El programa de gobierno del Presidente Piñera incluye entre sus prioridades un cambio significativo, que considera la creación de un nuevo crédito estudiantil sin la participación de la banca y contingente al ingreso, que no limite la diversidad, sustentabilidad y calidad del sistema ni vulnere la autonomía de las instituciones. El proyecto de ley propuesto por la ex Presidenta Bachelet es claramente incompatible con dichos principios, por lo que se requiere retirarlo y reemplazarlo por uno nuevo. Aquí una propuesta de tres elementos.
Publicado el 09.04.2018
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El ministro de Educación anunció en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados su intención de retirar el proyecto de Crédito Estatal que presentó el gobierno anterior a sólo días de dejar el poder. Esto ha sido aprovechado para levantar una polémica artificial, donde se ha dado a entender que el gobierno estaría por dar continuidad al vigente Crédito con Aval del Estado (CAE). Lo cierto es que el programa de gobierno del Presidente Piñera incluye dentro de sus prioridades un cambio significativo al financiamiento de la educación superior, que considera la creación de un nuevo crédito estudiantil sin la participación de la banca y contingente al ingreso, que no limite la diversidad, sustentabilidad y calidad del sistema ni vulnere la autonomía de las instituciones. Si se analiza el proyecto de ley propuesto por la ex Presidenta Bachelet, es claro que es incompatible con dichos principios, por lo que se requiere retirar y reemplazar dicho proyecto por uno nuevo.

En este escenario, es relevante que se comience a debatir sobre cuáles deben ser las características de este nuevo sistema de financiamiento y, dentro de éste, la definición de nuevo crédito. Acción Educar ha diseñado una propuesta de tres elementos.

En primer lugar, se busca corregir una discriminación histórica contra las universidades privadas que no pertenecen al CRUCh. Se propone una beca única universitaria y técnica, equivalente al valor del arancel regulado de la carrera donde esté matriculado el estudiante. Podrán optar a ella quienes cumplan con requisitos académicos (50% de mayor puntaje de la PSU) y estén matriculados en instituciones de más de cuatro años de acreditación (nuevo estándar mínimo de operación definido por la nueva Ley de Educación Superior próxima a promulgarse).

Dado que dicha beca será insuficiente para cubrir los costos del arancel en algunas instituciones, se considera también un crédito estatal, sin intermediación de la banca privada. El Estado deberá prestar directamente a los estudiantes matriculados en instituciones acreditadas por más de cuatro años, por un monto equivalente al arancel regulado de la carrera. Si el arancel de la institución es mayor, el estudiante deberá pagar la diferencia. La tasa de interés y la cuota a pagar son progresivas (quienes se vean beneficiados financieramente en mayo medida por estudiar, pagarán más) y la cobranza se realiza mediante la Tesorería General de la República, todo lo anterior siguiendo buenas ideas que proponía el proyecto retirado. Además, mantiene las características de contingencia al ingreso de las reformas del CAE de 2012, pero ahora accesibles a todos los estudiantes.

Finalmente, es necesario considerar alguna provisión para enfrentar los casos de morosidad debido al CAE que sean demasiado graves como para ser resueltas por los deudores, para posteriormente permitirles ingresar al nuevo crédito. En consecuencia, se propone un incentivo a la puesta al día, de manera que puedan adscribir al nuevo crédito estatal. Para acceder a este beneficio, que consiste en la eliminación de intereses penales y financieros antes de llevar a cabo la reprogramación, los deudores morosos que así lo deseen deberán realizar un pago inicial del saldo en mora. Quienes paguen el 50% de su saldo en mora, recibirán una condonación del 100% de los intereses penales y de los intereses financieros generados durante el período en mora.

Esta propuesta busca aportar al debate legislativo que se aproxima, solucionando discriminaciones arbitrarias históricas contra los estudiantes de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, y respetando valores como la autonomía de las instituciones, la diversidad del sistema y la libre elección de los estudiantes. Asimismo, se busca asegurar que las instituciones puedan seguir desarrollándose en el tiempo y que sus estudiantes se beneficien de esto.

 

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

 

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO