Si de verdad el gobierno quiere aportar con una solución factible a la jubilación de los más desprotegidos, entonces que reasigne de su erario (el impuesto pagado por los contribuyentes) un monto que haga una diferencia relevante al PBS, y así evite hacer solidaridad con recursos ajenos, tan propio de colectivismos fracasados y empobrecedores, cuyos ejemplos campean.
Publicado el 22.08.2016
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Mi abuelo, un argentino que arrancó del peronismo hacia fines de la década del 30, andaba siempre preocupado de apagar las luces, cerrar los grifos y las ventanas en invierno, y en una ocasión cuando le pregunté por qué tanto celo, me contestó: el que paga apaga. No lo olvidé jamás, pero sólo cuando comencé a pagar las cuentas, unos 15 años más tarde, entendí cabalmente el alcance de su dicho.

¿Qué tiene que ver lo anterior con la jubilación? Mucho, pues la reacción de la gente, no de la que sale a gritar a la calle, sino la mayoría de los encuestados (CADEM  y Diario Financiero) que desaprueban que el 5% de cotización extra vaya a un fondo común solidario, y quieren que vaya a sus cuentas individuales. La señal es simple y clara para el gobierno, quien propusiera dicho fondo, y es que no estamos de acuerdo con la solidaridad intergeneracional, y menos que el Estado sea el que reparta la jubilación. En el fondo, los chilenos queremos hacernos cargo de nuestro problema de jubilación y no queremos que lo resuelva el gobierno, y menos a costa de los que trabajan, por más que el “cacareo” de que el 5% es a costa del empleador, pues todos los que han trabajado entienden lo que ello significa: al final las empresas traspasarán ese mayor costo a los trabajadores y/o consumidores.

El gobierno, en su recóndita admiración por la igualdad comunista, intentó por una parte aplacar las manifestaciones de los No+AFP (financiadas por una ONG con la contribución generosa del Ejecutivo), y por otra ofrecer una solución al tema de la jubilación, que sí es un problema que requiere de su “ocupación”. Sin embargo, la Presidenta equivocó nuevamente la forma de solución, pues su propuesta, lejos de resolver el problema de fondo, que no es otro que el de aumentar la densidad de cotización (ahorrar un porcentaje mayor del sueldo) y postergar la edad de jubilación (60 y 65 años para mujeres y hombres, respectivamente), dejaría peor a la gran clase media trabajadora de este país.

La proposición de aumentar un 5% la cotización de los trabajadores pero con cargo al empleador para destinarlo a un fondo común solidario se ha ganado la crítica generalizada de los expertos y del ciudadano común, con la excepción de aquellos que no ahorraron lo suficiente para su vejez o ven con buenos ojos la posibilidad de capturar esos fondos solidarios. Y las dudas no paran ahí. ¿Qué pensaron cuando igualaron las tablas de mortalidad entre hombre y mujer por decreto? ¿Por qué devolver la comisión cuando los mercados bajan y no retribuir cuando suben? ¿Qué va a aportar la AFP estatal que no aporten las privadas? ¿Por qué no se fue explícito en aumentar la edad de jubilación? ¿Por qué no inyectarle más recursos al pilar básico solidario (PBS)? En fin, muchas respuestas que no debieron quedar en el aire.

Al parecer, la suposición que José Piñera, padre de las AFP, hiciera en su entrevista en TVN sobre las reales intenciones del movimiento No+AFP referentes a expropiar los fondos de capitalización individual de propiedad de cada chileno que ha impuesto en el sistema en el transcurso de los últimos 35 años, fue percibida como cierta por una parte mayoritaria de la población. Y llaman aún más la atención que en las encuestas son los jóvenes quienes desaprueban destinar una parte de sus ahorros al reparto estatal. Ellos saben que la vilipendiada “solidaridad intergeneracional”, en la que se fundan los sistemas de reparto, son pan para hoy y hambre para mañana.

Entendamos bien, la diferencia entre que el 5% del salario imponible vaya a un fondo común administrado por el gobierno de turno o a una AFP, es tan importante para la prosperidad de los chilenos, que hasta el presidente del Banco Central manifestó explícitamente que “una parte significativa debiera ir a la cuenta individual”. A pesar de que el rol del Central es velar por la estabilidad de precios, su preocupación radicaría en la desconfianza que le produce la capacidad del Estado/gobierno para asignar eficientemente los recursos, y dada la evidencia empírica existente (jubilazo de Gendarmería, falsos exonerados, salarios de los trabajadores públicos creciendo por sobre 10% anual, etc…), es mejor advertir que el fondo común sería foco de corruptela y pago de favores que implicarán un exceso de gasto que al materializarse, se transmitiría a inflación, y ese sí es su problema.

Todos los entendidos en la materia, no los desinformados o mal intencionados que abundan para opinar, saben que el ahorro privado, que es como se consideraría si ese 5% fuera a las cuentas individuales de los trabajadores, se traduce en más inversión y consumo futuro, lo que redunda en más crecimiento y, por ende, en mayor bienestar.  En tanto si se transfiriera a un fondo común, equivaldría a más impuestos, que tienen impacto negativo en el ahorro, inversión y costo de mano de obra, sobre todo la menos calificada por lo regresiva de la proposición.

La propuesta gubernamental tenía como objetivo solucionar el problema de las bajas pensiones y ahorrarse el problema político de las marchas, pero no entendió, o hizo un mal diagnóstico, al plantear su solución, pues el inconveniente no es sólo la insuficiencia de la jubilación, sino que además los ciudadanos no son indiferentes a quién administre el 5% adicional. Que lo haga el Estado, esgrimiendo el principio de solidaridad intergeneracional es un engaño. Si de verdad el gobierno quiere aportar con una solución factible a la jubilación de los más desprotegidos, entonces que reasigne de su erario (el impuesto pagado por los contribuyentes) un monto que haga una diferencia relevante al PBS, y así evite hacer solidaridad con recursos ajenos, tan propio de colectivismos fracasados y empobrecedores, cuyos ejemplos campean.

Hoy, el Estado gasta US$ 1.700 millones al año en el PBS y llega a 1,3 millones de ciudadanos, lo que representa un 0,6% del PIB (en otros países es varias veces superior). Aumentarlo significativamente demanda que el gobierno elija, por ejemplo, entre universidad gratis para los más ricos o pensión digna para los más pobres. El gobierno debe entender que el que paga, apaga, y el que ahorra para la vejez, tiene buena jubilación, y a pesar que es su deber subsidiar a los más pobres, hacerlo a costa de los trabajadores es inmoral e injusto.

 

Manuel Bengolea, Estadístico PUC y MBA de Columbia, NY.