Nos encontramos con un ministro del Interior que pasó a ser el claro líder del programa de gobierno, lo que en la práctica lo convierte en la anti-dupla del ministro de Hacienda, quien, números en mano, muestra la imposibilidad de financiarlo.
Publicado el 20.06.2016
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Todo indica que la renuncia de Jorge Burgos ha significado un nuevo triunfo de los “sin renuncia” sobre el “realismo”. Apuntan en esa dirección las declaraciones que ha hecho el nuevo jefe de gabinete en sus primeras intervenciones públicas. Mario Fernández dijo estar “de acuerdo de punta a punta con el programa” y confiado en que las medidas de productividad del ministro Rodrigo Valdés generen los recursos suficientes para financiarlo, soslayando el hecho evidente de que son las propias reformas las que, al dañar el crecimiento, explican parte del problema. Para Fernández, la incertidumbre interna no tiene que ver con el efecto económico del programa, sino que “es un estado de ánimo más para sicólogos que para economistas”. Llama la atención además su mención a que él vino a hacer cumplir un programa, porque esa fue la razón de que Bachelet fuera elegida Presidenta. ¿Creerá eso de verdad? ¿Cuántos de los que votaron por ella habrán siquiera visto el programa? Recordemos además que fue dado a conocer a fines de octubre de 2013, sólo unos días antes de la primera vuelta, cuando ya el resultado era casi totalmente predecible. Nos encontramos, entonces, con un ministro del Interior que pasó a ser el claro líder del programa de gobierno, lo que en la práctica lo convierte en la anti-dupla del ministro de Hacienda, quien, números en mano, muestra la imposibilidad de financiarlo.

En definitiva, volvemos a la inconsistencia de fondo del “realismo sin renuncia”, ya que siendo realistas, no sólo las reformas pendientes no cuentan con financiamiento, sino que las ya aprobadas hacen muy difícil recuperar una situación de equilibrio fiscal en un plazo razonable. El ministro de Hacienda ha hecho esfuerzos evidentes por contener las presiones de gasto, pero enfrentar la realidad exige más que eso. Debe reconocerse primero que el programa se armó bajo el supuesto de una bonanza del cobre permanente y también con la errada noción de que el cambio de modelo de desarrollo no iba a tener ningún efecto en la tasa de crecimiento económico. Algunos números en materia de precio del cobre y crecimiento de tendencia muestran la magnitud el problema en forma más clara. En 2013, el precio del cobre de largo plazo se estimaba en US$ 3,06/libra, con un crecimiento de tendencia de 5%. Los ingresos fiscales provenientes del cobre y del crecimiento serían suplementados además con la recaudación esperada de la reforma tributaria. Sin embargo, con un precio del cobre más cercano a US$ 2,3/libra (hoy ligeramente sobre US$ 2/libra) y un crecimiento de tendencia de 3% (el FMI estima un 2,8% promedio para el período 2017-2020), se pierde cerca de un 60% de lo que se espera recaudar por la reforma tributaria, lo que significa que, con supuestos más realistas, incluso las reformas ya aprobadas tendrían problemas de financiamiento a futuro. Este sólo hecho agrava el problema de expectativas que enfrentamos actualmente, ya que la insistencia en cumplir el programa lleva implícita la necesidad de una nueva reforma tributaria en el mediano plazo.

La forma en que se está resolviendo este evidente conflicto termina siendo muy preocupante también, ya que las reformas más costosas quedarían convertidas en leyes, pero su implementación quedaría sujeta, en un mecanismo desconocido aún, al crecimiento de la economía. Esto significa que un nuevo gobierno no tendría ningún espacio para ejecutar políticas públicas que sean mayoritariamente aprobadas, ya que si logra mejores resultados de crecimiento, deberá implementar las reformas del gobierno anterior. En su primer gobierno, Bachelet dejó al siguiente la elevada cuenta del Transantiago. Ahora, en un contexto económico bastante menos auspicioso, dejará la cuenta de reformas anti-crecimiento, sin contribuir en nada a mejorar la equidad.

 

Cecilia Cifuentes, Economista Senior, Libertad y Desarrollo.