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Publicado el 08 de enero, 2018

Fijación de aranceles: una política deficitaria

La fijación de aranceles para los estudiantes sin gratuidad no tiene ninguna justificación más que el afán sobre regulatorio presente en el proyecto de ley de educación superior, con consecuencias bastante grandes.
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Continúa la discusión del proyecto de ley de educación superior en el Senado. El presidente de la Comisión ha anunciado que se sesionará todo lo necesario, incluido el fin de semana, para despachar la iniciativa en los tiempos que ha dispuesto el gobierno. Esta premura es inadecuada, en particular por la gran cantidad de temas que aborda y la complejidad de la regulación que establece. Una en particular, la fijación de aranceles, ha provocado perjuicios significativos en el sistema de educación superior, lo que se profundizará con la aprobación del proyecto de ley. Este es un asunto que vale la pena analizar en profundidad. Veamos.

Hace dos años comenzó a implementarse la promesa presidencial de la gratuidad vía glosa presupuestaria. Este diseño de política ha generado un déficit en las instituciones adscritas, esto debido a que la transferencia que el Estado realiza por cada estudiante perteneciente a los deciles socioeconómicos beneficiados responde, justamente, a un arancel regulado, el cual tiende a ser menor que el arancel real que las instituciones libremente fijaron para sus carreras. Así, en 2016 se generó una brecha de $20.924 millones y en 2017 de $17.293 millones.

Si se aprueba el proyecto de ley esta situación podría empeorar considerablemente. Esto, porque la iniciativa impone topes máximos al arancel que las instituciones pueden cobrar a los estudiantes que no califican para la gratuidad. En otras palabras, la fijación de precios se expande incluso a quienes no son beneficiados por la gratuidad. Así, durante el período de transición a la gratuidad universal, las instituciones adscritas pierden en gran medida su libertad para fijar aranceles, pudiendo cobrar el arancel regulado más un 20% a los estudiantes provenientes del decil siete, y el arancel regulado más 60% a quienes pertenezcan a familias de los deciles ocho y nueve. El arancel real que la institución definió para sus carreras solo sería aplicado a los estudiantes del decil 10.

El uso de un arancel regulado para los estudiantes con gratuidad, si bien es perjudicial, tiene su justificación en la restricción presupuestaria del Estado, que es quien financia las carreras de quienes cumplen el requisito socioeconómico. En contraste, la fijación de aranceles para los estudiantes sin gratuidad no tiene ninguna justificación más que el afán sobre regulatorio que está presente en el proyecto de ley, con consecuencias bastante grandes.

Un estudio de Acción Educar, simuló el déficit que se produciría en caso de que el proyecto de ley se apruebe. Así, producto de la fijación de aranceles para los estudiantes no gratuitos, el déficit anual de las instituciones adscritas ascendería a $30.427 millones. Si esto comenzara a aplicarse desde 2018, el déficit acumulado entonces correspondería a $68.644 millones. Lo anterior es grave, pues la disminución de recursos va a repercutir no sólo homogenizando los proyectos educativos, sino también disminuyendo la calidad, lo que va en directo perjuicio de los estudiantes y su formación.

Es relevante que aspectos como éste, centrales en el proyecto y de significativo impacto sobre el sistema, sean discutidos con la calma necesaria, de manera que la solución más efectiva y el diseño de política más adecuada y compatible con la diversidad y calidad del sistema, se terminen por imponer.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

 

 

FOTO: MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO

 

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