La resolución de Contraloría constituye un revés para la estrategia fiscalizadora de la oposición. Al financiar su viaje con fondos fiscales, Larraín cometió un error político y comunicacional, no una falta administrativa.
Publicado el 13.07.2018
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La resolución de Contraloría que absolvió al Ministro de Hacienda Felipe Larraín ante la denuncia presentada por dos diputados socialistas por el viaje que realizó a Harvard para participar como exponente en un encuentro de exalumnos, despeja la cuestión legal, pero no resarce el daño político que se infligió él mismo al intentar cargar al fisco el costo del viaje y luego optar por rembolsar al erario público parte de esos costos. Porque cuando ocurrió el incidente, Larraín estaba liderando la campaña del gobierno a favor de un mayor ahorro fiscal, el perjuicio a su propia credibilidad fue enorme; la absolución de Contraloría sólo constituye un golpe a la estrategia de la oposición de querer agrandar los errores políticos del gobierno para convertirlos en faltas administrativas.

El escándalo que se produjo cuando se hizo público que Larraín había financiado con gastos públicos su viaje -después que el propio gobierno había anunciado que impondría una política de austeridad fiscal minimizando el gasto en pasajes y viáticos- resultó especialmente costoso para el propio Larraín. Después de que se supo que él había optado por ser menos austero en su propio patrón de gasto de lo que el gobierno había pedido, su credibilidad para liderar el esfuerzo por apretar el cinturón fiscal se vio profundamente dañada.

El error no forzado de Larraín generó criticas de la oposición y el oficialismo. De hecho, desde el gabinete de Desarrollo Social se filtró una nota que destacaba que el Ministro Alfredo Moreno se había pagado de su propio bolsillo un viaje a la Universidad de Chicago para asistir a un encuentro de estudiantes chilenos que cursan posgrados en Estados Unidos. Como no hay peor fuego que el fuego amigo, el tropiezo de Larraín se convirtió en oportunidad propicia para todos aquellos ministros que querían mejorar la asimétrica relación de poder que favorece a Hacienda en desmedro de los otros ministerios.

La oposición, comprensiblemente, intentó aprovechar el traspié del ministro para golpear al gobierno. Asumiendo un inusual celo por el gasto fiscal, la oposición izquierdista salió a darle con todo. El hecho de que el llamado a la austeridad fiscal haya sido resultado precisamente de la poca preocupación por amarrarse el cinturón que tuvo el gobierno de Bachelet en sus últimos meses, hizo que el grito en el cielo de la oposición fuera especialmente oportunista y ciertamente injustificado.

Pero en la política, la memoria es frágil y la oportunidad de sacarle provecho político a un error no forzado de los adversarios normalmente no se deja pasar. El Partido Socialista intentó maximizar el daño con dos denuncias ante Contraloría contra Larraín. Para los expertos en derecho administrativo, las acusaciones eran legalmente frívolas y sólo buscaban darle una mayor resonancia pública al tropezón del ministro. Las acusaciones tuvieron, en su momento, el efecto esperado.

La resolución de Contraloría que absuelve a Larraín constituye, entonces, un revés para la estrategia fiscalizadora de la oposición. Si bien Larraín cometió un error político al ser inconsecuente con el discurso de ahorro fiscal que promovía su propia cartera, la acusación de falta administrativa le hizo un daño mayor del que parecía justo. Al financiar su viaje con fondos fiscales, Larraín cometió un error político y comunicacional, no una falta administrativa. De ahí que el intento de los diputados PS por darle una connotación mayor al error pareció entonces una actitud políticamente oportunista. La resolución de Contraloría de ayer jueves confirma esa apreciación.

Pero la absolución de Larraín no estará acompañada de un reconocimiento de los diputados socialistas de su intento por aprovecharse políticamente de la situación. Los diputados Manuel Monsalve y Leonardo Soto buscaron enlodar al Ministro Larraín con una acusación que nunca tuvo justificación legal. Ahora que esa acusación ha sido desestimada por Contraloría, los diputados se escudarán en un supuesto intento por fiscalizar el gasto público. No habrá reconocimiento de que su verdadera intención era golpear políticamente al gobierno.

En una sociedad en la que es popular sospechar de todos los políticos y creer que los acusados son culpables a menos que sean capaces de demostrar lo contrario, los diputados socialistas se sumaron a la campaña por desprestigiar la actividad política que ellos mismos realizan. Larraín fue absuelto por Contraloría. Para los expertos, esa resolución era esperable. Los diputados socialistas probablemente nunca esperaron un resultado distinto. Para ellos, lo importante no era el resultado de la resolución, ni tampoco era contribuir a una mayor disciplina fiscal. Ellos sólo buscaban enlodar a Larraín en un momento en que el Ministro tropezó por su propia torpeza. Por eso, a esos diputados le importó poco la absolución. Su objetivo ya estaba cumplido cuando presentaron la acusación.

Patricio Navia, sociólogo y cientista político

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO / AGENCIA UNO

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