Si se evalúan las tres vertientes que determinan la influencia y peso de un actor u organización, esto es su poder, legitimidad y urgencia de las demandas presentadas, el Senado es quien hoy lleva la voz cantante.
Publicado el 04.07.2015
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Es cierto. El Congreso hoy día tiene una de sus más bajas valoraciones históricas por la ciudadanía. Es inconsistente. Sus parlamentarios prometen probidad pero varios de ellos se ahogan en un mar de acusaciones derivadas de la forma de financiar su actividad, y se niegan a terminar con aportes de empresas a los partidos políticos (y los conflictos de interés asociados, sin mencionar el riesgo de soborno y cohecho). Están en apariencia subyugados a un régimen presidencialista y a servir de buzón del Ejecutivo (sobre todo la Cámara de Diputados). Pero en la práctica tienen la llave para darle gobernabilidad a este país. Especialmente el Senado. Y especialmente su Presidente actual, Patricio Walker.

Si se evalúan las tres vertientes que determinan la influencia y peso de un actor u organización, esto es su poder, legitimidad y urgencia de las demandas presentadas, el Senado es quien hoy lleva la voz cantante. Es un actor que en comunicación estratégica se denomina “definitivo”. Tiene el poder de paralizar la agenda “reformista” del Ejecutivo, de enmendar su rumbo, o al menos podar de manera significativa sus contenidos. Sólo hay que ver el resultado final del proyecto de ley de reforma tributaria. O el actual llamado de Patricio Walker a estudiar una reforma de la reforma tributaria para terminar con el régimen engorroso de doble tributación y a incluir por el Ejecutivo el factor crecimiento y productividad en su ABC legislativo. O las más de 800 indicaciones al actual proyecto de ley de reforma laboral. O su capacidad para enviar de a poco el anuncio de un proceso constituyente al ostracismo y devolver la discusión de una reforma constitucional al Congreso. O incluso en su poder para hacer temblar a Bachelet en la nominación del nuevo Contralor, designado por la Presidenta pero con acuerdo del Senado.

Nuestro Senado tiene además legitimidad. La ha ido perdiendo (por no saber explicar su función más que por una falta de probidad), pero al menos aparece hoy más legítimo que el Ejecutivo. Su propia composición (hasta ahora, menos diversa de lo esperable), su condición de zoológico de agendas individuales en plena era de la erosión de las confianzas institucionales y auge de los personalismos, al menos garantiza ciertos contrapesos de poder y visiones (sobretodo dentro del arcoiris oficialista), y asegura que los proyectos de ley aprobados no respondan a pulsiones e instintos temporales o a retroexcavadoras tácticamente funcionales a ciertos iluminados con escaso arraigo ciudadano.

Por último, el Senado no sólo se ha mostrado eficiente para limitar la urgencia de las demandas presentadas desde el Ejecutivo o de grupos de presión inmovilistas como el Colegio de Profesores. En la acción de su Presidente, y a diferencia del Ejecutivo (errático para hacerse cargo de las definiciones adoptadas por la Comisión Engel o para nombrar a un ministro de Estado que obedezca a estándares éticos mínimos), ha sido capaz de obrar con celeridad para plantear una agenda coherente que se haga cargo de sus propias urgencias coyunturales, esto es, el terminar con los vicios y malas prácticas al interior de la Corporación. Incluso para lidiar con ciertos ánimos y trabas inmovilistas por parte de sus pares.

En esa línea se plantea la cuenta pública del Congreso a presentar por Walker y Núñez el próximo 21 de julio. Porque más allá de anunciar una agenda de probidad y transparencia autocrítica que controle el déficit moral de algunos congresistas, lo relevante es que reafirma su independencia y relevancia frente al Poder Ejecutivo (que presenta su propia cuenta el 21 de mayo). Significa la consagración de una democracia moderna, de un contrapeso de poderes. Es un esfuerzo en pos de mostrar un Poder del Estado que actúa como refugio de estabilidad, racionalidad y diálogo (capacidad de parlamentar) frente a ciertas presiones y visiones de política pública de corto plazo, impulsadas muchas veces al tenor de coyunturas, de mayorías circunstanciales y no de miradas de futuro que otorguen estabilidad y certeza jurídica y política al país. Visibiliza el rol del Congreso en cuanto mediador oportuno entre una agenda y prisa política del Ejecutivo y una agenda auténticamente ciudadana (que en ocasiones puede ser percibida o calibrada de mejor manera por quienes a diario deben relacionarse con el soberano desde su trabajo distrital). Plantea además la posibilidad cierta de terminar con un enraizamiento de todos los males y responsabilidades en una figura personalista-presidencialista, y de avanzar hacia una concepción democrática que pondera, respeta y exige en su justa medida a cada poder del Estado lo que le es propio. Por último, puede ser el primer gran paso hacia la definición de un nuevo régimen político, menos presidencialista y auténticamente parlamentario.

 

Juan Cristóbal Portales, Director Magister Comunicación Estratégica Universidad Adolfo Ibáñez.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO