Se ha impulsado una serie de iniciativas público-privadas que no han logrado el efecto deseado de mejorar el comportamiento de pago, por ejemplo, el “código de pago oportuno” suscrito en 2015 por algunos grandes gremios empresariales asociados a la CPC y el Ministerio de Economía para generar un cambio de conducta de pago en sus asociados. También el sello propyme, que entrega una certificación a aquellas grandes empresas que pagan en 30 días o menos a sus proveedores pymes.
Publicado el 06.08.2017
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El comportamiento de pago de parte de las grandes empresas hacia las pymes no mejora. El reciente informe publicado por la Bolsa de Productos y Asech destacó que el plazo promedio de pago aumentó en 55 días, es decir, 11 días más que hace doce meses.

Sin embargo, poco sabemos sobre las verdaderas causas que existen para que una gran empresa, con acceso a múltiples fuentes de financiamiento a un costo razonable, financie su capital de trabajo con sus proveedores pymes. Diversos estudios internacionales demuestran que entre las principales causas de la falta de pago oportuno se encuentran:  (1) Intención del deudor (gran empresa) de dilatar los pagos a las pymes; (2) dificultad financiera del deudor (por causas externas e internas); (3) deficiencia en el sistema de pago en la empresa; y (4) disputas pendientes cliente-proveedor por productos y/o servicios entregados.

Durante los últimos años en nuestro país se ha impulsado una serie de iniciativas público-privadas que no han logrado tener el efecto deseado, como por ejemplo, el “código de pago oportuno” suscrito en 2015 por algunos grandes gremios empresariales asociados a la CPC y el Ministerio de Economía para generar un cambio de conducta de pago en sus asociados. También el sello propyme, que entrega una certificación a aquellas grandes empresas que pagan en 30 días o menos a sus proveedores pymes. Pero la escasa flexibilidad de su reglamento aumenta la probabilidad de perder el sello una vez obtenido, lo que ha frenado su mayor penetración en el resto de las grandes empresas.

El resultado fallido de estos intentos ha llevado a un efecto no deseado, como es la regulación vía ley del plazo máximo para que una empresa grande cancele sus facturas a las pymes. Este proyecto de ley, impulsado por un grupo transversal de senadores, establece como plazo máximo 30 días (negociable hasta 45). La inspiración proviene de los fracasados intentos de la legislación europea, donde la evidencia empírica se ha encargado de demostrar el casi nulo impacto en los cambios de hábitos de parte de las grandes empresas.

Existe bastante evidencia internacional que demuestra que, si queremos lograr impacto en esta materia, se requiere un profundo cambio de conducta de parte de las grandes empresas. En otras materias, como las ambientales, estos cambios han ocurrido de forma tardía, cuando ya el exceso de regulación pasó a ser un obstáculo para el desarrollo de los grandes proyectos de inversión en nuestro país. ¿Llegaremos tarde una vez más?

 

Matías Acevedo, economista

 

 

FOTO: DAVID VON BLOHN/ AGENCIAUNO