Aparte de la reforma anunciada por el Gobierno, el Ejecutivo y la Nueva Mayoría han presentado numerosos proyectos que dan cuenta de una ideología que pretende imponerse como un “nuevo trato” en materia laboral a cualquier precio.
Publicado el 28.12.2014
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Mucho se ha dicho acerca de los posibles contenidos de la reforma laboral que el Gobierno ingresará al Congreso el próximo 29 de diciembre, que es reflejo de una agenda circunscrita a la temática sindical, mas no de una agenda laboral integral propiamente tal.

Sin perjuicio de lo anterior, actualmente en el Congreso se están tramitando una serie de proyectos laborales -por iniciativa tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios de la Nueva Mayoría- que las comisiones de Trabajo de ambas cámaras se han encargado de revivir. Estos proyectos buscan regular un conjunto de materias que harían más rígidas las relaciones laborales, encarecerían los costos de contratación, perjudicarían a los emprendedores y, por ende, deprimirían la generación de nuevos empleos.

Así, por ejemplo, uno de los más relevantes y posiblemente el más nocivo, es aquel que elimina por completo la polifuncionalidad en los contratos de trabajo. En otras palabras, pretende que sólo se podrá pactar que los trabajadores desempeñen funciones que sean de la misma naturaleza, lo que perjudica directamente a las empresas pequeñas al encarecer los costos en mano de obra en términos cuantiosos (un kiosco debiera tener un trabajador para atención de público y otro para el manejo de la caja). Asimismo, perjudica a los mismos trabajadores, ya que no permitiría, en principio, que la capacitación les permita acceder a nuevas funciones o que puedan hacer carrera dentro de la misma empresa.

Otro proyecto que genera problemas es el que elimina la subcontratación impropia, que impide que el dueño de una empresa pueda subcontratar servicios relativos a las actividades inherentes al giro principal, lo cual coarta a  priori el desarrollo y la competitividad de las empresas, tanto las consolidadas como los nuevos emprendimientos, toda vez que se echan por tierra los beneficios que este instrumento ofrece a las empresas contratistas, como la reducción de costos, la mejor calidad de los productos y servicios, y ser un mecanismo para responder eficazmente a las fluctuaciones de la demanda; así como a los trabajadores subcontratados, pues permite, entre otras cosas, mayor especialización de funciones y habilidades de sus trabajadores y constituir una importante fuente de empleo.

Además, existen innumerables iniciativas que se mantienen con discusiones pendientes, donde destacan las normas relativas al teletrabajo, los teleoperadores, jornada de los trabajadores del comercio, cuotas para discapacitados, fuero paternal a todo evento, contrato por obra o faena, entre otras, todas ellas iniciativas que  avanzan para convertirse prontamente en ley.

Considerando la situación actual en cuanto al escuálido crecimiento económico y la cada vez menor generación de nuevos puestos de trabajo, este tipo de iniciativas invita a preguntarse acerca de si estos proyectos tienen relación con la búsqueda de medidas que favorezcan el emprendimiento y el trabajo o si más bien dan cuenta de una ideología que pretende imponerse como un “nuevo trato” en materia laboral a cualquier precio.

 

Sergio Morales, Investigador Programa Legislativo Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.