Se debiera volver al sentido común de políticas públicas focalizadas en quienes más lo necesitan y donde más vale la pena hacer el esfuerzo. La discusión de la gratuidad universal nos ha demostrado que los recursos no sobran.
Publicado el 18.07.2016
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Pasan los días y la reforma a la educación superior presentada por el gobierno no logra convencer. Las críticas vienen tanto de sectores del oficialismo como de opositores al gobierno, pasando por rectores, académicos y estudiantes quienes, con distintas miradas, coinciden en lo poco conveniente de los cambios propuestos. Se trata de un proyecto complejo, que otorga al Estado un control excesivo respecto de asuntos que competen exclusivamente a las instituciones de educación superior y que asfixia la iniciativa de las instituciones que han sido motor fundamental del desarrollo de nuestro sistema, todo esto en clara contradicción con los principios de autonomía y diversidad que el proyecto de ley dice promover.

Con todo, son los aspectos financieros de la iniciativa los que han acaparado el debate hasta ahora y, en particular, la insistencia en la gratuidad universal. Se trata de una política inconveniente para el sistema educacional, considerando que por diseño implica la fijación de precios y la dependencia de las instituciones de educación superior a las posibilidades financieras del fisco, estableciendo por esa vía un techo a la calidad y restringiendo la diversidad del sistema. Pero no debemos olvidar que los efectos de la gratuidad universal exceden el sistema educacional y dicen también relación con las prioridades que debiese tener el gasto público.

El gobierno se comprometió a que en 2018 un 60% de los estudiantes más vulnerables no va a pagar por sus estudios y, además, insiste en que la iniciativa tiene como objetivo que el total de los estudiantes del país, sin importar su condición socioeconómica, accedan a la gratuidad. El hecho que las autoridades no hayan sido aún capaces de señalar el momento en que eso ocurrirá no le resta validez al anuncio y, por ende, los análisis deben hacerse en el entendido que ese plazo en algún momento llegará.

¿Qué significa esto? Que el mayor esfuerzo en el gasto fiscal se concentrará en los estudiantes que necesitan menos ayuda del Estado, al punto que considerando las cifras entregadas por el ministro de Hacienda, el Estado gastará 1,8 veces más en los jóvenes provenientes del quintil más rico que en los del quintil más pobre. Lo anterior se explica porque la cobertura de la educación superior es mayor entre los jóvenes de mayores recursos, quienes además se concentran en carreras universitarias que son más largas y caras que las carreras técnicas.

Que la gratuidad universal es una política regresiva es algo que ha estado en el debate público desde que se lanzó como una promesa de campaña. Las cifras ahora disponibles no hacen más que confirmarlo, pero existen ejemplos en otros países que ayudan a comprenderlo de mejor forma. Ese es el caso de Argentina, donde la mayoría de los alumnos que se matricula en universidades gratuitas proviene de los sectores más acomodados. De hecho, en 2010 el quintil más rico se benefició con el 30% del gasto público total, mientras que el quintil más pobre con apenas el 12%. En conclusión, los alumnos “ricos” captan 2,5 veces más beneficios de la gratuidad que los pobres.

En general, el sentido común se impone al momento de analizar la gratuidad universal. Según la encuesta Cadem –publicada el 11 de julio- sólo un 31% cree que la gratuidad debería ser para el 100% de los alumnos, lo que incluye a las familias de más altos ingresos; un 52% piensa que esta medida debería beneficiar al 70% de los estudiantes más vulnerables y de clase media; y, por último, un 16% señala que sólo al 50%, es decir, que la gratuidad se queda tal y como está hoy en día.

Así, se debiera volver al sentido común de políticas públicas focalizadas en quienes más lo necesitan y donde más vale la pena hacer el esfuerzo. La discusión de la gratuidad universal nos ha demostrado que los recursos no sobran, y noticias recientes nos han mostrado que tenemos necesidades urgentes que atender de quienes a veces no tienen la tribuna pública que merecen.

 

Raúl Figueroa Salas, director Ejecutivo Acción Educar