La cuestión central es si la institucionalidad chilena está realmente preparada para proyectar y regular las consecuencias asociadas a una realidad social que invariablemente seguirá su curso.
Publicado el 04.09.2015
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El mar de personas huyendo despavoridas hacia las costas de Europa hoy tiene más ribetes de tsunami humanitario que ola migratoria. En pleno Siglo XXI, la Unión Europea ve con preocupación cómo sus límites fronterizos parecieran diluirse ante la desesperación de miles, quienes huyendo de la pobreza, la guerra y los abusos a los derechos humanos, arriesgan sus vidas con hazañas que superan la ficción con tal de alejarse de las precarias circunstancias que coartan su futuro.

Insuficientes medios para recibir a los extranjeros, divergencias legales en las normas migratorias y escepticismo social son el común denominador de varios de los países que están tratando de detener inútilmente esta tendencia que, según los organismos internacionales, seguirá en aumento.

La inmigración no sólo produce sentimientos encontrados en las relaciones de convivencia, sino además, tal como ha sucedido en Europa, la mayoría de los gobiernos han llevado a cabo prácticas equivocadas a la hora de integrar a los inmigrantes sin alterar los fundamentos del ordenamiento social. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando esta corriente aparejada a la globalización? ¿Estamos preparados para acoger verdaderamente al “amigo cuando es forastero”?

Acorde a la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Chile es la nación latinoamericana donde más ha aumentado el número de inmigrantes a partir de los años 90 hasta la fecha. Con una tasa de crecimiento del 78.5%, los extranjeros residentes en nuestro país hoy ascienden a las 447 mil 553 personas, conformando el 2,5% de nuestra población.

Los principales grupos que componen lo que se ha denominado como “la tercera ola de migrantes” provienen principalmente de países vecinos (68%). Según el Departamento de Extranjería y Migración, la mayoría de ellos son peruanos, seguidos muy de cerca por argentinos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos. Lo que lleva a pensar en cómo nos haremos cargo de este nuevo perfil demográfico que tímidamente se asoma en nuestro país.

Algunas características de “nuestro inmigrante” lo sitúan entre los 19 y 56 años, residiendo principalmente en la Región Metropolitana (además de Antofagasta, Tarapacá y Atacama), desempeñándose en el sector de servicios y minero y con una tasa promedio de escolaridad de 12,3 años (el chileno promedia 10,5). Sin embargo, a esto se adhiere una última característica: el alto nivel de vulnerabilidad y riesgo social en el cual habitan, ya que se calcula que un 25% de ellos se encuentra en situación de residencia irregular.

Por otra parte, nuestro país nunca ha contado con una política migratoria explícita que defina los objetivos y estrategias a seguir al momento de recibir a los extranjeros. Asimismo, contamos con una norma migratoria que data de 1975, transformándose no sólo en la más antigua y desactualizada de América Latina, sino además en una política pública totalmente disociada de las necesidades reales de integración que se requieren a la hora de incluir real y legalmente a un porcentaje cada vez mayor de extranjeros.

Los desafíos relacionados a la inmigración son la inclusión social y que el extranjero que arriba al país no se vea enfrentado a vivir en la marginalidad. Trabajo, acceso a vivienda digna y a servicios sociales básicos como salud y educación son las principales necesidades de un sector de la sociedad que adopta, generalmente, empleos temporales, irregulares y de bajos salarios, lo que podría perpetuar un círculo vicioso de inestabilidad.

A diferencia de lo que ocurre en Europa, cuya expansión migratoria se debe a los violentos sucesos que se suceden cercanos a sus fronteras, la nuestra se constituye por personas que llegan por razones económicas, en búsqueda de mejores remuneraciones y calidad de vida. Esto presenta una oportunidad, pero también una nueva realidad que debe incorporarse a la discusión pública, ya que la cuestión central es si la institucionalidad chilena está realmente preparada para proyectar y regular las consecuencias asociadas a una realidad social que invariablemente seguirá su curso.

 

Paula Schmidt, Fundación VC.

 

 

FOTO: MATIAS DELACROIX/ AGENCIAUNO