La Constitución en manos de los jueces ha venido a representar una garantía contra la ley. Al menos, así lo entiende mucha gente. Dado que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, los jueces estarían habilitados para ignorar la ley en virtud de la Constitución.
Publicado el 02.07.2016
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La ley goza de mala fama hoy. El instrumento que hasta hace no mucho era visto como un fruto ilustre de la razón y expresión de la libre voluntad de los ciudadanos, actualmente es percibido como un agente liberticida. La ley no libera, oprime; el legislador no satisface las necesidades del pueblo, las agudiza.

En este contexto, la Constitución en mano de los jueces ha venido a representar una garantía contra la ley. Al menos, así lo entiende mucha gente. Dado que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, los jueces estarían habilitados para ignorar la ley en virtud de la Constitución. Incluso más: estarían autorizados para fallar en contra de la ley, cuando ésta es contraria a la Carta Fundamental.

Sin embargo, esta idea descansa en un error: el de creer que la Constitución se aplica con independencia de la ley. Los hechos enseñan que, en realidad, la Constitución se aplica a través de la ley. En otras palabras, que la supremacía constitucional tiene una dimensión legal. Esto es lo que trato de mostrar en mi último libro La dimensión legal de la supremacía constitucional.

La práctica de los tribunales y, en particular, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, demuestra que allí donde parece que los jueces están aplicando la Constitución directamente, en verdad están aplicando la ley. Esto puede comprobarse en la jurisprudencia de la inaplicabilidad, de la tutela laboral, del control de los Decretos con Fuerza de Ley, del recurso de protección, etc. Es decir, en todos aquellos casos en que, teóricamente, los tribunales dictan sentencia apoyándose exclusivamente en la Constitución.

Reconocer que la Constitución tiene una dimensión legal, esto es, que su aplicación no prescinde de la legislación, tiene importantes consecuencias. Por una parte, actúa como muro de contención frente a la pretensión de los jueces por hacer justicia al margen de las definiciones legales: el activismo judicial pierde sustento, porque la Constitución no puede ser invocada como salvoconducto para prescindir de la ley. Por otra parte, le devuelve brillo a la labor legislativa, dado que los parlamentarios desarrollan los contenidos de la Constitución y determinan su alcance.

En una palabra, se reivindica el valor de la política en su sede natural, el poder político. Contra esa tendencia al protagonismo político de los jueces y a la solución judicial de problemas políticos, la idea de que la Constitución se proyecta en la ley y es inseparable de ella ofrece una bahía en que se refuerza la importancia de lo político.

La judicialización de nuestra sociedad es un fenómeno que debe ser contrarrestado con propuestas teóricas que pongan a los jueces en su lugar. Y esto por el bien de los mismos jueces, en primer lugar, y del país entero, en segundo lugar.