Que un grupo de diputados opositores impugne en Contraloría el nombramiento de Juan Benavides como presidente de Codelco hace presumir que es más importante para ellos poner obstáculos a la gestión de un gobierno de signo político contrario, que tener a los mejores profesionales a la cabeza de empresas e instituciones vitales para el progreso de Chile.
Publicado el 31.05.2018
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Los diputados de la DC Raúl Soto, Matías Walker, Iván Flores y Gabriel Silber, junto al PS Leonardo Soto, presentaron un escrito a la Contraloría impugnando el nombramiento de Juan Benavides como presidente de Codelco. Según ellos, Benavides no cumpliría con el requisito de tener “antecedentes comerciales y tributarios intachables” que establece la Ley de Codelco.

Ellos parecieran haberse tomado muy literalmente aquella frase de Foucault que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, haciendo un juego de palabras que invierte una frase anterior de Von Clausewitz. No sé si los diputados recurrentes sean grandes conocedores de Foucault o de  Von Clausewitz, aunque probablemente sí saben a lo que nos referimos cuando hablamos de guerra sucia.

Juan Benavides es uno de los ejecutivos de empresas más prestigiados de este país. Antes de su nombramiento ocupaba la presidencia de la AFP Habitat, controlada por la Cámara Chilena de la Construcción y la empresa norteamericana Prudential, una de las compañías de seguros más renombradas del mundo. Paralelamente, fue presidente de ICARE, la organización empresarial en que se discuten temas relevantes para el país y los actores económicos. Lo hizo en un período de fuertes cuestionamientos al estamento de los dueños y ejecutivos de empresas, sin rehuir el desafío, tal como ha enfrentado un período complicado para las AFP.

El nuevo titular de Codelco ocupó esos cargos por su disposición a enfrentarse a situaciones difíciles, como las que vive hoy la minera estatal con sus necesidades de inversión para mantenerse como un actor relevante y competitivo  en la industria mundial del cobre.

No es que Benavides pueda eximirse de cumplir requisitos de probidad por su trayectoria. Puede hacerlo por sus actuaciones. He mencionado las posiciones que él ha ocupado para recalcar que no es casualidad que el Presidente Piñera haya pensado en su nombre para hacerse cargo de una responsabilidad tan importante como liderar la empresa estatal más grande de Chile. Es más, él llegó a esos cargos porque antes, durante cerca de veinte años, fue uno de los ejecutivos principales de una empresa que enorgullece al país: Falabella. El gigante del retail en Sudamérica que nació de una tienda en el centro de Santiago y que Benavides, como gerente general corporativo, llevó a la cima.

Son, convendrá cualquiera con un mínimo de sentido de realidad, antecedentes relevantes a considerar cuando se trata de buscar al presidente de la empresa más grande de Chile.

Pero no suficientes, dirá alguien, si no despejamos la objeción de los diputados. Lo que ellos alegan es que Juan Benavides fue multado por la Superintendencia de Valores y Seguros el año 2010 con 300 UF, porque a la fecha en que se produjo el caso de colusión en las farmacias él ocupaba un asiento en el directorio de Farmacias Ahumada. Sin embargo, lo que la SVS reprochó a Benavides en aquella oportunidad no es que hubiera participado en dicha colusión (es más, queda claro que no lo hizo), sino que falta de diligencia para monitorear el deber de informarse sobre el proceso, que culminó con un acuerdo conciliatorio entre Ahumada y la Fiscalía Nacional Económica.

Vale decir, nadie —ni la SVS ni la Fiscalía Nacional Económica— ha levantado cargos contra Benavides por su participación en la colusión de las farmacias, lo que de haber ocurrido y haberse comprobado, efectivamente implicaría que no tiene antecedentes intachables.

La presentación de los diputados demuestra, a mi juicio, lo poco familiarizados que están con el manejo corporativo de las empresas. Es bastante discutible la sanción de la SVS en este caso, pero aun siendo así, hay quienes opinan que la norma en que se basan ese tipo de multas se justifica para inducir a los directores a realizar los máximos esfuerzos para evitar esas situaciones. Las multas, en definitiva, resultan bastante arbitrarias, porque no se demuestra realmente que los infractores no realizaron los máximos esfuerzos para evitar actuaciones indebidas de los ejecutivos, sino que se basa en una mera apreciación de la autoridad, que prefiere ser muy severa a muy indulgente.

El problema con ese criterio de la autoridad fiscalizadora es que puede inducir a diputados u otros personeros a pensar que ningún director de empresas que recibe alguna multa es una persona intachable, lo que claramente es un despropósito. Más todavía si la ley habla de antecedentes comerciales intachables, lo que para cualquier buen entendedor significa una persona que cumple con sus obligaciones comerciales.

Antes de hacer ese cargo a una persona, los diputados debieran interiorizarse más de estas materias. Que no lo hayan hecho en este caso hace presumir que es más importante para ellos poner obstáculos a la gestión de un gobierno de signo político contrario, que tener a los mejores profesionales a la cabeza de empresas e instituciones vitales para el progreso de Chile.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

 

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