Resulta inconcebible que una ley que el gobierno denominó como “de inclusión”, bien podría terminar de hecho disminuyendo las opciones de las familias y desmejorando el acceso de alumnos prioritarios a una educación de calidad.
Publicado el 14.08.2016
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A comienzos de esta semana, la prensa informó sobre los resultados de un reporte elaborado por el gobierno que da cuenta de la situación en que se encuentran los colegios particulares subvencionados que deberán convertir su personalidad jurídica si es que quieren seguir funcionando en el futuro. Esto, porque recordemos que la Ley 20.845 –mal llamada “de inclusión”- establece, entre otras, la obligación de que todos los sostenedores estén constituidos como persona jurídica sin fines de lucro a diciembre de 2017 y que además se hagan dueños de la infraestructura en que funciona el establecimiento.

Según advierte dicho documento, apenas 5% del total de establecimientos ha logrado realizar dicho cambio. Asimismo, un sondeo contenido en el mismo informe indica que la mayor parte de los sostenedores se encontraría en situación de incertidumbre, ya sea porque no tiene información (21,4%), o porque todavía no ha decidido si buscará cumplir con las nuevas exigencias de la ley o se convertirá en particular pagado (32,6%).

Con esta información parcial –en la que el gobierno debiera ahondar-, comienzan a revivir los temores de quienes advertimos que esta reforma traería incertidumbre y distraería a los sostenedores escolares de sus labores propiamente educativas. Hoy, en vez de estar concentrados en la mejora educativa de sus colegios, están más preocupados de no perderlos, decidiendo cómo convertir su personalidad jurídica y consiguiendo créditos que les permitan comprar inmuebles.

Y no sólo incertidumbre. El mismo informe contabiliza 124 establecimientos que estarían en riesgo de cierre. Resulta inconcebible que una ley que el gobierno denominó como “de inclusión”, bien podría terminar de hecho disminuyendo las opciones de las familias y desmejorando el acceso de alumnos vulnerables a una educación de calidad. Según nuestros cálculos a partir de información oficial del MINEDUC, el año 2015 más de la mitad de los alumnos identificados como prioritarios según la ley SEP asistía a un establecimiento particular subvencionado, y de ellos, 70% asistía específicamente a uno con fines de lucro y 60% a uno con financiamiento compartido. Es decir, los tipos de colegio que esta ley pretende erradicar ya cumplían con el objetivo de ser inclusivos, pues permitían la convivencia en una misma sala de clases de alumnos cuyas familias poseen distinta capacidad de pago.

Sin embargo, esta ley pasó por alto esa realidad y se construyó sobre un diagnóstico inexistente. Basta con decir que jamás durante la tramitación de ésta, el gobierno y sus partidarios fueron capaces de acreditar la existencia de una relación entre la personalidad jurídica de los sostenedores y la calidad educativa de sus establecimientos, ni menos entregar una cifra sobre el supuesto retiro de utilidades excesivas por parte de los dueños de colegios (al contrario, lo que se sabe es que en promedio los recursos por alumno del sector particular subvencionado son inferiores a los del sector municipal). En consecuencia, se terminó legislando sobre la base de prejuicios e ideología, imponiendo una serie de obligaciones administrativas sin antes tener certeza sobre su viabilidad ni sobre las posibilidades que tendrían los sostenedores de cumplirlas.

 

María Paz Arzola, investigadora Libertad y Desarrollo.

 

 

 

FOTO: RODRIGO SÁENZ/AGENCIAUNO.