Es difícil comprender la insistencia del Frente Amplio en la condonación de los créditos estudiantiles si consideramos que, además de que tiene un costo inviable para el fisco, se trata de una petición que dista totalmente de los criterios de justicia.
Publicado el 04.12.2017
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La educación sigue siendo un tema central de la campaña presidencial, cuando falta poco para la segunda vuelta y se anticipa un resultado estrecho. Si bien ambos candidatos estuvieron por debajo de sus expectativas, el 22% que obtuvo Alejandro Guillier lo pone en una situación más compleja a la hora de atraer electores, y en la necesidad de sumar votantes del Frente Amplio.

La condonación del Crédito con Aval del Estado es una de esas condiciones con las que el candidato Guillier ha coqueteado, pero que en definitiva se ha negado a aceptar. Si bien anunció la semana pasada, con cierta pompa, la condonación de éste crédito para el 40% más vulnerable, rápidamente su jefe programático Osvaldo Rosales y otros personeros del comando aclararon que la condonación ofrecida no es tal. Para disgusto del Frente Amplio, lo anunciado se trata más bien de una “suspensión del pago”, en la que el deudor que sale del 40% de menores ingresos vuelve a pagar reconociendo la deuda total. Esto equivale a una estrategia, de las muchas posibles, de ampliar el carácter contingente al ingreso del crédito que desde sectores de centroderecha se ha promovido desde hace años.

De hecho, propuestas comparables en el pasado fueron lamentablemente rechazadas por las fuerzas políticas hoy en el gobierno. Es más, el programa de Sebastián Piñera contempla un nuevo sistema único de crédito, sin intervención de la banca, y que sobre este punto expresamente señala que “la deuda se pagará sólo cuando el alumno haya egresado y tenga ingresos, no se paga si no tienen ingresos o estos son demasiados bajos, condonándose después de 15 años de pago”. Esta similitud fue rápidamente identificada por el electo senador de Revolución Democrática, Ignacio Latorre, quien declaró que “la propuesta que está planteando (Guillier), el fin al CAE al 40%, se parece más a la propuesta de Piñera que a la nuestra”.

Con todo, es difícil comprender la insistencia del Frente Amplio en la condonación de los créditos estudiantiles si consideramos que, además de que tiene un costo inviable para el fisco, se trata de una petición que dista totalmente de los criterios de justicia.

En primer lugar, está ampliamente documentado que junto con el aporte a la sociedad, quienes pasan por la educación superior obtienen un beneficio exclusivo que se manifiesta de varias formas. Un ejemplo es el aumento en los ingresos: según datos de la OCDE, en Chile una persona que tiene estudios en educación superior gana 2,8 veces más que una que no lo tiene. Sin desconocer el beneficio que implica para el país una población más educada en términos de productividad y bienestar, se debe reconocer que hay una ganancia de quien estudia a nivel individual. Los créditos subsidiados, a diferencia de otras estrategias para eliminar barreras de acceso a la educación superior, tienen la ventaja de reconocer tanto los beneficios públicos como privados de la educación. Un crédito que se adapta a las condiciones de pago del deudor permite, adicionalmente, protegerlo ante circunstancias negativas e impredecibles que pudieran convertir la deuda en una carga demasiado pesada.

Entonces, dados los retornos económicos y personales que reciben los egresados producto de sus estudios, el financiamiento en base a un sistema de créditos contingentes al ingreso se presenta como una alternativa justa y eficiente, liberando recursos para las necesidades verdaderamente urgentes del país. Luego de las modificaciones de 2012, quien estudió con CAE y está al día en sus pagos tiene la seguridad de que su cuota nunca excederá del 10% de sus ingresos; es más, de acuerdo a un estudio de Acción Educar, en promedio la cuota a pagar no superaría el 6,6% del ingreso mensual de quienes egresan de la educación superior y estudiaron con CAE. Además, es posible solicitar la suspensión del cobro en caso de desempleo. ¿Bajo qué criterio, entonces, se busca la condonación de una deuda a quienes sí están en condiciones de pagar?

En segundo lugar, la petición de la condonación de la deuda es injusta con quienes han destinado sus ingresos a pagar su crédito. Por cierto, pueden existir casos particulares en los cuales los defectos de diseño del primer CAE, sumados a la deserción, hayan causado un sobreendeudamiento inmanejable para los beneficiarios. En este caso, corresponde un análisis caso a caso que permita una justa restitución de al menos una parte de los fondos prestados. Sin duda, y ese es afortunadamente el consenso que existe hoy entre los candidatos presidenciales, es posible mejorar o adaptar las condiciones de contingencia al ingreso. Una condonación, sin embargo, equivale a desconocer una enorme inversión fiscal que efectivamente permitió a los beneficiarios estudiar, y que al mismo tiempo implicó dejar de lado beneficios y ayudas para quienes –por sus condiciones de vulnerabilidad y exclusión– ni siquiera pueden acceder a la educación superior. Se establece además un precedente peligroso para el país. Porque, ¿qué incentivo habrá para que el Estado cobre los créditos del nuevo sistema de financiamiento que ambos candidatos proponen?

Más allá de las diferencias técnicas, celebramos la convergencia que existe hoy entre los candidatos presidenciales de compatibilizar la gratuidad y las becas con un sistema de crédito perfeccionado, dando así continuidad a una política que hasta la fecha ha permitido que más de 800 mil jóvenes financien sus estudios en instituciones de educación superior acreditadas.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO