En las últimas semanas hemos sido testigos de demasiadas muestras flagrantes de incompetencia estatal que no están siendo perseguidas ni castigadas. Peor aún: están siendo abiertamente ignoradas, pues los responsables de este trabajo mal hecho que desangra las arcas fiscales han gozado de abierta impunidad.
Publicado el 07.04.2017
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El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, nos recordó hace algunos días que la incompetencia de los funcionarios públicos también puede ser catalogada como corrupción: “Una forma de corrupción es no hacer bien el trabajo… Si no hacemos nuestros trabajo, que es para lo que nos pagan, estamos también siendo cómplices de este delito”.

Por desgracia, en las últimas semanas hemos sido testigos de demasiadas muestras flagrantes de incompetencia estatal que no están siendo perseguidas ni castigadas. Peor aún: están siendo abiertamente ignoradas, pues los responsables de este trabajo mal hecho que desangra las arcas fiscales han gozado de abierta impunidad.

De partida, por ejemplo, seguimos esperando la tan cacareada rendición de cuentas gubernamental por la tardanza criminal en el combate de los incendios forestales que destruyeron 460 mil hectáreas y la vida de 11 compatriotas. Recordemos que en enero, cuando medio país se quemaba, La Moneda aseguró que, pasada la emergencia, llegaría entonces la hora de ajustar cuentas y asumir responsabilidades, pero nada de eso ha pasado hasta ahora.

Todo lo contrario. Esta semana el subsecretario del Interior, Mamoud Aleuy, uno de los halcones más tenaces de la administración Bachelet, aseguró ante la comisión investigadora del Congreso que no hubo retrasos ni inoperancia a la hora de combatir los siniestros. Así es, a juicio de Aleuy, el Gobierno y el Estado respondieron muy positivamente a la crisis de los incendios forestales, a pesar de los evidentes malos resultados y de otras pruebas que demuestran lo contrario, como los mensajes de Whatsapp del director de la Conaf, Aarón Cavieres, que dejaron a su repartición en ridículo. Y esto no lo digo yo. Lo dicen diputados oficialistas como Iván Flores (DC) y Jorge Tarud (PPD), quienes se quejaron porque la Conaf y el Ministerio del Interior tardaron casi una semana en aceptar los dos gigantescos aviones que fueron cruciales para extinguir los incendios. Por cierto, el ministro del Interior, Mario Fernández, se negó a asistir a la comisión investigadora, como también se ha negado a visitar la Región de La Araucanía, a pesar del recrudecimiento del terrorismo en esa zona. Si eso no es “esquivar el bulto”, entonces no sé cómo calificarlo.

Igualmente impresentable ha sido la gestión de los ministerios de Transportes y Medio Ambiente. El Transantiago perdió el año pasado casi 700 millones de dólares, se disparó la evasión hasta el 35% y el servicio es calificado mediocremente por los usuarios, todo lo cual incidió en la renuncia de Andrés Gómez-Lobo el mismo día que sería interpelado en el Congreso. A ello hay que agregar la payasesca tardanza en la puesta en marcha del plan anti-contaminación de la capital, que ha tenido que ser presentado tres veces ante la Contraloría por diversos errores del Ministerio del Medio Ambiente. Por eso, el plan no entrará en vigencia, como se suponía, el 1 de mayo, y no habrá restricción a los vehículos catalíticos, lo que ha irritado a los miles de automovilistas que renovaron sus máquinas para cumplir con la nueva normativa que ya no se aplicará.

¿Qué nos espera, entonces, si el plan anticontaminación debutará de manera incompleta este invierno? Más congestión y más esmog en la capital, pese a lo cual no hemos visto a ningún ambientalista ni ecologista protestando en las calles, como los que abundan cuando algún privado quiere emprender un proyecto de cierta envergadura, lo que deja en evidencia cómo ciertas causas sociales muy nobles terminan siendo cooptadas políticamente por grupos anti-empresariales.

Lo mismo queda en evidencia cuando algunos dirigentes oficialistas se muestran tan diligentes a la hora de denunciar la incompetencia de los empresarios que se han coludido o han fallado en la provisión de servicios básicos (como el agua potable concesionada), pero callan cuando el “corte de suministro” corre por cuenta de alguna repartición del Estado.

Porque así como hay que fiscalizar y castigar a las empresas que no prestan los servicios que están obligadas a entregar, también es necesario perseguir con ahínco a los funcionarios públicos que sencillamente no hacen la pega y que ahora, además, quieren quedarse con un 5% de nuestras pensiones. Si no son capaces de gestionar decentemente el Sename, Televisión Nacional, Gendarmería y la Junaeb, entre otros, ¿en serio podemos dejarlos a cargo de nuestro dinero?

 

Ricardo Leiva, doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO