El caso Dávalos Bachelet nos recuerda que quienes gobiernan o acceden al poder político no son seres inmaculados y sin ambiciones, aunque digan y aparenten lo contrario.
Publicado el 27.02.2015
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Del caso Dávalos Bachelet se pueden sacar dos lecciones relativamente entrelazadas: primero, que las incoherencias de ciertas élites “progresistas” con respecto a sus proclamas igualitarias, una vez en el poder, no son nuevas en la historia reciente y seguirán existiendo. Segundo, y más importante debido a lo primero, es la necesidad de fortalecer un discurso público realmente escéptico frente a quienes detentan el poder político.

En general, quienes proclaman la igualdad como principio rector parecen tener una excesiva confianza en el poder político en manos de sus líderes o partidos, como si estos fueran inmaculados y sin ninguna clase de ambición personal. No es raro que pidan más poder para ellos con la promesa de más justicia. Pero no existe tal cosa como un filósofo rey libre de vicios. Tampoco todos son Pepe Mujica, un caso realmente de estudio, al menos en cuanto a correspondencia entre lo dicho y lo hecho.

Ante el caso Dávalos Bachelet, muchos han hablado de su ambición personal, lujos, falta de probidad, nexos con empresarios, herejía y falta de compromiso con el socialismo e incoherencia discursiva. Es decir, de sus apetitos. Pero pocos han reparado en que estamos hablando del hijo de la Presidenta, que hasta hace poco era (y es) parte de las más altas élites que detentan el poder político del Estado, que paradójicamente han llegado al poder hablando en nombre de la igualdad.

El caso Dávalos nos recuerda la advertencia de George Orwell en Rebelión en la Granja: que aquellos que ascienden al poder (aunque prometan igualdad) rápidamente pueden pasar a convertirse en una nueva élite; todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Así, el discurso igualitario siempre conlleva su propia contradicción: ser esencialmente elitista y oligárquico una vez en el poder, incoherencia que muy bien describe Milovan Djilas en su libro La Nueva Clase.

Desde el liberalismo, el influjo del poder sobre los gobernantes siempre se ha tenido presente como un riesgo, como una amenaza. Por ello, desde tal desconfianza se han desarrollado principios claves de la doctrina política e institucional liberal como la separación de poderes, la independencia de los tribunales, la igualdad ante la ley y la no interferencia del gobierno en la economía, ya sea en favor de ellos o de sus amigos, séquitos, cortes, nomenclaturas o partidos políticos.

Karl Popper (haciendo eco a la premisa de un liberal preclaro como Lord Acton, de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente) decía que la pregunta clave en política no era ¿Quiénes deben gobernar?, pues no hay cómo garantizar que gobiernen seres sacrosantos y perfectos. La pregunta relevante es ¿Cómo organizar las instituciones a fin de que los gobernantes malos o incapaces no puedan generar mucho daño? Es decir, cómo evitar que sus apetitos de dominio, riqueza y privilegio terminen sometiendo y empobreciendo al pueblo mediante el poder del Estado.

El caso Dávalos Bachelet nos recuerda que quienes gobiernan o acceden al poder político no son seres inmaculados y sin ambiciones, aunque digan y aparenten lo contrario. Muchos pueden hacer mal uso del poder y la posición que ostentan, incluso aunque juren promover la justicia, la igualdad, la libertad o el orden, una lección que en Chile ya deberíamos haber aprendido.

Hoy se hace necesario promover un discurso realmente escéptico del poder político, gobiernos, autoridades y representantes, centrado en promover instituciones democráticas y liberales que eviten que malos gobernantes hagan mucho daño. Por ejemplo, recordando que las constituciones son para controlar y descentralizar el poder y no para concentrarlo ni dar excesivas atribuciones a los gobernantes. Sobre todo porque ante casos como el de Dávalos Bachelet (pero también PENTA y SQM) es probable que algunos apetitosos de poder se alcen como los paladines de la probidad y la justicia, pidiendo más atribuciones para su causa. El germen del caudillo demagogo.

Eso abre un desafío enorme a quienes dicen defender las instituciones democráticas y liberales de una sociedad moderna.

 

Jorge Gómez, Coordinador de Investigación Fundación para el Progreso.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO