Cuando la gratuidad universal esté en régimen, el Estado va a estar invirtiendo $ 700.000 millones en el quintil más rico, y $ 390.000 millones en el más pobre. Así se consolida su regresividad y, además, se dejan de enfocar los esfuerzos de política pública y los recursos en atacar las verdaderas barreras de acceso a las universidades, mejorando la calidad de la educación municipal y parvularia.
Publicado el 06.02.2017
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Después del primer año de la implementación gradual de la gratuidad en el sistema universitario, comienza a confirmarse el carácter regresivo de esa política. Para quienes nos oponemos a ese mecanismo de financiamiento se trata de un aspecto totalmente predecible y que fue advertido reiteradamente. Una política pública es regresiva cuando, una vez implementada, quienes más se benefician son precisamente los grupos más ricos de la sociedad, lo que implica que la equidad en el país disminuye.

Pero, ¿por qué una política que supuestamente busca eliminar las barreras financieras de acceso a la universidad para los más vulnerables termina fracasando? Los datos disponibles nos ofrecen una respuesta. De acuerdo a la encuesta Casen 2015, la cobertura de educación superior para el quintil más rico duplica a la que se presenta en el quintil más pobre (57% y 27%, respectivamente), lo que significa que entre los más acomodados, 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años asisten a la educación superior, mientras que en el grupo más vulnerable solo 3 de cada 10 lo hacen. La gratuidad universal podría haber sido una respuesta fácil a esta situación si el principal problema de acceso efectivamente fuese la falta de recursos económicos. Sin embargo, para abordar esa situación ya existían becas de arancel y créditos para los estudiantes vulnerables, lo que lleva a reconocer la verdadera dificultad: durante el proceso de admisión 2016, más del 70% de los estudiantes egresados de colegios municipales no pudo superar los 500 puntos promedio entre la PSU de lenguaje y matemática, según datos del DEMRE. De esta forma, queda claramente plasmado que el problema se inicia antes del ingreso a la educación superior.

Bajo este panorama, no es de extrañar que en el actual proceso de admisión el porcentaje de seleccionados de colegios municipales en las universidades del Sistema Único de Admisión solo sea considerable (superior a 40%) en aquellas instituciones menos selectivas y con menos años de acreditación. Por otro lado, datos del DEMRE con la situación previa y posterior a la implementación de la primera etapa de la gratuidad muestran que la composición socioeconómica de los seleccionados no tuvo variaciones.

A medida que avance la implementación, la situación solo va a empeorar. Un análisis de Acción Educar realizado en base al informe realizado por el Ministerio de Hacienda sobre la reforma muestra que cuando la gratuidad universal esté en régimen, el Estado va a estar invirtiendo 700.000 millones en el quintil más rico, y 390.000 millones en el más pobre. De esta forma, se consolida la regresividad de la reforma a la educación superior y, además, se pierde la posibilidad de enfocar los esfuerzos de política pública y los recursos en atacar las verdaderas barreras de acceso a las universidades, mejorando la calidad de la educación municipal y parvularia.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

 

 

FOTO: VICTOR PEREZ/AGENCIAUNO