El desafío aquí, contra las afirmaciones de Beyer y Brunner, consiste en ofrecer información factual (o alguna evidencia que no sea la apelación al manoseado imaginario transformador) que pudiera apoyar la idea de una universidad que, más allá de su excelencia, se pueda catalogar como genuinamente inclusiva, sea mediante evidencia empírica o cualitativa que trascendiera la tenacidad ideológica sobre un "paraíso perdido".
Publicado el 03.11.2016
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En materia de educación superior abunda la literatura sobre la “explosión” de la universidad terciaria-docente en la región en los últimos dos decenios, o sea, el célebre paso que va de la universidad de elite –afiliada al populismo centralizado- a la universidad de masas, de 1990 en adelante.

No hay acá una sola posición, ni un solo paradigma respecto a sus “externalidades”. Para algunos investigadores (Atria, Sanhueza, García Huidobro et al, 2013), el proceso de masificación comienza hacia fines de los años 60, en el marco de la universidad compleja, y la universalización de la matrícula se da posteriormente por la vía del mercado –liberalización de alta intensidad- y bajo una inusitada privatización de la misma. El costo de ese proceso, y esto se admite globalmente, “fue una merma de calidad” y un déficit de “prevención regulatoria”. Pero de otro lado, aparecen sendos contraargumentos.

Tanto Harald Beyer como José Joaquín Brunner tienden a coincidir en que la universidad chilena fue elitaria en dos registros. Primero, por su escasa cobertura, que se traducía en una bajísima tasa de inclusión social (5 al 10% en 1970), y más puntualmente por su  escuálida cantidad de egresados y graduados de la universidad tradicional (laica o confesional), pese a la consabida importancia de los liceos públicos. Pero a esto se suma un segundo problema mucho más cualitativo y social que trasunta la “cobertura de magnitudes”, empíricamente concebida. Si bien ambos autores admiten que la elite universitaria cultivó una actitud (un ethos) de pluralismo ideológico y político en el imaginario de los años 60, ello no se hace acompañar, salvo muy contadas excepciones, de una “política de inclusión social” que permitiera consignar una genuina movilidad ascendente de los sectores populares o marginales (la conocida cuestión de la marginalidad en América Latina).

El desafío aquí, contra las afirmaciones de Beyer y Brunner, consiste en retrucar esta tesis con información factual (o alguna evidencia que no sea la apelación al manoseado imaginario transformador) que pudiera apoyar la idea de una universidad que, más allá de su excelencia, se pueda catalogar como genuinamente inclusiva, sea mediante evidencia empírica o cualitativa que trascendiera la tenacidad ideológica sobre un  “paraíso perdido”.

A diferencia del actual régimen de educación superior, los expertos han problematizado fluidamente la “naturalizada” consigna de que el mentado “desarrollo hacia adentro” (1940-1970) fortalecía un componente público que se expresaba en una mayor “heterogeneidad social” en facultades adyacentes. Me permito un inciso: fue el propio Salvador Allende quien  en su visita a la Universidad de Guadalajara (1972) denunció urbi et orbi el carácter selectivo-excluyente de nuestro régimen de educación superior (a diferencia de la narrativa de la Nueva Mayoría).

La indistinción entre el plano político-ideológico respecto de la dimensión social-inclusiva se presta a una tremenda confusión conceptual que ha permitido fomentar una serie de “estereotipos” y usos retóricos que nos hablan –sin miramiento de pasiones- de un diseño universitario de excelencia, pero restringiendo la “selectividad” a una cuestión de “cobertura angosta”, auscultando las dimensiones sociales del prestigio universitario.

La ilustración crítica desarrollada por Beyer y Brunner abre paso a otro problema: cómo hacer para no tildar de selectivo a un diseño de universidad virtuoso y piramidal cuya implementación histórica conoció sus primeros frutos a mediados del siglo XX.

En síntesis, el contraargumento es que la universidad nacional representaba un modelo encomiable, pero cabe subrayar que también comportaba un esfuerzo insuficiente por ampliar la inclusión avanzando a un modelo mixto durante la década de los 70, dado que la demanda de nuevas cohortes al régimen de educación superior requería mejorar el régimen de provisión mixta sancionado en 1954 bajo la creación del CRUCH. Con todo, esto comprende otras interrogantes donde no deja de llamar la atención la ausencia de un relato mínimamente compartido sobre el régimen de educación superior durante el siglo XX. A modo de útil contrapunto, la disparidad de juicios expertos sobre el estatuto de la universidad tradicional, laica o confesional, y su rol público es una cuestión que no permite describir el modelo chileno como un régimen de “oferta estatal”.

En este sentido, el CAE implementado bajos los gobiernos de la Concertación se traduce en la reconocida mercantilización de la socialdemocracia chilena, que dio paso al subsidio a la demanda, y cuya masificación opera en las antípodas de la efervescencia ciudadana de los últimos años sobre gratuidad. ¿Cómo olvidar la dupla compuesta por el Presidente Lagos y el ministro Bitar, y cómo obviar los deseos presidenciales?

Por fin, la inflación ideológica que vive el país desde hace un quinquenio y la cuestión de la gratuidad universal abundaron en una atmósfera ciudadana, a ratos kafkiana, que nos hace recordar una célebre cita de Brecht: “¿Qué es robar un banco, comparado con fundarlo?”.

 

Mauro Salazar J., investigador asociado Universidad Bernardo O’Higgins

 

 

Foto : PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO