En principio, la ley está bien encaminada. Sin embargo, una normativa marco de protección universal de la niñez debe irradiar en todo su articulado el derecho y deber preferente de las familias a educar a sus hijos, debiendo el Estado actuar de manera subsidiaria en su protección, ya que son los padres los llamados naturalmente a resguardar y potenciar los derechos de los niños. Esto se debe clarificar y fortalecer más en el proyecto, especialmente en lo vinculado con la autonomía progresiva y el derecho a la privacidad de los niños, en donde no debe existir duda alguna del rol protector de las familias.
Publicado el 28.05.2017
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La próxima semana comenzará la discusión en el Senado, en su segundo trámite constitucional, de la ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, proyecto que busca resguardar de forma clara y eficaz los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país.

La iniciativa legal, que ya aprobamos en la Cámara de Diputados luego de un arduo debate, establece una serie de principios, derechos y garantías reconocidos al niño como titular, tanto antes como después de su nacimiento. Así, se destaca la protección del derecho a la vida, la prohibición contra cualquier tipo de maltrato, incluido el prenatal, el derecho a vivir en familia, a la honra y la propia imagen, a la no discriminación arbitraria, entre otras. Asimismo, se le otorga el derecho a una defensa jurídica autónoma y especializada y se obliga a la administración del Estado a elaborar una política nacional de la niñez, con programas, acciones y plazos concretos para velar por los derechos de los niños.

En principio, la referida ley está bien encaminada, pero aún falta mucho. Una normativa marco de protección universal de la niñez debe irradiar en todo su articulado el derecho y deber preferente de las familias a educar a sus hijos, debiendo el Estado actuar de manera subsidiaria en su protección, ya que son los padres los llamados naturalmente a resguardar y potenciar los derechos de los niños. Esto se debe clarificar y fortalecer más en el proyecto, especialmente en lo vinculado con la autonomía progresiva y el derecho a la privacidad de los niños, en donde no debe existir duda alguna del rol protector de las familias.

Asimismo, se debe establecer una acción de tutela de los derechos de la niñez. Recordemos que fue la propia Presidenta Bachelet la que anunció en el mensaje de la iniciativa que “se establecería una acción especializada y de tramitación rápida, que permitirá exigir a los órganos del Estado la prestación de los servicios que deben otorgar legalmente, cuando el acceso a ellos haya sido negado o limitado afectando los derechos del niño”. Sin embargo, dicha acción hoy brilla por su ausencia y nada se ha presentado al respecto.

De igual modo, si bien la ley consagra el deber del Estado de colaborar con las familias, “proporcionando asistencia y programas de apoyo que les permitan proveer debidamente la protección, el cuidado y el desarrollo de los niños”, esto constituye una mera declaración de principios, toda vez que el proyecto –como todos saben- no contiene presupuesto alguno, haciendo una mera ilusión el texto de la iniciativa.

El proyecto también contiene una línea marcadamente ideológica, al establecer la existencia para un niño de “dos padres” o “dos madres”, saltándose una discusión que debe darse de manera madura y reflexiva –materia de otro proyecto-, pero en ningún caso a la rápida, como se pretende establecer. Del mismo modo, el cambio de sexo en los niños, a mi juicio, debe también suprimirse, por afectarlos gravemente.

La discusión continúa ahora en el Senado. En vista de lo anterior, existe la obligación de tomar conciencia de la necesidad de construir una institucionalidad donde primen la sensatez, la seriedad y la racionalidad, pero por sobre todo el interés superior de los niños, resguardándolos y fortaleciéndolos adecuadamente a ellos y a sus familias.

 

Claudia Nogueira F., diputada y miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO