de la revancha política y la ideología (congelar una reforma ya encaminada), tendrán buenos resultados para Chile.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

 

FOTO: AGENCIAUNO.

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