Estemos de acuerdo o no, si se decide disminuir la gravitación del mercado en la distribución de los recursos para el financiamiento de los programas de FID, entonces hay que prever qué lo reemplazará, puesto que ellos no se sostienen solos.
Publicado el 01.09.2016
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“LA” iniciativa que aboga por la calidad dentro del conjunto de la Reforma Educacional ha sido sin duda la ley 20903, la cual establece el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Podrán haber divergencias sobre elementos específicos, pero ha sido la que transversalmente mayor acuerdo ha suscitado.

Sin embargo, preocupa ver cómo el impulso de la Carrera Docente, medida esperada hace años, peligra en la implementación de una de sus partes al no prever la coherencia del “TODO” de la Reforma con cada una de sus partes.

Por ejemplo, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente incrementa paulatinamente las exigencias en los criterios de admisión a las programas de Formación Inicial Docente (FID). Ello, por cierto, traerá consigo una disminución de las matrículas en estos programas de formación.

Adicionalmente, esta ley establece otros estándares de calidad para los programa de FID, a saber: prueba de diagnóstico al inicio de la carrera, pruebas de diagnóstico 12 meses antes de la titulación, acciones remediales o intervenciones para apoyar los procesos formativos, la fijación de criterios por parte de la CNA en relación a los planes de estudios, a los centros de práctica, al cuerpo académico, la infraestructura y el equipamiento. Si bien, cuál o cuál menos, las universidades tenemos importantes avances en estos aspectos, sin duda que el conjunto de estándares y criterios que resulten de la aplicación de la ley requerirán mayores inversiones y gastos.

Por otra parte, las universidades que han participado (o participarán) en la política de la gratuidad, están sujetas a una fijación de aranceles para aquellos estudiantes que califican a ella, que están por debajo de los costos reales de una carrera de alta complejidad.

Toda vez que las carreras se financian principalmente vía los ingresos por matrícula, lo anterior configura un escenario complejo, en que la “ecuación” del financiamiento no tiene solución: menos estudiantes, menores aranceles, menos ingresos y mayores necesidades de inversión. Y en el futuro cercano no se ven muchas opciones; la reforma a la Educación Superior no consideraría temas de financiamiento y tampoco se observan otras vías como lo fueron los convenios de desempeño para la FID.

Estemos de acuerdo o no, si se decide disminuir la gravitación del mercado en la distribución de los recursos para el financiamiento de los programas de FID, entonces hay que prever qué lo reemplazará, puesto que ellos no se sostienen solos.

Nuevamente, no es un problema de la ley 20903, sino de la incoherencia del “todo” de la Reforma con una de sus partes.

 

Rodrigo Fernández, Decano Facultad de Educación y Cs de la Familia Universidad Finis Terrae.

 

 

FOTO: JUAN GONZALEZ / AGENCIAUNO.