La guinda de la torta será la nueva Constitución, cuyo proceso de elaboración representa de buena manera la tónica de lo que ha sido este Gobierno: una sobreideologización en el campo de las ideas y una serie de improvisaciones y evidente falta de técnica legislativa en la práctica política.
Publicado el 25.01.2017
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El amplio rechazo popular que enfrenta el Gobierno no ha sido obstáculo para la intensa agenda legislativa que está impulsando. La Presidenta Bachelet es muy consciente de su pérdida de apoyo, pero en vez de intentar recuperarlo, ha optado deliberadamente por renunciar al respaldo popular presente y apostar por pasar a la Historia como una gobernante que transformó a su país, aunque haya sido incomprendida.

La labor transformadora de la administración Bachelet estaría enmarcada en una triple agenda transformadora: la lucha contra la desigualdad a través del alza de impuestos al inicio de su mandato, la que en teoría iban a pagar los “poderosos de siempre”, pero que bien sabemos ha significado un importante costo para todo el país así como una reforma laboral; la gratuidad universal, que rápidamente se convirtió en una mera ilusión, si es que no fue un engaño; y finalmente una reforma Constitucional que cambiaría los cimientos sobre los que se construye el modelo político y social de nuestro país.

Este será el año de las reformas sociales, que apuntan al modo en que nos relacionamos los chilenos. En ese sentido se entiende el apuro legislativo para legalizar el aborto en nuestro país, aún con un proyecto que sigue conteniendo reparos jurídicos relevantes, tales como el tratamiento y extensión de la objeción de conciencia, así como las cuestiones fundamentales relativas a la dignidad de todo ser humano –nacido o no- y la protección de la mujer embarazada.

A esto se suma el riesgo cierto de una propuesta de matrimonio homosexual improvisada y que no dé cuenta de una discusión nacional seria respecto de los elementos constitutivos del matrimonio. Es decir, aquellas cosas que lo distinguen del resto de los contratos y lo configura como una de las más importantes instituciones sociales.

La guinda de la torta será la nueva Constitución, cuyo proceso de elaboración representa de buena manera la tónica de lo que ha sido este Gobierno: una sobreideologización en el campo de las ideas y una serie de improvisaciones y evidente falta de técnica legislativa en la práctica política. El debate sobre una nueva Constitución y especialmente sobre su contenido debe radicarse en el Congreso Nacional, representante de la soberanía nacional, y no en estructuras ad hoc del Gobierno de turno. Para contrastar la legitimidad de ambas instancias basta una pequeña comparación.

En los cabildos autoconvocados participaron poco más de 100.000 personas (desde los 14 años), mientras que en la última elección parlamentaria votaron 6.585.808 de ciudadanos (mayores de 18 años); el Gobierno desembolsó en esta última elección $795,4 por cada uno de los electores, muy por debajo de los $34.471 que gastó por cada persona que participó en un Cabildo, sin considerar que además estos eran autofinanciados por sus miembros.

Peor aún, la sistematización de las conclusiones de los cabildos ha tenido graves contradicciones entre los documentos preparados por el Consejo de Observadores y un informe independiente de la Universidad de Chile. Como bien informó El Líbero, según la Universidad de Chile solo el 2,4% de los participantes declaró la educación como un derecho social, consideración que sin embargo aparece como una de sus principales conclusiones en el informe gubernamental. Por el contrario, el Congreso Nacional cuenta con reglas claras de participación y deliberación que consideran la opinión tanto de los diputados y senadores, como de los ciudadanos y las instituciones de la sociedad civil, contribuyendo a enriquecer la reflexión nacional.

El debate sobre la nueva Constitución marcará este 2017 y requerirá avanzar hacia la discusión del contenido de la constitución y no meramente de los procesos para modificarla. En esto nada han dicho los cabildos. Por ejemplo, todos estuvieron de acuerdo en la importancia del derecho a la vida, pero no hay una sola conclusión respecto a su extensión a los niños no nacidos o sobre el restablecimiento de la pena de muerte en nuestro país. Nuevamente, tendrá que ser el Congreso Nacional el que empiece a hilar fino en esta discusión y se aleje de un proceso cuya única finalidad era amplificar las voces de grupos minoritarios, en vez de representar los consensos alcanzados por nuestro país.

 

Julio Isamit, coordinador general Republicanos

 

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