La idea de que la educación escolar debe estar en manos del Estado ha llegado a un nivel de supremacía tal, que ha invadido incluso el imaginario de políticos y académicos de derecha. Muestra de aquello es el flamante “Manifiesto por la República y el Buen Gobierno”.
Publicado el 23.03.2017
Comparte:

Para nadie ha pasado inadvertida la historia de Matías Leiva, el joven oriundo de La Ligua que con solo seis mil pesos logró, literalmente, amasar una fortuna.

Al revisar las opiniones sobre su historia de vida y “La Insolencia” —su negocio de venta callejera de sándwiches en el centro de Santiago— no es posible advertir comentario negativo alguno. Hasta Andrónico Luksic dedicó un tuit a destacar la iniciativa y determinación de Leiva.

Empero, no pocos de quienes emiten loas en favor de Matías Leiva y su emprendimiento, cambian el tono y critican cuando el emprendimiento ya no es un carrito de mote o de maní confitado, sino que una escuela y un proyecto educativo. Los elogios se esfuman y aparecen los inquisidores, que como los guardias encargados de perseguir el comercio informal, se dedican a ir tras los emprendedores de la educación y atribuirles una serie de males.

La idea de que la educación escolar debe estar en manos del Estado ha llegado a un nivel de supremacía tal, que ha invadido incluso el imaginario de políticos y académicos de derecha. Muestra de aquello es el flamante “Manifiesto por la República y el Buen Gobierno”. El texto es taxativo no solo al señalar que la educación pública debe estar inserta en el aparataje estatal, sin dar posibilidad a que se encuentre dentro del mundo privado, sino que también al anotar que aquella posee un rol fundamental para la sociedad (párrafo 39). La educación particular subvencionada no tiene un valor trascendental que merezca ser mencionado: se le dedica poco espacio y se la presenta como instancia aliada de la educación pública (párrafo 40).

Al parecer, ya ha pasado el tiempo en el cual se hablaba de soluciones privadas a problemas públicos y da la impresión de que en algunas personas todavía resuenan las palabras de un político italiano que le decía a sus seguidores: “Todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.

Para los autores del Manifiesto debe resultar muy curioso que la mayoría de las familias del país haya optado por la educación que no es administrada por los órganos del Estado, es decir, por la supuesta aliada de la más valiosa educación estatal. Acaso los apoderados desconocerán o despreciarán que la educación suministrada por los municipios y/o sus corporaciones sea un elemento de primer orden para el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de oportunidades y el progreso del país, tal como se indica en el texto. Quizás las familias se encuentran muy lejos de las altas elucubraciones académicas y la sabiduría de los políticos.

Lo que ocurre realmente es que las familias entienden que la gestión escolar administrada por los órganos locales posee una serie de características que la hacen ineficiente: restricciones presupuestarias blan­das, intromisión de objetivos políticos, falta de competencia, incentivos a aumentar la burocracia, y otros más. Cosas que no ocurren en el ámbito privado. Además, no hay que olvidar que la educación gestionada por privados ha estado ajena a los conflictos del sector público en los últimos años, que se han traducido en múltiples paralizaciones que le restan estabilidad y rigurosidad al proceso educativo.

Esto tiene consecuencias graves, dado que los colegios particulares subvenciona­dos y particulares pagados no tienen mayores incentivos para diferenciarse académicamente, mejorar su calidad ni ser más atractivos para las familias, ya que saben que mientras los profesores y alumnos del sector municipal se va­yan a paro, siempre tendrán familias que los preferirán a ellos como alternativa, incluso pagando más. No ne­cesariamente porque sean de mejor calidad, sino porque cumplen con lo más simple: hacer clases. Esto es de un inmenso valor.

Para las familias es claro cuál proveedor de educación que debe ser resaltado y apoyado: el que entrega más valor. Y no se trata de entregarles mayores recursos, sino de implementar medidas simples, tanto simbólicas como concretas. Entre las primeras, por ejemplo, la propuesta de Andrés Barrientos Cárdenas, director ejecutivo del centro de estudios Ciudadano Austral, quien plantea la necesidad de que en Chile se celebre el “Día de la Libertad de Enseñanza”. Entre las concretas, la que desde Cheque Escolar venimos exponiendo para transformar el actual sistema de subvenciones en uno de subsidios portables a la demanda. Otra propuesta interesante, no pocas veces planteada y que en algunos países cuenta con apoyo político, es la eliminación del currículo escolar. Así lo impulsa el parlamentario peruano Yonhy Lescano, por ejemplo.

No existe motivo para que las iniciativas privadas en educación no sean vistas con la misma deferencia y entusiasmo que ideas como la de Matías Leiva. Tampoco hay antecedente alguno que justifique toda la serie de regulaciones y prohibiciones que se está aplicando a los emprendedores de la educación. No se justifica que cuando los privados asumen el desafío de gestionar la educación escolar y de atender a los requerimientos de las familias, eso sea visto como una insolencia.

 

Iván M. Garay Pagliai, director ejecutivo de Cheque Escolar

 

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO