Bienvenida la calle (otra vez), pero no olvidemos que tras un voto hay siempre una persona; tras una pancarta, quizás.
Publicado el 30.08.2016
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Archiconocida es la frase de Churchill: “la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás”, pero la callecracia (si el Gobierno se deja llevar por las manifestaciones públicas de multitudes) puede significar el fracaso no sólo de nuestro sistema democrático, sino que incluso poner en jaque al conjunto de nuestras instituciones republicanas.

Nadie puede negar que la calle ha vuelto a hablar, a rugir tal vez. No es un fenómeno nuevo en Chile, que tiene una larga tradición de protestas callejeras y manifestaciones masivas que data desde fines del siglo XIX. Si ellas son pacíficas y respetuosas, entonces fortalecerán la democracia, como conviene a todos.

Esta práctica ha mutado en sus componentes. En las protestas de comienzos del siglo XX hay datos que muestran que más del 70% de los manifestantes controlados tenían antecedentes penales. Otra diferencia es la facilidad de convocatoria que brindan las redes sociales. Una tercera es que las causas de aquellas movilizaciones eran usualmente fáciles de comprender, así como el mensaje que transmitían los manifestantes: no suban el precio del tranvía, no encarezcan la carne o ¡súbannos los sueldos!, para graficar simplificando.

Protestar contra el alza del precio de los alimentos o de la micro hacían muy fácil la coincidencia de miles de personas en torno a problemas y soluciones simples y posibilitaban su fácil lectura. Hoy no ocurre lo mismo: los problemas son complejos, las soluciones posibles múltiples y muy diferentes, y las consignas son básicas y hasta carentes de contenido concreto (NO+AFP, por ejemplo), permitiendo ser llenados de diferente forma -racional o emocionalmente- por los participantes.

¿Tienen algo en común las manifestaciones de hoy con las jornadas de protesta que hicieron tambalear al Gobierno Militar a comienzos de los 80? Efectivamente, la baja adhesión ciudadana provocada por malas decisiones, falta de sintonía con la población, alza del desempleo y malas perspectivas económicas.

Otro punto en común entre estas protestas y otras de nuestra historia es un núcleo anarquista pequeño, pero casi siempre activo, el cual se ha desarrollado con un pie en el Partido Comunista y otro en los sindicatos y universidades públicas, siendo allí donde ha tomado una fuerza inusitada en los últimos años.

El 15% (CEP) o 18% (Cadem) de adhesión al Gobierno es un mínimo sin parangón, probablemente más bajo que el que tuvo Allende o Pinochet en su peor momento. El segundo factor que demanda tomar con seriedad el fenómeno es la participación del PC en el Gobierno, ya que este partido nunca abandonará la calle y está en su esencia el desestabilizar gobiernos. Esta es la mezcla que hoy día ha elevado al PC en influencia por sobre la DC.

En nuestros días, estos movimientos son sumamente representativos de un malestar general contra los políticos y gobernantes, pero la crisis de la democracia representativa ni es nueva ni es exclusiva de Chile, ni mucho menos. En cambio, la representatividad de la sociedad en su conjunto no sólo no es clara, sino que es contradicha por encuestas serias como la reciente CEP.

Dicho estudio, por ejemplo, nos dice que requeridos los encuestados a mencionar dos de entre diez posibles prioridades para el Gobierno, las pensiones ocupan apenas el 6° lugar. ¿Puede, entonces el Gobierno cambiar su rumbo siguiendo las consignas que enarbolan los manifestantes? No, pues no sólo estaría pasando a llevar a la gran mayoría (84%) que no mencionó el tema ni como primera ni segunda prioridad, sino que estaría alentando más y mayores protestas en otros temas que en la ciudadanía en general tienen mucho más apoyo, como delincuencia y empleo, y mayores protestas podrían acercarnos a la Argentina de De La Rúa, lo que nadie podría responsablemente pretender.

Bienvenida la calle (otra vez), pero no olvidemos que tras un voto hay siempre una persona; tras una pancarta, quizás.

 

José Ignacio Pinochet Olave, abogado y Presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

 

 

 

FOTO: MEMORIACHILENA.CL