¿Hay Estado de derecho en un lugar donde el Estado no puede ejercer su potestad ni cumplir con sus funciones por la decisión de un grupo de personas que no lo reconoce, excepto para ser acreedores de los beneficios que entrega?
Publicado el 26.04.2017
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Cuando hablamos de terrorismo en La Araucanía y de la forma en que debemos enfrentarlo, pareciera que siempre llegamos a un diálogo de sordos, en donde los argumentos para demostrar su existencia y la situación que se vive actualmente en la zona no bastan para reconocer el problema: la extrema violencia de la cual hoy son víctimas miles de chilenos.

¿Hay Estado de derecho en un lugar donde el Estado no puede ejercer su potestad ni cumplir con sus funciones por la decisión de un grupo de personas que no lo reconoce, excepto para ser acreedores de los beneficios que entrega?

La respuesta se expresa en hechos como los acontecidos en Temucuicui, en donde se llega al punto de que una acción tan ordinaria como realizar un Censo se convierte en un acto de total desconocimiento a la autoridad y soberanía que tiene el Estado de Chile sobre una zona del país. Lo más desconcertante a esta altura es que estos sucesos pasan a ser anécdotas, y al mismo tiempo un inevitable problema para el Gobierno: por algo la Presidenta tuvo que terminar sorpresivamente una entrevista de un canal nacional al momento que se le preguntó al respecto.

También fue sorpresiva la respuesta del subsecretario del Interior cuando le preguntaron por lo mismo: “La información sobre ataques a censistas es completamente falsa. Lo que ocurrió fue que se lanzaron piedras en contra de personal de Carabineros y también a vehículos con periodistas, pero los últimos no fueron impactados”.

¡Solamente lanzaron piedras! Esta es la respuesta de quien debiese estar a cargo de la seguridad de los chilenos. El mismo que en su momento intentó culpar a los bancos por los robos de cajeros automáticos ahora indica como casi anecdótico la puesta en riesgo de la integridad física de carabineros y periodistas.

Sin duda, el errático actuar del Gobierno sólo ha venido a acentuar el conflicto. La falta de interés por aplicar y modificar la Ley Antiterrorista, la nula persecución de los delitos que se cometen, la poca convicción para calificar los atentados como terroristas, y el empecinamiento en enviar señales erróneas —como la visita del intendente en la cárcel a la machi Francisca Linconao—, dejan la idea de que este Gobierno nunca tuvo ni quiso tomar una postura clara en este tema.

Es necesario sincerar posturas y dejar a un costado la indefinición que ha sido la tónica en la izquierda y sus gobiernos, que permitieron que la situación llegara a los niveles de violencia que existen hoy en día en La Araucanía, que se habrían evitado si hubiese existido un compromiso serio con el rechazo a la violencia rural y con las promesas que la Concertación y la Nueva Mayoría hicieron al pueblo mapuche.

El Gobierno ha demostrado su interés: mientras el intendente de La Araucanía visita a Linconao, acusada de delito terrorista, el ministro del Interior, Mario Fernández, no cumple su promesa de visitar a Arsoindo Bascur, pequeño agricultor víctima de la violencia, que realizó públicamente en enero pasado durante su interpelación en el Congreso.

 

Carlos Oyarzún, asesor legislativo Fundación Jaime Guzmán 

 

 

FOTO: AGENCIAUNO