Lo que sucede en la radio en tiempos de campaña refleja la enorme desigualdad de acceso de candidaturas al espacio público. La libertad de expresión tiene un límite y ese límite se llama igualdad de competencia.
Publicado el 27.11.2014
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La Constitución, en su artículo primero, señala que será deber del Estado asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Y más adelante, en su artículo 18, establece “la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos”.

¿Está asegurada, entonces, la competencia electoral con igualdad de oportunidades como la misma Constitución lo establece? La respuesta es no, y esto por dos razones principales. Primero, desde el punto de vista práctico, quienes compiten por un cargo lo hacen con enormes diferenciales de acceso a recursos financieros para costear sus campañas. Pese a que, en promedio, una candidatura a diputado cuesta $30 millones, las diferencias de gasto declarado son abismales. Sólo para ilustrar este punto, la UDI declaró haber gastado en promedio $77.7 millones por sus candidaturas a diputados, la DC $54.4 millones, el PS $53 millones, RN $46.7 millones, el PPD $39.6 millones, los independientes $17 millones, y el PRO $3.9 millones, por citar algunos de los partidos legalmente constituidos.

Lo anterior refleja una enorme brecha de acceso a recursos económicos para financiar campañas que afectan la igualdad de oportunidades en la competencia política. No todos tienen las mismas oportunidades de empapelar la ciudad con monumentales, carteles, avisos de radio y otras formas de darse a conocer en un año electoral.

Pero a esta circunstancia debemos agregar que la misma legislación de gasto electoral no ayuda a nivelar la cancha. Es más, la regulación que hoy tiene Chile estimula la desigualdad de competencia en contra de lo que se declara en el espíritu de la propia Constitución. ¿Cómo es eso? La actual ley estimula, por ejemplo, que personas jurídicas con fines de lucro realicen donaciones a campañas políticas por la vía de descontar impuestos. Se establece así una fuerte desigualdad entre personas jurídicas con fines de lucro (que pueden donar) y sin fines de lucro (a las que se les prohíbe donar). Se establece una diferencia entre empresas que sí descuentan impuestos y personas naturales que no lo pueden hacer.

A lo anterior se suma una serie de otros vacíos legales que convierten el actual panorama en una verdadera ley de la selva. Se trata de una ley sin fiscalización ni sanciones efectivas, lo que estimula la subdeclaración en los gastos de campaña. Aunque existe una norma que regula los espacios permitidos para publicidad electoral, en la práctica no se aplica por lo ridícula de aquella norma (pequeños espacios en plazas públicas por comuna). Hoy, quien tiene más recursos puede sin problemas desarrollar una campaña millonaria. Lo único que necesita es un buen administrador electoral que haga calzar en su informe final los límites establecidos por ley con los aportes recibidos. La actual norma se reduce a un ejercicio de contabilidad.

Un ejemplo de esta desigualdad es el avisaje en medios de comunicación. Como el espectro radioeléctrico es un bien nacional, en el caso de la televisión se estableció la prohibición de publicar avisos y, a cambio, se definió una franja electoral por candidatura presidencial y por partidos que compiten por puestos en el Congreso Nacional. Como el costo de aquella publicidad es muy alto, la norma trató razonablemente de igualar la cancha mediante una franja electoral.

En la radio no sucedió aquello. Las candidaturas que tienen más recursos pueden contratar avisaje sin contemplaciones incluso muchos meses antes de que oficialmente se inicie el periodo oficial de campañas. Como este espacio está completamente desregulado, las radioemisoras pueden subir el precio del segundo de avisaje de un día para otro. Entonces, quien tiene más dinero compra tiempo radial, perjudicando a quienes no pueden contratar estos servicios.

Lo que sucede en la radio en tiempos de campaña refleja la enorme desigualdad de acceso de candidaturas al espacio público. Para hacer cumplir con el principio constitucional de igualdad de competencia, en el caso de las radios se pueden hacer dos cosas: permitir un tiempo de base para todas las opciones políticas (una franja) y regular el precio y el tiempo de avisos permitidos para las distintas candidaturas de modo de evitar que quienes tienen más dinero copen el tiempo radial en período de campañas. De ese modo, emparejaremos la cancha permitiendo una competencia más justa entre diferentes opciones políticas. La libertad de expresión tiene un límite y ese límite se llama igualdad de competencia.

 

Claudio Fuentes, Director de la Escuela de Ciencia Política Universidad Diego Portales. Doctor en Ciencia Política.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO