La mejor alternativa, dado el extraordinario esfuerzo que sus conciudadanos hacen para asegurarle gratuidad total a los estudiantes, es alinear la gratuidad al rendimiento académico en tiempo real.
Publicado el 25.06.2018
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El Presidente Piñera pasó de criticar duramente la política de gratuidad en educación superior a luego comprometerse a mantenerla, para finalmente terminar aumentándola. Nadie objeta su derecho a cambiar de opinión, el asunto central es que el Mandatario ha dado buenos puntos en sus tres opiniones y lo mejor para el sistema sería ordenarlos, para entender cómo avanzar con claridad.

Es evidente que, desde la perspectiva de los estudiantes, la política de gratuidad es extraordinariamente positiva, y por lo tanto popular. Es un derecho adquirido y, aunque el Ministerio de Educación tenga que liquidar los muebles de sus oficinas, deberá seguir financiándola. Además, mientras esta política se enfoque en los más vulnerables del país, el argumento de la regresividad, propio del sector, es menos sólido. No era ni es justificable quitarle el beneficio a nadie. Y, considerando la desigualdad del país, creo que pocos se opondrían a todo evento a que un estudiante que provenga del 40% más pobre y logre ser admitido en una universidad de excelencia, deba pagar en el presente la totalidad del arancel. Las ayudas del Estado, incluida la gratuidad, son necesarias.

Era claro y estaba evidenciado que el diseño de la ex Presidenta Bachelet genera déficit financiero a las instituciones, restringe su proyecto educativo y no era sustentable en el tiempo.

Sin embargo, esa continuidad de la gratuidad desde la perspectiva del estudiante no implicaba una continuidad desde el diseño de la política. En otras palabras, lo que se desprendía de las críticas a la gratuidad del entonces candidato no era una oposición al hecho de que alguien no pagara al momento de estudiar (o si se quiere, no pagara nunca, eso no quedó claro) sino a cómo estaba diseñado el mecanismo que entregaba los recursos públicos para ese fin. Era claro y estaba evidenciado, tanto por estimaciones como por las quejas de los rectores de instituciones adscritas a la gratuidad, que el diseño de la ex Presidenta Bachelet genera déficit financiero a las instituciones, restringe su proyecto educativo y no era sustentable en el tiempo. Con eso a la vista, no hay “voltereta” del Presidente: ambos elementos -mantener el beneficio, pero cambiar el diseño- son perfectamente coherentes y hasta deseables.

El problema fue la tercera acción: la ampliación de la gratuidad para los estudiantes de instituciones técnico profesionales pertenecientes al 70% más vulnerable (hasta hoy es hasta el 60%) mediante un proyecto de ley. Esta iniciativa no sólo reposiciona el argumento de la regresividad, sino que revive involuntariamente la discriminación arbitraria de la cual el oficialismo fue siempre crítico, y, lo que es más grave, consolida el diseño a través del cual se provee la gratuidad. Es un espaldarazo a la fijación de precios, al control de vacantes, a la dependencia estatal y al deprecio de la inversión privada en educación. Aquí no hay cómo encontrar justificación.

Durante 2017 y 2018, cerca de 40.000 estudiantes perdieron el beneficio de la gratuidad por no titularse a tiempo, resultado de un diseño deficiente de la política pública.

Hasta este punto, todo lo expresado anteriormente puede parecer una crítica demasiado detallada e interpretarse como un esfuerzo exagerado por hilar demasiado fino. Pero hay argumentos técnicos a favor. Durante 2017 y 2018, cerca de 40.000 estudiantes perdieron el beneficio de la gratuidad por no titularse a tiempo. No les fue quitado por el gobierno ni se debe a que “sean flojos”, sino que fue resultado de un diseño deficiente de la política pública. La sobreduración de las carreras (es decir, el hecho que los estudiantes en promedio demoren cerca de 3 semestres adicionales en terminarlas) es un problema conocido de nuestro sistema de educación superior, y debe enfrentarse desde la política pública. Cuando se diseñó la gratuidad, era evidente que muy pocos estudiantes vulnerables terminarían en el tiempo formal. Entonces, ¿por qué no se diseñó un incentivo para paliar esto? Se podría haber incluido, entre los requisitos institucionales para acceder a la gratuidad, que la institución tuviera indicadores de duración real de carreras bajo un cierto umbral tolerable. La mejor alternativa, dado el extraordinario esfuerzo que sus conciudadanos hacen para asegurarle gratuidad total a los estudiantes, es alinear la gratuidad al rendimiento académico en tiempo real. Si un estudiante con gratuidad reprueba un número de ramos que hacen imposible su titulación oportuna, podría suspenderse el beneficio, algo que se hace con otro tipo de ayudas estudiantiles. Esto permitiría usar dichos recursos para beneficiar a otros estudiantes en igualdad de condiciones que hoy no tienen acceso a gratuidad.

El itinerario a seguir es entonces claro: mantener, y no aumentar la gratuidad al 60% más vulnerable y modificar sustancialmente el diseño de la política para evitar o suavizar los efectos negativos que tiene sobre el sistema. En este sentido, el nuevo crédito estudiantil recientemente presentado puede ayudar en gran medida.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar

 

FOTO: RAÚL ZAMORA/AGENCIAUNO