La polémica que se ha generado en estas últimas semanas respecto de las conclusiones del informe elaborado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acerca del mercado de los notarios no ha pasado desapercibida tanto para los usuarios recurrentes de éstos como para el gobierno. En efecto, este último —en paralelo con la salida del informe— lanzó una política de modernización que apunta a evitar que la papelería y los timbres se prolonguen en un mundo cada vez más digital y electrónico. Así, parece ser que el enfoque que ha adoptado va en el camino correcto: tender hacia un Estado moderno, hacia trámites no presenciales y hacia la simplificación de la labor de certificación, entre otros aspectos de digitalización de la labor gubernamental.

Sin embargo, las últimas declaraciones de algunos miembros relacionados al sector notarial y registral han quedado al debe en este aspecto y parece que, o bien no entendieron cuál era el problema o intentan levantar una cortina de humo sobre el mismo. El tema no se agota en determinar si es que sus rentas son excesivas, si su designación es endogámica o si su inamovilidad o influencia es resultado del financiamiento, irregular o no, a la política. El problema de fondo es el mismo que está considerando el gobierno: cómo modernizar el sistema notarial y registral hacia el mundo de la denominada cuarta revolución industrial.

Las conclusiones del informe de la FNE relativas a este tema son categóricas; el diagnóstico, alarmante. El costo para el país, considerando exclusivamente los costos indirectos asociados al tiempo que una persona debe dedicar a los trámites notariales, asciende a un monto de entre 33 y 44 millones de dólares anuales. Asimismo, indica el informe, sólo 17 servicios concentran el 90% de la actividad notarial; muchos de ellos requieren una baja sofisticación, poca revisión y nula necesidad de apersonarse físicamente en un edificio.

No cabe sino concluir que la solución del fondo va por el camino de la modernización de la función notarial y registral: la digitalización de los trámites y la estandarización de los procesos y documentos. Los trámites de certificación son fácilmente reemplazables por la firma digital o por otras técnicas o mecanismos que permitan autentificar la identidad de una persona. La estandarización de los documentos y procesos restará, por ciento, de mucha lírica a la profesión jurídica, quitando la posibilidad de redactar escrituras públicas que bien parecen bulas papales del siglo XVI, pero permitirá instantaneidad, certidumbre y economía a trámites que actualmente requieren de varios intermediarios y de semanas o meses, como es la transferencia de una propiedad, permitiendo que éstos se efectúen mediante formularios electrónicos estándar, que se inscriban en un Registro de Propiedad electrónico y que se archiven en un Archivo Judicial electrónico.

Todo lo anterior, si bien parece sacado de una novela de ciencia ficción de Azimov en un Chile acostumbrado a las colas, timbres y fotocopias, es el camino correcto para avanzar hacia la disminución de los costos de transacción, la liberación del tiempo de las personas y la eliminación de intermediarios que, tal como en muchas otras profesiones, se verán obligados a evolucionar o extinguirse por la cuarta revolución industrial.

Cristóbal Gigoux, gerente ejecutivo de Horizontal