La discusión respecto de la naturaleza jurídica de las instituciones estatales apunta a apoyar una tesis que algunos rectores han sugerido: que las universidades del Estado debieran tratarse como servicios públicos especiales. El objetivo final apunta al financiamiento: si las universidades estatales debieran tratarse igual que un servicio público (como el SAG) y, por lo tanto, ser financiadas por el erario en base a los costos de operación. Esto podría dar lugar a discriminaciones arbitrarias en contra de estudiantes que elijan instituciones privadas de igual calidad.
Publicado el 29.05.2017
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El Ministerio de Educación ha anunciado que presentará al Senado un proyecto de ley específicamente para las universidades estatales. Aunque el detalle aún no es conocido, se ha adelantado que abordará la naturaleza jurídica de estas instituciones, las normas que las regularán y su coordinación, entre otros. Estos elementos han sido parte de las demandas del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH), un actor que el Gobierno necesita tener de su lado para sacar adelante el proyecto de reforma a la educación superior. Llama la atención, de manera general, que el Ejecutivo busque dictar leyes en favor de un grupo específico de instituciones, en lugar de priorizar el buen funcionamiento del sistema de educación superior.

Así, la discusión respecto de la naturaleza jurídica de las instituciones estatales apunta a apoyar una tesis que algunos rectores han sugerido: que las universidades del Estado debieran tratarse como servicios públicos especiales. Puede parecer un detalle o un problema semántico, pero el cambio no es inocente. El objetivo final apunta al financiamiento: si las universidades estatales debieran tratarse igual que un servicio público (como el Servicio Agrícola y Ganadero) y, por lo tanto, ser financiadas por el erario en base a los costos de operación. Esto podría dar lugar a discriminaciones arbitrarias en contra de estudiantes que elijan instituciones privadas de igual calidad.

En términos de su gobernanza, el proyecto establece lineamientos comunes para todas las instituciones estatales, los que no son significativamente diferentes a los estatutos vigentes para estas universidades. En este sentido, se confirma el predominio y eventual captura de los órganos superiores de gobierno por los académicos, y se pierde la oportunidad de ampliar la participación de actores relevantes de la comunidad. Una mayor participación de la sociedad civil en el gobierno de las instituciones estatales les permitiría enfocarse en actividades de investigación y vinculación con el medio que sean más relevantes para el país, y no centradas en los intereses de grupos específicos. Un equilibrio de poder entre los actores internos y externos de la universidad es el mejor resguardo de autonomía, incluido el Estado.

El proyecto implicaría también eximir a las universidades del Estado de algunas formas de control administrativo de la Contraloría General de la República y de regulaciones de la Ley de Compras Públicas. Esto no solo resulta contradictorio con la idea de que estas universidades sean servicios públicos (y por lo tanto deban someterse a las normas que regulan la administración pública), sino que además va en contra de ideas centrales de modernización del Estado, como la transparencia en el uso de los recursos públicos. Los casos de conflictos de interés tenderán a aumentar con una mayor arbitrariedad en el uso de los recursos por parte de las universidades estatales. Distinto es que éstas deban contar con mecanismos que les permitan gestionar eficientemente sus recursos.

La coordinación entre las universidades estatales, que ha sido una demanda frecuente del CUECH, llama la atención en tanto no debiera ser materia de ley. Las universidades ya se coordinan con bastante efectividad en variadas materias, incluyendo su posicionamiento público, pero de forma voluntaria. Un esquema de coordinación obligatoria como el que se propone puede terminar favoreciendo a las instituciones más fuertes e influyentes, y en una instrumentalización de las más débiles. La “colaboración” entre entidades de distinto prestigio, peso político y capital financiero tiene el riesgo de convertirse en un arreglo clientelar en desmedro del sistema en su totalidad.

El Estado debe tener una mirada sistémica del modelo de educación superior que pasa por reconocer diferencias, pero sin que ello implique un trato preferente para un grupo de universidades.

 

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO