Nuestro sistema de justicia, en algunos casos, da alarmantes señales de interpretar y aplicar la ley de una manera sesgada, en términos tales que se afecta la igualdad ante el Derecho y la seguridad jurídica.
Publicado el 08.05.2016
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Sin duda mi formación en la disciplina del Derecho me lleva a entender el desarrollo como la combinación igualitaria entre riqueza económica y seguridad jurídica; por ello, con todo el respeto y valoración que tengo por la economía, discrepo de la aproximación que suelen tener los cultores de esa disciplina, generalmente propensos a considerar, consciente o inconscientemente, la generación de riqueza como la fuente de la que deriva todo lo demás.

Es verdad que sin los recursos necesarios es imposible generar una institucionalidad que permita organizar un Estado de Derecho con existencia real.  Pero en estos días hemos empezado a ver que, desde el otro punto de vista, la situación es perfectamente equivalente: una sociedad en que no impera un sistema de normas objetivas, impersonales y estables no tiene posibilidad de crear riqueza.

Así como es complejo un sistema económico eficiente, también lo es tener un verdadero “gobierno de la ley”.  Por mencionar sólo algunos requisitos indispensables: un sistema constitucional que garantice de manera estable y eficaz los derechos fundamentales; un sistema político que respete esos derechos fundamentales, así como las normas de procedimiento con las que funciona; y por último, pero no menos importante, un sistema de justicia independiente cuya aplicación rigurosa de la ley lo hace predecible en sus decisiones.

En los últimos días han ocurrido hechos que ponen en evidencia lo frágil y deteriorado que están entre nosotros los tres ámbitos señalados.  Hagamos un somero repaso.

La promesa de “nueva constitución”, que se impulsa fuera de las normas de reforma contenidas en la constitución vigente, creando órganos que no están considerados en nuestro ordenamiento, sin ninguna certeza de la representatividad de quienes participan, de los criterios con los que se recogerá su participación y, lo que es más importante, sin ninguna definición por parte del Gobierno de sus objetivos concretos en ningún tema, convierte en precario todo el orden constitucional vigente y todos los derechos adquiridos o amparados por él.

La reacción de la izquierda al fallo del Tribunal Constitucional, que acogió parcialmente el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición al proyecto de reforma laboral, es incompatible con una mínima noción de seguridad jurídica.  Vimos una andanada de descalificaciones al Tribunal en sí mismo, a algunos de sus jueces y al concepto de una justicia constitucional que pueda revertir lo decidido por el parlamento “elegido democráticamente”.  El mote de institución contra mayoritaria, como sinónimo de ilegítima, se repitió como mantra.

¿Significa esto que la izquierda no puede tener una concepción distinta de cómo se debe ejercer el control constitucional?  Por supuesto que no, tiene todo el derecho a tenerla, pero esa es una discusión que se debe dar a propósito del debate político legislativo y no a propósito de un fallo específico.  Porque lo que no es consistente con un sistema de reglas estable es que se recurra al procedimiento de impugnación constitucional reiteradamente, se participe activamente en la designación de sus jueces y se guarde monacal silencio cada vez que les va bien, pero “demuelan” la institución si les va mal.  Porque entonces, lo que queda en evidencia, es que se tiene una relación meramente utilitaria con las normas y órganos que las hacen cumplir.  Eso es lo que provoca incertidumbre, no la mera discrepancia, plenamente legítima en una sociedad libre y democrática.

Por último, nuestro sistema de justicia, en algunos casos, da alarmantes señales de interpretar y aplicar la ley de una manera sesgada, en términos tales que se afecta la igualdad ante el Derecho y la seguridad jurídica.  Cuando el entonces candidato Sebastián Piñera ganó la elección presidencial, el Presidente de la Corte Suprema de la época no fue a realizar el saludo protocolar que es tradicional, argumentando que eso minaba la independencia judicial.  Nunca antes, ni después se ha aplicado ese criterio.

Los jueces que revisan las libertades condicionales acaban de otorgar ese beneficio –se ha dicho que es un derecho- a casi dos mil condenados, algunos de ellos delincuentes reincidentes y peligrosos según hemos sabido después.  Sin embargo, los condenado del penal de Punta Peuco no han recibido ese beneficio –para ellos no es un derecho- de manera mínimamente comparable, a pesar de tratarse en algunos casos de ancianos gravemente enfermos.  Es verdad que también se trata de condenados por delitos graves, pero a nivel internacional incluso los últimos criminales de guerra nazi apresados cumplieron sus condenas en sus domicilios atendida su edad.

Poco ganamos con implementar agendas de productividad, dar garantías de responsabilidad fiscal y control de la inflación, si es que no atendemos a esta otra dimensión esencial para que una sociedad pueda avanzar hacia el primer mundo.  Porque, en definitiva, Inglaterra, Francia, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Australia, Holanda, Noruega y todos los otros países que miramos con admiración son sociedades en que se puede vivir en un ambiente de plena seguridad, estabilidad, respeto sacrosanto por los derecho individuales y, además, son ricos.  Eso es el desarrollo.

 

Gonzalo Cordero, Foro Líbero.

 

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