Lo más probable es que el destino de los prisioneros de Guantánamo acabe en manos del nuevo gobierno a partir de enero de 2017.
Publicado el 14.11.2015
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A poco más de un año de que el Presidente Barack Obama deje la Casa Blanca, una de las promesas emblemáticas de la campaña que en 2009 lo convirtió en el primer Mandatario afroamericano de Estados Unidos, se ha transformado en una verdadera espina clavada en su costado: el cierre de la cárcel de Guantánamo.

No han sido pocos los intentos a lo largo de los últimos años y esta semana Obama sufrió un nuevo revés cuando el Senado aprobó por 91 votos contra tres el presupuesto de Defensa para 2016, equivalente a unos US$ 607.000 millones. Pero que establece categóricamente una serie de condiciones que impiden destinar parte de ese dinero al traslado de los últimos 112 presos a terceros países o a cárceles de alta seguridad en territorio estadounidense.

Cabe recordar que fue el ex Presidente George W. Bush, en el marco de su guerra global contra el terrorismo -tras los atentados del 11 de septiembre de 2001-, quien habilitó la base naval de Guantánamo (que Estados Unidos arrienda de manera perpetua a Cuba desde 1903) como sede de los campos de detención X-Ray, Delta y Echo. Y que en conjunto llegaron a albergar a poco más de 800 detenidos. En su mayoría talibanes y miembros de Al Qaeda capturados tras la invasión de Afganistán, así como insurgentes iraquíes y de otras nacionalidades.

La permanencia de los prisioneros en estas instalaciones durante años, sin un juicio ni abogados defensores, así como los polémicos interrogatorios a los que eran sometidos, generó el rechazo mundial a la existencia de esta cárcel.

En este contexto, a Obama el tiempo se le está acabando. Y ante eso, el gobierno no ha descartado que el Presidente actúe “por su cuenta”, lo que ciertamente representa una decisión polémica que lo enfrentaría no sólo con el Congreso, sino también con gran parte de la opinión pública del país.

La idea de trasladar presos de Guantánamo a cárceles de máxima seguridad en territorio estadounidense despierta una serie de temores entre la población: que logren escapar y “desaparezcan” dentro de EE.UU., que dichas prisiones sean blanco de ataques con el fin de liberarlos o que incluso se inicie una seguidilla de atentados terroristas en el país como medio de presión para que Washington finalmente los libere.

De hecho, años antes de la operación secreta que en 2011 acabó con la muerte de Osama bin Laden en Pakistán, frente a la posibilidad de que el líder de Al Qaeda pudiera ser capturado vivo, se consideró seriamente el escenario de encarcelarlo y juzgarlo a bordo de un portaaviones en mar abierto como una manera de evitar potenciales ataques en suelo estadounidense.

Sin embargo, más allá de lo polémica que pudiera ser una decisión unilateral por parte de Obama sobre el cierre de la cárcel de Guantánamo, lo cierto es que ni a él ni a los demócratas les conviene convertir el destino de este campo de detención en un tema de campaña. En febrero del próximo año se inicia el calendario de primarias y caucus, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, que finalmente definirán los candidatos presidenciales que competirán en noviembre por llegar a la Casa Blanca. Y un tema como Guantánamo es exactamente lo que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton -la más segura carta presidencial demócrata para suceder a Obama- no necesita en este momento.

Frente a esto, salvo que el actual Mandatario tomase una decisión después de conocerse el resultado de los comicios de fines del próximo año, lo más probable es que el destino de los prisioneros de Guantánamo acabe en manos del nuevo gobierno a partir de enero de 2017.

 

Alberto Rojas M., Director del Observatorio de Asuntos Internacionales Facultad de Comunicaciones y Humanidades Universidad Finis Terrae.