Toda realidad tiene lo que se llama un contra factual, es el clásico: “y que habría pasado si…”. En este caso, más allá de la evaluación particular y de cómo actuó cada involucrado, no hay que dejarse llevar por el simplismo de juzgar un sistema general por un caso particular. ¿Qué habría pasado si todas las obras fueran responsabilidad de funcionarios públicos? ¿Habría disminuido el riesgo de error o negligencia?
Publicado el 18.04.2016
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Mientras el cauce del Mapocho se desbordaba, incapaz de contener el aumento en el flujo del río como consecuencia de las obras que se realizan en el sector del puente Lo Saldes, las primeras declaraciones de algunas autoridades tienen un tono que va más allá del reproche a las empresas por la responsabilidad específica. Lo que yo escuché se plantea en el eje: “empresas privadas indolentes perjudicando la comunidad en un extremo y Estado eficiente protegiendo a las personas en el otro”.

No es mi intención emitir opinión de ningún tipo respecto de las empresas involucradas en este episodio catastrófico para mucha gente, sino hacer un análisis del sistema de concesión a privados en un caso como este, en que hay, o puede haber, responsabilidad por negligencia.

Partamos por lo obvio que se omite, la negligencia es una característica esencial al ser humano que ningún sistema ha podido nunca eliminar. Desde luego hay formas de organización que disminuyen el riesgo; entre otras cosas, porque permiten cobrar las responsabilidades de manera más eficaz.  Ese es el que, en términos generales, tenemos en nuestro país.

La alternativa a los concesionarios privados –y no estoy hablando del financiamiento de las obras- es el de la construcción y administración de la infraestructura por parte del Estado, vale decir por funcionarios públicos. Esos funcionarios serían, cómo dudarlo, militantes de un partido de gobierno, que estaría defendiéndolos “como gato de espaldas” tras bambalinas, ejerciendo toda la presión posible para que la consecuencia del desastre no sea que ese espacio de poder se vaya a otro partido.

Por otra parte, las autoridades ante la evidencia que la indignación ciudadana termina inevitablemente golpeando políticamente al Gobierno, rápidamente alinean todo el aparato comunicacional del Ejecutivo para intentar disminuir las responsabilidades y, lo más importante, buscar a alguien a quien echarle la culpa.

La oposición de turno, cualquiera esta sea, se aplica en disparar con toda su “artillería” a los Ministros y demás autoridades por su responsabilidad por lo que, antes que termine de llover y la gente pueda secar su ropa, el problema se transforma en una pelea política más en que no hay ningún incentivo a sancionar, corregir y mejorar el sistema.

Rápidamente, se produce otro efecto obvio, las autoridades comienzan a evaluar el monto de eventuales demandas contra el Estado, incentivo tanto o más poderoso que todos los anteriores para negar la responsabilidad de los funcionarios. Así, las víctimas terminan en un juicio contra el Estado, en que el Gobierno usa todo su poder de influencia y en que los abogados que litigan para que no se paguen indemnizaciones son precisamente los del Consejo de Defensa del Estado.

Toda realidad tiene lo que se llama un contra factual, es el clásico: “y que habría pasado si…”. En este caso, más allá de la evaluación particular y de cómo actuó cada involucrado, no hay que dejarse llevar por el simplismo de juzgar un sistema general por un caso particular.  ¿Qué habría pasado si todas las obras fueran responsabilidad de funcionarios públicos? ¿Habría disminuido el riesgo de error o negligencia? ¿Estarían los afectados en mejores condiciones para reclamar por los perjuicios?

Al contrario, el análisis correcto es que precisamente porque las autoridades no son juez y parte estamos frente a la posibilidad que las responsabilidades se persigan con libertad y eficacia.  Los derechos de todos los que se sientan afectados están mucho más a salvo y si finalmente hay que hacer efectiva una responsabilidad económica no la pagan los contribuyentes, como sería si se tratara del Estado.

Lamentablemente, en nuestro país vivimos tiempos de ideologización, se vuelven a ver puños en alto y se vuelve a analizar la realidad desde la dicotomía trasnochada de Estado o privados en la producción de bienes o servicios, en un antagonismo que pretende, además, ser falsamente ético.  No hay que dejarse confundir por los espíritus socialistas que hasta las tragedias las miran y las interpretan como expresión del abuso de los “capitalistas despiadados”.

El mercado es cruel, pero con los que se equivocan. El Estado, en cambio sigue mucho más la lógica del viejo político latinoamericano: “para la familia y los amigos, cariño; para los demás la ley”.

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