Se activa un proceso judicial, pero al demandante le basta con dicha actuación y decide no prosperar en ella. ¿Qué hay detrás de esta tan generalizada práctica que hace que solo un 17% de los ingresos de causas civiles termine con una sentencia?
Publicado el 05.03.2017
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En el inicio del año judicial 2017, en ceremonia a la que asistió -de manera inédita en la historia reciente del Poder Judicial- la Presidenta de la República, durante su discurso, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, sostuvo que “Del universo de causas civiles resueltas durante el 2016, el 83% terminó por no haber sido presentada la demanda, correspondiendo a causas sobre citación a confesar deuda, cobro de pagaré y cobro de pesos, las con mayor porcentaje en este tipo de término”.

Es decir, se activó un proceso judicial, pero al demandante le bastó con dicha actuación y decidió no prosperar en ella. ¿Qué hay detrás de esta tan generalizada práctica que hace que solo un 17% de los ingresos de causas civiles termine con una sentencia?

Se ha escuchado en los medios de comunicación social sobre el mal uso que se realiza de textos de demandas por parte de acreedores de deudas, quienes con el objeto de no incurrir en gastos de notificación o de abogados, solo ingresan su texto, obtienen un timbre, una asignación de tribunal y un número de rol. Con ellos presionan indebidamente a los deudores a pagar, utilizando recursos públicos y movilizando todo un sistema diseñado para darle un curso normal al ejercicio legítimo de ese derecho, pero sin tener la real intención de concluirlo.

Esta práctica —que a la luz de la estadística indicada por el presidente de la Corte Suprema es bastante generalizada— hace incurrir al sistema judicial en enormes costos de personal y distorsiona toda estadística, por no hablar de la falta ética que está implícita en esa conducta.

Cuando se discute la reforma procesal civil, o pretende hacerse, se hace necesario poner atención a esta práctica, porque es claro que los actuales elementos disuasivos, como tener por no presentada la demanda, no resultan efectivos para acabar con ella.

Lo descrito no es distinto de lo que ocurre en materia criminal, donde se interponen querellas criminales activando la acción penal y todo el sistema diseñado para acogerla —y así darle una solución y protección al derecho conculcado—, pero que persiguen fines distintos a los propios, como la figuración pública que consiguen los querellantes, muchos de ellos funcionarios públicos. Tampoco difiere mucho de las críticas a lo que se ha denominado el “activismo judicial”, donde son los propios tribunales los que asumen un protagonismo mayor al conferido por la Constitución y las leyes.

En suma, vemos con preocupación la instrumentalización del proceso judicial por parte de sus operadores, donde con fondos públicos se busca obtener un resultado distinto al que la ley busca con su activación. Sobre esto no pueden quedar los jueces, nuestros legisladores y el Gobierno en la inacción.

 

Rodrigo Riquelme Yáñez, abogado, magíster en Derecho

 

 

FOTO: ALVARO COFRE/AGENCIAUNO