La Nueva Mayoría y el gobierno ven la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Han actuado de maneras distintas frente a situaciones similares, como queda claro con la querella presentada por la Presidenta contra Qué Pasa.
Publicado el 02.06.2016
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“La Natalia me dijo que 1.000 millones tenían que ser para la suegra”.

La transcripción de una conversación telefónica interferida por Carabineros a Juan Díaz, imputado por el caso Caval, desató las iras de la Presidenta Bachelet. La grabación, realizada en cumplimiento de una orden judicial, fue filtrada y publicada por Qué Pasa online. La Presidenta dijo que era una canallada, que respondía a un montaje y que estudiaría acciones legales.

Para mayor confusión, al día siguiente nos enteramos de que la Presidenta Bachelet había prestado declaración al fiscal del caso Caval en su oficina en La Moneda el día martes a las 7:00 AM, es decir, un par de días antes de que se conociera la grabación. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló que se entregaba esta última información, la de la declaración judicial, para evitar que se relacionara con la filtración de la llamada telefónica de Juan Díaz, logrando, en mi opinión, justamente el efecto contrario.

Más allá de la incomprensible gestión comunicacional del gobierno, se entiende el enojo de la Presidenta. Que un imputado en el caso Caval, sin entregar prueba alguna ni antecedentes que lo avalen, afirme una cosa así es lesivo para su honra.

¿Cuál es la credibilidad de esta fuente? ¿Por qué se da espacio a afirmaciones de alguien que está acusado de graves delitos? ¿Cuál es la motivación del medio para publicar esta información?

Todas son preguntas pertinentes desde el punto de vista de quien resulta agraviado. Una cosa distinta, sin embargo, es la apreciación de ellas desde el punto de vista de la libertad de información. Así lo han señalado diversos analistas, haciendo ver incluso que el hecho de que los afectados sean autoridades o personas que ejercen poder no agrava el problema, pues éstos debieran tener menor protección que los ciudadanos comunes y corrientes.

Difícil de entender, no obstante, por quien ha sido afectado. Porque este episodio, como otros recientes, nos revela que es extraordinariamente difícil para las personas ser ecuánimes en la evaluación de situaciones que los involucran. De hecho, el vocero de gobierno ha anunciado que la Presidenta ha presentado una querella por injurias y calumnias contra la revista Qué Pasa.

Decimos esto porque no hemos visto a la Presidenta, ni a la Nueva Mayoría, preocupados de saber cuál es la motivación de los medios de comunicación que han dado todo tipo de informaciones acerca de supuestas actuaciones irregulares y delictivas de políticos de la UDI o de otras fuerzas políticas que no les son afines, o de connotados empresarios, sin que medie sentencia alguna que demuestre esas conductas.

Tampoco hemos visto cuestionamientos a la credibilidad de la fuente en casos como Penta, en que prácticamente toda la información inculpatoria proviene de personas que están imputados y confesos de fraude al Fisco a través de una máquina montada con funcionarios de Impuestos Internos y otros delitos de similar gravedad.

Tiene razón la Presidenta al estar dolida por acusaciones sin fundamento proferidas por un “individuo”, como lo calificaron ciertas autoridades de gobierno, que tiene dudosas credenciales. ¿Pero no habrá dolor también en otros políticos y empresarios que han sido acusados y sometidos al escarnio público antes de que se pruebe delito alguno de su parte?

¿No se alentaron acaso, desde el Ministerio del Interior, acusaciones a políticos en los casos de financiamiento irregular de la política?

Es que la Nueva Mayoría ha mostrado, en estos últimos casos, una capacidad increíble para ver la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio.

Cuando se comenta hoy el hecho de que el PPD haya sido financiado por la empresa SQM, diversos personeros ligados a ese partido, al gobierno y a la Nueva Mayoría, con contadas excepciones, señalan que estamos frente a un problema sistémico que afectaba a todo el sistema político.

¿Decían eso mismo cuando estalló el caso Penta, que afectaba fundamentalmente a la UDI?

Por cierto que no. Iniciaron una ofensiva mediática que culminó con la renuncia del presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, y persiguieron implacablemente a otros políticos de ese partido. Hubo diputados imputados por una boleta de cinco millones de pesos en circunstancias que hay otras personas ligadas a la Nueva Mayoría que emitieron boletas por cantidades sustancialmente mayores y permanecen impunes; otros personeros, como el ex senador Carlos Bombal, ni siquiera entregaron boletas y continúan imputados.

El conflicto entre la libertad de expresión y el respeto a la honra de las personas debe ser manejado con responsabilidad. Ni la Presidenta, ni la Nueva Mayoría pueden alegar con fundamentos el ejercicio de esa virtud en los casos que el país ha conocido. La Presidenta ha decidido, en este caso, seguir a Chávez, a Maduro y a Correa en su forma de relacionarse con la prensa y la libertad de expresión.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO: AGENCIAUNO.

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