Si lo que realmente le importa al gobierno son los estudiantes, entonces que los ponga a ellos por delante y no la ideología de algunos de sus partidarios.
Publicado el 28.11.2015
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En una familia vulnerable en que sus dos hijos están en la educación superior, el que está en una universidad estatal podrá estudiar gratuitamente en 2016. Pero el que estudia en un Centro de Formación Técnica (CFT), un Instituto Profesional (IP) o en una universidad privada, no. Así diseñó el gobierno de Michelle Bachelet una de las políticas públicas más relevantes en materia de educación superior: con una discriminación arbitraria, injusta y totalmente odiosa.

De esta forma, la que fuera la gran promesa de campaña de Bachelet, es decir, “educación gratuita y de calidad”, se transformará en una promesa incumplida, simplemente porque los superó la ideología y les ha faltado sentido común.

De la calidad, no hemos sabido nada. ¿Y del acceso gratuito? Básicamente, muchos anuncios y poco o nada de lo comprometido. ¿Por qué? De acuerdo al programa, el actual gobierno se comprometía a establecer el 70% de gratuidad al final del mandato, y dejaría instaladas las bases para que el 100% de ésta estuviera operando el 2020. Sin embargo, de una forma totalmente irresponsable y con una improvisación pocas veces vista, con más de ocho cambios en los criterios anunciados para concretar esta promesa, hoy día sabemos que sólo el 25% de los estudiantes podrá acceder a la gratuidad en 2018.

Estamos, además, frente a uno de los ejemplos más vergonzosos de letra chica en el ámbito legislativo, por dos razones. Primero, porque el gobierno decidió camuflar en una glosa de la ley de presupuestos la regulación de aspectos que deben estar contenidos en una ley diferente; y en segundo lugar, porque mientras se dice que se busca comenzar con la gratuidad focalizando el beneficio para un grupo de estudiantes, lo que en realidad hay es una abierta discriminación arbitraria.

Y, ¿por qué se da esta discriminación? Porque en el gobierno no han querido entender que el titular del derecho a la educación son los estudiantes y sus familias, no los fierros y ladrillos o el RUT de una determinada institución.

Es así como la glosa aprobada en el presupuesto apunta al 50% de los estudiantes de la educación superior, pero no a todos: sólo a aquellos que estudian en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), algunas privadas y a una mínima proporción de quienes están en CFT e IP.

Además, con la glosa propuesta se insiste en mantener la proporción injusta que ha habido hasta ahora, ya que de todas las ayudas estudiantiles que aporta el Estado, sólo el 20% va a los estudiantes de la educación técnica profesional, mientras que el 80% va a las universidades estatales.

Si lo que se busca es que ningún joven se quede fuera de la educación superior por plata, los únicos criterios razonables son dos: la vulnerabilidad del estudiante y la acreditación de la institución.

La propuesta del Ejecutivo, en cambio, parece simplemente olvidar la realidad, beneficiando a unos pocos, pero dejando fuera a 250 mil estudiantes vulnerables.

Ante la falta de sentido común y en el entendido de que el gobierno puede hacer políticas, pero no puede hacerlas de manera ilegal, 31 diputados de la UDI, RN y Evópoli hemos presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

De acogerse este recurso, el gobierno deberá reasignar los fondos a través de becas o enviar un proyecto de ley corta que especifique los requisitos para acceder al beneficio sin que éstos contengan una discriminación arbitraria. La exigencia, entonces, es que se pongan las “lucas” donde pusieron las palabras.

Y frente a la verdadera campaña del terror que algunos dirigentes del oficialismo han impulsado, acusándonos de querer dejar a todos los estudiantes sin beneficio, nuestra respuesta es que dejen de mentir. De aprobarse el requerimiento, van a haber más estudiantes beneficiados, nunca menos. Eso es lo que buscamos, un criterio de justicia en el apoyo a los estudiantes vulnerables y sus familias.

Nuestro llamado, por tanto, es que el gobierno entienda que tiene que dejar de hacer cosas ilegales, como enviar glosas discriminatorias y fuera del marco de la ley. Si lo que realmente le importa son los estudiantes, entonces que los ponga a ellos por delante y no la ideología de algunos de sus partidarios.

 

Jaime Bellolio, diputado UDI.

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO