La ley, y los procedimientos que le dan eficacia, son el único recurso de los débiles para vivir en una sociedad justa; y sólo donde impera la justicia hay civilización y es posible el desarrollo. Lo otro es una forma de feudalismo, una en que la nobleza colocada por encima del derecho son los políticos.
Publicado el 24.04.2016
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Octavio Paz decía que Méjico –y podemos decir que por extensión América Latina- había nacido con la contrarreforma, el monopolio y el feudalismo, por eso llegamos tarde a la modernidad y se nos escapa esquiva entre los dedos cada vez que creemos, por fin, haberla atrapado.  Los chilenos en algún momento pensamos que al consolidar la democracia, o por haber ingresado a la OCDE, merecíamos aspirar a ser miembros plenos del llamado primer mundo.

Pero no, son sólo intentos de vestirnos con instituciones que, con demasiada frecuencia, usamos como meros disfraces.  Por eso, cada vez que se ponen a prueba, se manifiestan como lo que son: apariencia sin contenido.  Dos ejemplos palpables de los últimos días.

La Nueva Mayoría no pudo inscribir sus candidaturas para el proceso de primarias, porque no llegó al trámite la Presidenta de uno de los partidos que integran el pacto.  Esa presencia ha sido entendida siempre como un requisito esencial, tal es así que ese día asistieron los restantes conductores de las otras colectividades de su propia coalición y los de Chile Vamos.

La reacción de buena parte de la Nueva Mayoría ha sido culpar al Servicio Electoral y su directora subrogante.  Presentaron una reconsideración y hay quienes han dicho –incluso desde la oposición- que apoyarían un proyecto de ley para que se amplíe el plazo, porque hacerlo sería muy importante para la democracia.

En una sesión de la Cámara de Diputados, un representante de la Quinta Región se refirió al conocido empresario Andrónico Luksic como “hijo de puta”, apelativo que reiteró en un twitter con el agregado de pedir disculpas a las “putas”. Es que el señor Luksic sería responsable de haber inundado Santiago.

Ni el descuido de la presidenta del PS, ni los insultos del diputado definen si podemos decir que somos los primeros que llegamos a esa esquiva modernidad que no se ha conocido al sur del Río Grande; pero sí lo define la manera en que las instituciones de esta sociedad van a procesar ambos hechos.  Y aquí esta el problema, veamos por qué.

Si algo define la modernidad en el pensamiento y las instituciones políticas es eso que llamamos el “gobierno de la ley”.  Vale decir, la obligación aceptada y compartida por todos de sujetarnos a reglas de carácter general, dictadas de maneras impersonal y que obligan a todos por igual, gobernantes y gobernados.

Así la ley nos iguala, puesto que con esas normas viene una promesa esencial: todos quedamos bajo ella y el que pretende eludirla recibe una sanción sin importar su clase o condición.  Hasta antes de eso, en la pre modernidad, no existía esa igualdad, existían estamentos a los que se aplicaban leyes diferentes o, derechamente, no se les aplicaba ninguna.

¿Significa esto que en países como Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos o Francia no existen hoy día personas con poder y que burlan la ley?  Desde luego que no, pero tienen que hacerlo escondidos o, por lo menos, tienen que tratar de disimular.  Cuando son descubiertos son sancionados, porque son países en que gobierna la ley.

La esencia de la democracia no está únicamente en que elijamos a las autoridades mediante elecciones abiertas, libres e informadas.  Eso es solo una condición, lo que de verdad importa es que las autoridades elegidas mediante ese procedimiento sigan siendo ciudadanos iguales al resto, sometidos con la misma fuerza a la ley.

En un país desarrollado podría ocurrir un caso como el que le ocurrió a la Nueva Mayoría y podría concluirse que el requisito de la presencia de los presidentes de partidos es innecesaria, o que es exagerado que la sanción por la inasistencia de alguno sea que no se puedan inscribir las candidaturas.  Todo eso es posible, pero conduciría a que se cambiara la ley para el futuro, nunca a que se cambiara con efecto retroactivo para eximir de la sanción al infractor, porque eso generaría un precedente insostenible con el principio de igualdad ante la ley.

También podría ocurrir que el afectado recurriera de reposición ante el propio Servel, pero acoger dicho recurso implicaría la destitución del funcionario que tomó la decisión revocada, porque otra cosa no es seria.  Aquí no estamos seguros de nada, lamentablemente no es predecible el criterio.  Vale decir no hay procedimientos que den certeza.

Esto es lo que define una democracia de verdad y no si algunos partidos pueden hacer una primaria para elegir su candidato a alcalde en algunas comunas.  Se fortalece mucho más una democracia en que los partidos políticos, especialmente si son los gobernantes, tienen que hacerse cargo de la sanción que les acarrea un incumplimiento, que haciéndoles una ley a la medida para que hagan su primaria.

Que políticos jóvenes, talentosos, de centroderecha y que quieren contribuir a renovar la política no entiendan esto es una medida del pobre nivel de desarrollo que hemos alcanzado en realidad.

¿Qué va a hacer el sistema institucional con el diputado de los insultos?  El punto es importante, por una razón que evidentemente ese Parlamentario no alcanza a comprender.  El gobierno de la ley es la única opción posible para los débiles, nació para frenar el abuso de los poderosos, a través de él se establecen reglas del juego cuya fuerza deriva de la legitimidad que el da precisamente que nos obliga a todos.

Cuando alguien hace lo que hizo ese diputado y queda sin sanción, entonces se valida la ley de la selva como sistema.  Aquí no se trata de defender al señor Luksic, porque es él.  ¡Por favor!  De lo que estamos hablando es de no dar la señal, precisamente a todo el que tiene una cuota de poder especial, que se puede saltar las reglas, que si alguien está convencido que está defendiendo su ideal de “justicia” puede usar la violencia –en este caso verbal- como la usó este parlamentario.

La ley, y los procedimientos que le dan eficacia, son el único recurso de los débiles para vivir en una sociedad justa; y sólo donde impera la justicia hay civilización y es posible el desarrollo.  Lo otro es una forma de feudalismo, una en que la nobleza colocada por encima del derecho son los políticos.

Esa es la América Latina del PRI, de los Castro, de Chávez, del Peronismo, del Partido de los Trabajadores, de Evo.  Es la que describe Vargas Llosa en la voz de Zavalita preguntándose cuándo se jodió el Perú.

Es la América Latina a la que pertenecemos.

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