En Chile el liberalismo político debería ser la forma de repolitizar la esfera pública evitando que los ámbitos de lo ciudadano sean totalizados por ciertos grupos que se arrogan su total representación. Es decir, la promoción del pluralismo político y la tolerancia de valores debería ser la base para neutralizar las tendencias corporativistas y colectivistas de ciertos sectores de la derecha y la izquierda. Más aun porque son tales propensiones las que terminan por convertir la democracia y lo político en una disputa entre grupos de interés por el poder estatal, su administración y sus beneficios.
Publicado el 01.04.2017
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Fernando Mires dice que: «el peligro y el gran malestar de nuestro tiempo, no reside en que se haya impuesto el liberalismo a escala mundial, sino en todo lo contrario: que las condiciones que hicieron posible el surgimiento de la democracia liberal, se encuentran amenazadas».

¿Cuáles son esos cimientos en peligro? Dos esenciales para el desarrollo del resto de los planos institucionales formales e informales de un sistema político y económico libre: la tolerancia, específicamente centrada en la libertad de conciencia, y el pluralismo, relacionado con los modos de vida que son posibles en una sociedad abierta. Ambos han sido fundamentos de las democracias occidentales que, sin embargo, hoy se ven seriamente amenazados por movimientos radicales e intolerantes, xenófobos o proteccionistas.

Actualmente parece que estamos ante una paulatina reversión intransigente hacia posiciones anti-políticas y antidemocráticas que atacan directamente estos dos principios, que son claro sustento de las libertades personales. Muchos pensarán que aquello es más plausible en sociedades con Estados fallidos o fundamentalistas y altamente corrompidos; o con tendencias ya no sólo populistas, sino claramente autoritarias y dictatoriales, como el caso de Venezuela. Incluso, puede que algunos crean que ciertas naciones del mundo desarrollado, como las europeas o los Estados Unidos, están mucho más proclives a ello debido a las mayores tensiones por la creciente inmigración.

Lo interesante es que la variedad de ejemplos de reversión intolerante en diversos lugares nos muestra que estamos ante una propensión autoritaria de carácter global, de la cual Chile no necesariamente está inmune. Y efectivamente no lo está, si consideramos que tenemos sutiles preámbulos que reflejan las tendencias anti-pluralistas que se siembran en el largo plazo. Un ejemplo es la propuesta de la Confech de establecer la unificación de contenidos en las universidades, que va de lleno contra el uso público de la razón y la necesaria libertad de cátedra al interior de las casas de estudio. Si consideramos que lo que ocurre hoy en las universidades probablemente será reflejo de lo que ocurrirá en el debate público futuro, el debilitamiento soterrado de la tolerancia y el pluralismo debería ser un tema de preocupación presente para cualquiera que estima en serio tales principios.

Debería ser una inquietud, sobre todo, porque el debilitamiento de tales cimientos ―pluralismo y tolerancia― es lo que en el mediano o largo plazo va construyendo el camino hacia tendencias demagógicas, populistas o dictatoriales en una sociedad. En definitiva, los demócratas chilenos de todo el espectro, frente al auge de la verborrea y la retórica pendenciera, deberían revalorizar los fundamentos liberales esenciales que hacen posible la convivencia democrática y pacífica. Eso implica, en primer lugar, rescatar el uso público de la razón evitando dos tendencias anti-pluralistas y anti-políticas: el predominio de la tecnocracia (que despolitiza el espacio público hasta vaciarlo) y el populismo (que lo polariza hasta reventarlo).

En otras palabras, el razonamiento liberal en términos políticos debería comenzar a ser promovido como eje central del antagonismo democrático, en contraste con los discursos anti-políticos fundados en la idea de lucha de clases o en la despolitización de lo político bajo un pragmatismo engañoso. Sobre todo porque, en el fondo, ambas visiones presumen una supresión total de las diferencias y antagonismos, es decir de lo político, bajo la instauración ya sea de una clase o grupo que representa absolutamente los intereses de todos, ya sea de una corporación técnica que administra mejor el conflicto y las necesidades.

En ese sentido, en Chile el liberalismo político debería ser la forma de repolitizar la esfera pública evitando que los ámbitos de lo ciudadano sean totalizados por ciertos grupos que se arrogan su total representación. Es decir, la promoción del pluralismo político y la tolerancia de valores debería ser la base para neutralizar las tendencias corporativistas y colectivistas de ciertos sectores de la derecha y la izquierda. Más aun porque son tales propensiones las que terminan por convertir la democracia y lo político en una disputa entre grupos de interés por el poder estatal, su administración y sus beneficios.

En otras palabras y para que quede más claro, el liberalismo político fundado en un agnosticismo axiológico debería ser la base para rechazar la creciente clientelización de los ciudadanos y burocratización de la sociedad. A partir de ello, se debe vindicar la politicidad del espacio de la sociedad civil en base a la vindicación de la libertad individual como esfera de acción intersubjetiva entre los ciudadanos, y desde la cual se conforman bienes públicos poco considerados como tales como el mercado. Esto permitiría rechazar lógicas ―por qué no decirlo, fascistas― basadas en el desprecio hacia un “otro” y en la creciente dependencia de los ciudadanos con respecto al poder estatal, que son las que afloran cuando lo político queda vacío y finalmente terminan por debilitar las instituciones políticas y democráticas.

Es sólo desde una perspectiva liberal fundada en la tolerancia y el pluralismo que podemos no solo salvar tales fundamentos frente al embate antidemocrático y moralizante desde el poder, sino también comenzar a pensar en conjunto sobre los desafíos que enfrentamos actualmente como sociedad, tales como el envejecimiento de la población, los mayores flujos migratorios o los próximos cambios en las formas de trabajo debido al desarrollo tecnológico.

 

Jorge Gómez Arismendi, director de Investigación Fundación para el Progreso

 

 

FOTO: VICTOR PEREZ/AGENCIAUNO