“Las facultades omnipotentes que se le pretenden dar a Impuestos Internos para juzgar y conocer sobre la vida de los chilenos le permitirán tener un control sobre cada movimiento que se realice”.
Publicado el 31.08.2014
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Uno de los factores que explica el tremendo progreso que ha vivido la humanidad en los últimos 250 años es el invento de tener un gobierno con capacidad para actuar pero limitado en sus facultades. Si bien los límites a los gobernantes aparecieron progresivamente desde la firma de la Carta Magna de 1215, fue en Estados Unidos donde se limitaron las funciones de los aparatos estatales al mínimo indispensable y al solo efecto de garantizar los derechos individuales de la gente y, aún así, siempre inculcando estrictos controles y severas desconfianzas al poder. Tal como escribiera Madison en el Federalista N°51: “Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres ningún control al gobierno, externo ni interno, sería necesario”. Y concluye: “Al enmarcar un gobierno que va a ser administrado por hombres sobre hombres se debe primero permitir al gobierno controlar a los gobernados y después obligarlo a controlarse a sí mismo”.

Esta posición difirió mucho de la tomada en la Revolución Francesa respecto que la voz del pueblo era la voz de Dios, y así es como esta revolución ha sido la inspiración de pensadores posteriores incluido Karl Marx y de revoluciones posteriores como la Bolchevique en Rusia.

El gobierno está limitado en su accionar no sólo porque no puede invadir el derecho a la privacidad o impedir transitar o practicar libremente el culto a un ciudadano. También está limitado respecto a las acciones que puede llevar a cabo para cumplir sus funciones más básicas y originarias, como las de seguridad o policía y la propia recaudación de impuestos para cumplir aquellas tareas.

Tan es así que uno de los precedentes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos fue el Motín del té (Boston Tea Party), en el que se lanzó al mar un cargamento de té como protesta de los colonos americanos contra Gran Bretaña por la aprobación del Acta del Té que gravaba la importación de distintos productos, incluido el té, para beneficiar a la Compañía Británica de las Indias Orientales a quien los colonos boicoteaban comprando a Holanda.

Más aún, el detonante de la revolución americana fue la forma de vigilar el pago de otro impuesto, el de Sellos, aprobado por el Parlamento Británico que requería que la mayoría de los materiales impresos en las colonias se publicasen en papel sellado producido en Londres y con la cara del rey. Además de que este impuesto había sido aprobado sin el voto de los colonos americanos en el Parlamento, lo que violaba la Bill of Right de 1689, para controlar su pago en las 13 colonias el Parlamento emitió la “Writ of Assistence Act” que permitía a cada oficial del ejército británico emitir su propia orden de cateo, sin necesidad de acudir a un juez y sin evidencia de ningún tipo y entrar en cualquier casa de New York, Filadelfia, New Jersey o Delaware y darla vuelta para verificar el pago de este tributo.

Impedir a los gobiernos llevar a cabo este tipo de medidas arbitrarias no sólo le dio a Estados Unidos la prosperidad que tantos millones de inmigrantes han buscado dejando atrás sus hogares y patrias, sino que aseguró a sus ciudadanos y a todo aquel que pisara su suelo el respeto básico a su vida, libertad y derechos, que son previos a todo poder de Estado. Los gobiernos democráticos no necesitan amenazar con prisión o pedir facultades extraordinarias para recaudar. Sobran los ejemplos de administraciones fiscales como la Suiza, país en el que –aún habiendo competencia fiscal entre cantones- el porcentaje de recaudación sobre la base imponible es de los más altos y es uno de los países fiscalmente más ordenados del planeta.

Ahora bien, Estados Unidos ha ido avanzando sistemáticamente -en particular en los últimos 20 años y con un quiebre con la sanción de la Patriot Act en 2001- contra los principios que le dieron su nacimiento y que permitieron su fenomenal crecimiento y bienestar. El último invento en este sentido es la sanción de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) que convierte a las instituciones financieras de todo el mundo en sucursales del IRS (Internal Revenue Service) pretendiendo que cumplan el rol del antiguo soldado británico, invadiendo la privacidad de los ciudadanos americanos y no americanos pero residentes o “allien residents”, de quienes necesita sus ingresos dada su voracidad fiscal. Y si algún ciudadano americano quisiera dejar de serlo está obligado a pagarle al Estado una cifra a modo de penalidad, lo que recuerda el derecho de manumisión que tenían los esclavos romanos (y luego también los americanos) de comprar su libertad luego de un determinado tiempo y siempre que su amo así lo quisiera.

Aún cuando este tipo de conductas sean eventualmente revertidas existen efectos indeseables actuales, como los que se están dando en el caso de Lois Lerner, quien como jefe de la sección de exenciones impositivas para personas jurídicas, construyó casos penales contra organizaciones republicanas sin fines de lucro, a quienes también llamó “assholes” y “teRrorist”, situación que desmintió alegando la rotura del disco duro de la computadora como falta de prueba en su contra. Lamentablemente para ella estos comentarios los había emitido desde una Blackberry y cuenta de correo del gobierno norteamericano durante un viaje por Gran Bretaña, de modo que los correos pudieron recuperarse. Desde entonces se ha negado a declarar amparándose en el derecho que le impide autoincriminarse.

Es probable que dada la fortaleza institucional y la sociedad civil que existe en Estados Unidos este tipo de ley eventualmente se revierta. Pero sus ejemplos cunden en el resto del mundo y, en países con menor solidez institucional, causan un daño tremendo y difícil de corregir.

En este sentido es interesante analizar lo que pasa en nuestro país, en particular dada la actual propuesta tributaria enviada al Parlamento por la Presidenta Michelle Bachelet. Además del alza de impuestos que propone -con todos los efectos dañinos que esto provoca especialmente para los más pobres- las facultades omnipotentes que se le pretenden dar a Impuestos Internos para juzgar y conocer sobre la vida de los chilenos le permitirán tener un control sobre cada movimiento que se realice y que estime la autoridad administrativa sujeto a pago de impuesto. Autoridades que por lo demás, y como recordaba Madison, no son ni serán nunca “ángeles” sino personas con intereses, ideologías, odios y pasiones. No sé si tienen conciencia los ciudadanos chilenos que los datos tan íntimos que circularán como consecuencia de esta propuesta tributaria estarán en manos de personas como el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Carlos Insunza, dirigente que cuando murió el “Querido Líder” Kim Jong-il, envió una misiva dirigida al heredero y actual líder norcoreano, Kim Yong-un, en la que expresó sus “condolencias por el fallecimiento del compañero Kim Jong-il” y deseó que su hijo prosiguiera “la lucha por la construcción de una próspera sociedad socialista, por la reunificación del país y la defensa de los intereses del pueblo coreano en contra de las maniobras del imperialismo norteamericano”. Fue esta misma persona la que ordenó la ejecución de su propio tío Jang Song-Thaek’s para impedir un motín en su contra.

Cuando uno se pregunta cómo es posible que alguien como el presidente Nicolás Maduro pueda dejar sin papel higiénico a un país rico como Venezuela, lo explique porque “la gente está comiendo más”, lance la consigna de “’papel higiénico o Patria” y pueda seguir gobernando como si nada hubiera pasado, la respuesta es que se trata de una sociedad que de a poco, quizás imperceptiblemente, fue levantando los límites al poder del gobierno y por eso mismo se fue quedando sin defensas ante su actuar. Limitar el poder de los gobiernos, que además tienen el monopolio para privar de libertad a las personas, no es un capricho ideológico sino una necesidad validada históricamente. El costo que se paga por pretender que el gobierno nos dé todo es que también puede sacarnos todo, incluso el papel confort.