Nunca he sido de los que suscriben la famosa expresión “sin perdón ni olvido”; por el contrario, creo firmemente en el perdón. Pero las sociedades no pueden olvidar, porque ese es el primer paso para volver a repetir los mismos errores, como creer que el fin justifica los medios. Es bueno tenerlo presente especialmente en tiempos de reformas como los que vivimos hoy, en que se impulsan grandes cambios en aras de la justicia.
Publicado el 26.06.2016
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En un seminario conmemorativo de los 50 años de la reforma agraria, impulsada en el Gobierno de don Eduardo Frei Montalva, el actual Ministro de Agricultura hizo un balance bastante indulgente de lo que fue aquel proceso. En un tono y sentido que no es nuevo, señaló lo que serían sus resultados objetivamente positivos. A saber: el cambio en la estructura de propiedad que, según también han sostenido otros, habría sido fundamental para la modernización de la agricultura.

Ese cambio en la estructura de propiedad, desde grandes terratenientes a pequeños y medianos propietarios no sólo habría traído ese beneficio económico, sino que habría puesto término a siglos de un estilo de vida semi feudal, característico no sólo de Chile, sino de buena parte de América Latina.

Así, los indulgentes analistas ven en ese cambio un paso indispensable en la modernización social y productiva de los últimos 30 ó 40 años. El mensaje es algo así como “a pesar de todos los errores de la reforma agraria, al final el resultado fue positivo y, aunque los medios no hayan sido tan ortodoxos, tampoco fue tan injusto”.

Ríos de tinta se han escrito para demostrar que nada de lo que dicen sus defensores es efectivo: el diagnóstico que impulsó estos procesos era completamente errado, pues la falta de incentivos económicos era la verdadera causa de la improductividad y no las razones cuasi sociológicas que se argüían; por ende, la solución planteada también fue incorrecta, nada se ganaba con dividir forzosamente los predios; finalmente, cuando esos incentivos económicos equivocados se suprimieron y hubo otro entorno basado en la libertad económica, llegó la lógica modernización al sector, tanto en lo referente a la estructura propietaria como a sus procesos productivos.

Con todo, me parece que el tema técnico es y será siempre discutible. Se trata de una materia en que estar equivocado es un derecho ciudadano fundamental, la democracia consiste, entre otras cosas, en la posibilidad de defender políticas erradas.

Pero hay otra dimensión del problema, que los indulgentes analistas de la reforma agraria no deberían seguir eludiendo: es la dimensión propiamente democrática y ética del proceso.

Para decirlo sin rodeos, la reforma agraria vulneró los principios esenciales que estructuran un Estado Democrático de Derecho y no resiste el menor análisis desde los valores éticos que deben regir la acción política y el gobierno de una sociedad. ¿Por qué?

Primero, se criminalizó a un sector de la población, sobre quienes se hizo recaer culpas genéricas, por el hecho de pertenecer a una categoría social. Se instaló públicamente –en una forma que evoca las justificaciones para la reforma de la propiedad agrícola de Stalin y Mao- la convicción política de que existía entre nosotros una clase de personas –los latifundistas- cuyo egoísmo y frivolidad privaba a los chilenos de una gran riqueza que nos pertenecía a todos.

Esto no pasa ningún estándar de debido proceso, de igualdad ante la ley, de criterios contra la discriminación y menos del rol que corresponde a los poderes públicos en un Estado democrático.

Segundo, se generaron y aplicaron una legislación tras otra, cada una más expoliativa que la anterior, las que rigieron con efecto retroactivo a los derechos legítimamente constituidos y se usó de la fuerza del Estado, no para proteger los derechos que es lo único que la legitima, sino para conculcarlos; debilitando así, y con fines político ideológicos, la esencia de nuestra organización jurídica.

Tercero, se estimuló políticamente desde el ejercicio de funciones y potestades públicas la división y el odio, como una manera de legitimar éticamente el proceso que el Estado llevaba adelante. Esto no fue diferente a las estrategias utilizadas por regímenes totalitarios en el siglo XX para perseguir grupos minoritarios.

Por último, se llevó adelante con un sentido utilitarista de la justicia, que también fue propio de los regímenes antidemocráticos de esa centuria. En efecto, si hay algo que caracteriza al régimen político de la modernidad en occidente -la democracia- es la subordinación de los gobernantes a reglas objetivas de derecho, que limitan el poder, asegurando así la libertad de los ciudadanos. Cuando se rompe este principio se destruye la democracia, porque se pierde aquello que le da valor ético: la subordinación del gobernante a los derechos de los gobernados. Es irrelevante, por cierto, si esto se hace con el apoyo de una mayoría. Demasiados casos hay que así lo atestiguan.

La reforma agraria es un proceso que se basó en la convicción de sus propulsores de que era “justo” quitarle la tierra a los latifundistas y como era justo, entonces prácticamente cualquier medio era legítimo.

Entre técnicos podrán discutir hasta el fin de los tiempos si el diagnóstico acerca de las causas de la improductividad de la tierra era correcto o equivocado; si se resolvía o no con una redistribución de la propiedad y si la modernización del agro se relaciona con la existencia de predios más pequeños.

Pero lo que no admite revisionismo, ni relativismo, es el diagnóstico acerca de que se trató de un proceso violento, inicuo, antidemocrático y políticamente anti ético por los medios utilizados para impulsarla y ejecutarla.

Esto es indispensable, porque las sociedades evolucionan a estados superiores de civilización precisamente cuando son capaces de tener una mirada común de la estructura de derechos fundamentales y de los límites de la política por parte de la ética, porque esa es la mejor garantía de que no volverán a caer en las mismas barbaridades.

Nunca he sido de los que suscriben la famosa expresión “sin perdón ni olvido”; por el contrario, creo firmemente en el perdón. Pero las sociedades no pueden olvidar, porque ese es el primer paso para volver a repetir los mismos errores, como creer que el fin justifica los medios. Es bueno tenerlo presente especialmente en tiempos de reformas como los que vivimos hoy, en que se impulsan grandes cambios en aras de la justicia.

Por eso no se puede, ni se debe, recordar la reforma agraria bajo la lógica del perdón y olvido. Mucho menos debería hacerlo un Ministro.

Gonzalo Cordero, #ForoLíbero

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