La obsesión de financiar una injusta gratuidad universal termina quitando el foco de preocupación respecto a los estudiantes más vulnerables del país, y no solo de ellos, sino también de otras necesidades sociales que son urgentes.
Publicado el 04.06.2016
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En abril pasado, el Ministerio de Educación informó que 125.392 jóvenes serán beneficiarios de la gratuidad universitaria. De ellos, 45.808 son de primer año y 79.584 corresponden a alumnos de años superiores. La falta de recursos económicos y la accidentada implementación de la gratuidad universitaria ha generado que surjan nuevas propuestas de financiamiento para la educación superior.

En esa línea destaca la propuesta del diputado Giorgio Jackson, que propone un impuesto especial para quienes hayan estudiado con gratuidad. Sostiene que esta sería una forma de “retribuir” la prestación que recibieron los estudiantes, lo cual significa obviamente pagar por la educación recibida.

Esta propuesta -junto con mostrar una contradicción o una información incompleta o falsa- genera varios reparos:

Primero, que vale la pena constatar el cambio que ha experimentado el discurso de la izquierda respecto al financiamiento de la educación superior. El movimiento estudiantil del 2011 –de cuya dirigencia proviene parte importante de la bancada estudiantil- exigía una educación gratuita universal, es decir, que beneficiara tanto a estudiantes vulnerables como a los hijos de las familias más ricas del país. La Presidenta Bachelet, como estrategia de campaña, tomó tanto el diagnóstico como las soluciones propuestas por este movimiento como una de sus principales banderas electorales. Así fue como en su programa de gobierno la Presidenta se comprometió a avanzar a la gratuidad universal, en un proceso que duraría seis años. Al mismo tiempo, aseguró que durante su mandato el 70% de los estudiantes más vulnerables de la población accederían a la gratuidad.

De eso queda hoy muy poco. Senadores oficialistas ya reconocieron que será imposible alcanzar la gratuidad universal en el corto plazo y varios de ellos entienden que de lograrlo sería un despilfarro de recursos públicos. Hoy, los estudiantes beneficiados por la gratuidad alcanzan un 50% de estudiantes, pero solo en algunas instituciones, en una discriminación arbitraria que no fue ni de lejos anunciada en parte alguna del programa de gobierno.

Por su parte, la izquierda estudiantil que está hoy en el Congreso busca avanzar a nuevas fórmulas de financiamiento. Una tan insólita como contradictoria es la propuesta de que la gratuidad sea pagada, es decir, la creación de un impuesto específico a los profesionales.

En segundo lugar, si bien la propuesta sincera la falta de recursos y la posibilidad de tener una gratuidad en educación superior, se enfrenta al problema de que muchos de los estudiantes, que hasta ayer estudiaban becados justamente por la comunidad, tendrán que “retribuir” en el futuro esa ayuda social. Además, esta especie de crédito universitario tendrá que ser pagado por los profesionales a lo largo de toda su vida. Lo que lleva a la paradoja de que los estudiantes más vulnerables estaban más protegidos con el sistema de becas de los que estarán con una gratuidad pagada.

En tercer lugar, porque la obsesión de financiar una injusta gratuidad universal termina quitando el foco de preocupación respecto a los estudiantes más vulnerables del país, y no solo de ellos, sino también de otras necesidades sociales que son urgentes, como la erradicación de los campamentos mediante el acceso a viviendas de calidad, o la atención de salud oportuna, entre otras.

En ese sentido, un sistema de financiamiento justo partiría por hacer la distinción entre aquellos que requieren del apoyo de la comunidad de aquellos estudiantes, a quienes este tipo de ayudas les resulta absolutamente superfluo.

Dentro de los estudiantes que requieren la ayuda social, existen realidades diversas que deben ser atendidas. Habrá jóvenes que no solo requerirán que la comunidad cubra sus aranceles, sino que también se podría duplicar su beca JUNAEB, con un subsidio para el pase escolar o incluso con fondos de libre disposición para mantenerse mes a mes. También habrá estudiantes que solo requerirán que les cubran el arancel o incluso algunos que los ayuden con parte de ese arancel mensual.

Es de toda justicia que los fondos escasos del Estado vayan prioritariamente a aquellos estudiantes que lo requieran, en una combinación de becas y créditos contingentes al ingreso de los futuros profesionales. Salvando siempre la libertad de los alumnos, para estudiar en la institución que estimen conveniente a sus propios proyectos de vida.

 

Julio Isamit, Coordinador General Republicanos.

 

 

 

FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO

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