Pocas personas se animarán a ser candidatos; pocos estarán disponibles para financiarlos; los incumbentes tendrán siempre una ventaja y, lo que es peor, cada vez mayor poder para el Estado en la administración de los recursos de campaña.
Publicado el 28.09.2016
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En materia de reformas políticas, el desafío de hoy es la implementación de las normas electorales que buscan “mejorar la democracia”. La ley 20.900 (que tiene por nombre ley de “transparencia y fortalecimiento de la democracia”) busca dar solución urgente a los “problemas de corrupción” de la política y a fortalecer su ejercicio. Esta legislación, ya excesivamente severa, tiene como complejidad adicional la implementación de varias de sus normas a través de resoluciones del Servel. Resoluciones que hacen presumir el fracaso total de los objetivos propuestos en ella.

En primer lugar, las normas de campaña. La ley acierta al exigir ciertas regulaciones que antes no existían: el empadronamiento de brigadistas y vehículos, imposibilidad de pintar murallas que ensucian la ciudad y ordenar que la publicidad a través de letreros tenga tamaño máximo y esté ubicada en ciertos espacios autorizados. Sin embargo, el Servel estableció poquísimos lugares para la instalación de estos y limitó decisivamente la cantidad específica de letreros que pueden colocarse, pese a que la ley sólo restringe el tamaño de éstos. Mientras el Gobierno puede promocionar sin problemas con enormes letreros la construcción de obras públicas o se pueden publicitar sin límite productos como el alcohol, quienes opten por presentarse ante la ciudadanía como posibles autoridades de gobierno local se ven impedidos de darse a conocer. ¿El resultado? Los candidatos desafiantes están en una desventaja que a ratos se hace irremontable. Una cosa es ordenar y dar condiciones de igualdad a todos los candidatos; otra es anular las posibilidades de promoción.

A mayor abundamiento, el Servel tuvo que corregir un instructivo que simplemente atentaba contra el sentido común. El afán de lo que muestra es simplemente desconfianza (o ignorancia) hacia la actividad política, evitando que en redes sociales se hiciera campaña, cuando lejos es lo que permite más creatividad y menores costos.

Con el financiamiento pasa algo similar. Las empresas no pueden financiar la actividad política, pero las personas naturales sí. De acuerdo. Que todos los candidatos tengan que tener obligatoriamente una cuenta en el Banco Estado para funcionar con sus presupuestos de campaña es discutible, aunque podría pasar. Que el Banco Estado les cobre aproximadamente $5.250 mensuales a los candidatos por una mantención hasta abril (mes en que se cerrará la cuenta) es, a lo menos, expropiatorio. Que el Servel se demore cinco o siete días en autorizar un depósito de 300.000 a la cuenta de un candidato es irrisorio. ¿Quién puede asegurar que para los candidatos de todos los sectores políticos se demoran los depósitos “por igual”? Se obliga a que las personas naturales tengan que pasar un examen frente a los organismos del Estado para hacer depósitos incluso de bajo monto, lo que imposibilita cumplir con los tiempos de campaña (que son breves y dinámicos).

Para hacer depósitos se requiere de una “clave única” del Registro Civil (algo que la ley no exige). Esto desincentiva el financiamiento formal, pues se requiere ir al Registro Civil presencialmente para obtener la clave y hacer el depósito. Dicho de otra manera, usted puede pagar sus impuestos a través de su cuenta corriente o “web pay”, pero no puede usar el mismo expediente para aportar a la actividad política.

Suma y sigue. El Servel tiene a su cargo la implementación de varios aspectos de esta nueva ley. Tal nivel de regulación –incluso más allá del texto expreso de la norma- podría terminar en un remedio peor que la enfermedad. Pocas personas se animarán a ser candidatos; pocos estarán disponibles para financiarlos; los incumbentes tendrán siempre una ventaja y, lo que es peor, cada vez mayor poder para el Estado en la administración de los recursos de campaña.

Esperemos que no estemos en presencia de un sistema que termine perjudicando decisivamente la participación democrática. El Servel tiene mucho que decir al respecto.

 

Máximo Pavez, Director del área legislativa Fundación Jaime Guzmán.