Aunque existe un relativo consenso respecto de la necesidad de centrar la discusión educacional en los problemas a nivel parvulario y escolar, los candidatos han debido centrar sus planteamientos en la educación superior y, específicamente, en la gratuidad universal.
Publicado el 12.06.2017
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La proximidad de las primarias presidenciales y el consecuente despliegue de los candidatos de Chile Vamos y el Frente Amplio han permitido conocer con algo más de profundidad las propuestas de ambos bloques, y perfilar los principales ejes de la discusión con miras a las elecciones de noviembre. En ese escenario, no hay duda que la educación seguirá siendo uno de los aspectos relevantes sobre los que se centrarán las campañas, tanto porque las encuestas ponen ese tema como uno de los que más preocupa a los chilenos, como por el diagnóstico común en cuanto a que se trata de una de las principales palancas de progreso individual y social.

Aunque existe un relativo consenso respecto de la necesidad de centrar la discusión educacional en los problemas a nivel parvulario y escolar, los candidatos han debido centrar sus planteamientos en la educación superior y, específicamente, en la gratuidad universal. Esto es lógico, si consideramos que la Presidenta anunció en su reciente cuenta al país que para el próximo año se extenderá la gratuidad al 60% de la población de menos recursos y que el norte sigue siendo la educación superior gratuita de todos quienes asisten a ella, sin distinguir sus necesidades económicas. Esta insistencia del Gobierno no calza con el lento trámite que ha tenido su reforma en la Cámara de Diputados debido a las dudas sobre su viabilidad económica y su impacto en la calidad, la diversidad y la autonomía del sistema universitario.

¿Qué piensan, entonces, los candidatos sobre la gratuidad universal?

Para el Frente Amplio y sus representantes, es un elemento esencial para entender la educación superior como un derecho social efectivo. Recordemos que esta lógica de derechos se basa en un acceso universal a determinados bienes o servicios que se proveen de manera homogénea, idealmente por el aparato estatal. En el extremo, y bajo esta lógica, todo lo que implique una efectiva diferenciación de lo que como derecho se quiere garantizar, debe evitarse. En el ámbito educacional, esta mirada es incompatible con la diversidad de proyectos educativos existente en Chile y restringe las posibilidades efectivas de elección de los jóvenes, primando el acceso por sobre la libre elección de dónde y cómo formarse.

De manera coherente con ese propósito, la noción de escasez de recursos o la necesidad de priorizar el gasto público no son relevantes en el diseño de sus políticas y, por eso, no debe llamar la atención el poco interés en justificar adecuadamente la forma en que la gratuidad se financiará, o la poca relevancia que le dan a los efectos negativos de esa política para la autonomía o la diversidad.

Distinto es el escenario desde Chile Vamos. Tanto Sebastián Piñera como Felipe Kast han señalado sin complejos que no se puede seguir avanzando hacia la gratuidad universal. Las razones que han dado dicen relación tanto con el manejo económico del país, como con una visión más libre del sistema educacional. Ambos apuntan a la necesidad de administrar en forma responsable los recursos fiscales y de priorizar el gasto en las amplias necesidades del país, que exceden con mucho las de los estudiantes universitarios. Pero su mirada no es sólo económica, sino que también obedece al anhelo de una sociedad más libre, que ofrezca reales oportunidades, garantice la existencia de proyectos diversos, reconozca la autonomía y el esfuerzo. Por supuesto que hay matices entre Kast y Piñera, pero que dicen relación fundamentalmente con las distintas posibilidades de triunfo de ambos candidatos.

Nota aparte merece Manuel José Ossandón, cuyo discurso en esta materia es menos reflexivo y lo aleja del ideario común de la oposición. Al igual que el Gobierno y el Frente Amplio (pero probablemente con un mayor grado de ingenuidad), sugiere una política de gratuidad universal sin dar luces de cómo financiarla ni de cómo se hará cargo de sus negativos efectos.

Mientras algunos prometen algo que no pueden cumplir y otros buscan enfrentar de manera realista y responsable el verdadero problema —la calidad y equidad de nuestro sistema educacional—, lo evidente es que el foco de las campañas debiese girar hacia prioridades más urgentes.

 

Raúl Figueroa, director ejecutivo Acción Educar

 

 

FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO