La actitud del gobierno muestra su desesperación por influir en los resultados de la elección del próximo 17 de diciembre. No sólo refleja el apetito ilimitado de la coalición oficialista por prolongar su permanencia en La Moneda, sino que además muestra la obsesión de la Mandataria saliente por asegurar “su legado”, es decir, cómo será recordada por la historia.
Publicado el 29.11.2017
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Estamos a tres semanas de la segunda vuelta presidencial que pondrá fin a un período electoral intenso y cuyo resultado se prevé estrecho. Por lo mismo, estos días son decisivos para el triunfo de una u otra candidatura.

El escenario es distinto a cada orilla del río. Por un lado, Sebastián Piñera ha logrado exhibir una candidatura presidencial que convoca a los principales referentes de su coalición, e incluso a personeros de tiendas que no forman parte de Chile Vamos, y pretende desplegarse territorialmente por todo el país. Tanto es así que los principales contendores del ex Presidente —en primarias y en la primera vuelta— se han incorporado a su comando presidencial y lo acompañan en esta nueva etapa.

En la otra vereda, Alejandro Guillier enfrenta la difícil misión de sumar el apoyo de los partidarios de Ignacio Walker o Andrés Zaldívar, junto al de aquellos votantes que se ubican a la izquierda de Gabriel Boric o Giorgio Jackson. La única manera de convocar a un arco tan disímil de ideas e intereses estriba en presentar a Chile una candidatura líquida, con un programa de gobierno ambiguo y sin el carácter necesario para los desafíos de gobernabilidad del país en los próximos años.

A estos dos elementos se suma un tercer actor, que provoca que la balanza se incline injustamente hacia el candidato que éste apoya. Este tercer actor es el gobierno. En el último tiempo se ha desplegado sin miramientos ni delicadeza alguna en favor de Guillier, el candidato del continuismo, lo que le hace un daño tremendo a nuestra democracia.

En primer lugar, conocimos el correo a los funcionarios de la CONADI en la región de La Araucanía, donde los invitaban a usar sus vehículos para acarrear gente en la primera vuelta, lo que sería imputado como “horas extras” pagadas por todos los chilenos. En segundo lugar, tras la votación, la Presidenta Bachelet recibió a Guillier en La Moneda, en una reunión que difícilmente era relacionada a su función institucional, sino que aprovechó su cargo y el Palacio para respaldar a su candidato y planificar la segunda vuelta. A eso se suman las intenciones del gobierno de incomodar al candidato de Chile Vamos con la agenda legislativa, usando una atribución constitucional exclusiva del Presidente de la República con fines electorales y no los objetivos propios para los cuales está diseñado el mecanismo.

Por último, ayer nos enteramos de un audio donde el intendente de la Región de Coquimbo invitaba a los funcionarios públicos a aprovechar estas tres semanas para hacer su mayor esfuerzo por la campaña de Guillier, pasando a un segundo plano las funciones propias para las que han sido contratados, es decir, el funcionamiento ordinario del aparato público y la atención de los ciudadanos. Es posible que muchos de ellos se sumaron al gobierno como “operadores políticos” en los últimos años, pero es evidente que la mayoría tiene trabajo que hacer por el bien de todos los chilenos y no puede estar dedicada a las campañas electorales.

Sin lugar a dudas esta situación es irregular e inaceptable en una democracia que se precie de sana y madura. Muestra la desesperación del gobierno por influir en los resultados de la elección del próximo 17 de diciembre. No sólo refleja el apetito ilimitado de la coalición oficialista por prolongar su permanencia en La Moneda, sino que además muestra la obsesión de la Mandataria saliente por asegurar “su legado”, es decir, cómo será recordada por la historia.

Por esta razón no es de extrañar que en los próximos días presenciemos más actos de esta naturaleza. El problema es que esta actitud contribuye a degradar la institucionalidad vigente, debido a que las personas que ejercen cargos públicos los utilizan de manera inadecuada y no en consideración al bien común.

 

Julio Isamit, coordinador político de Republicanos

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

 

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