Tanto la derecha como el propio senador Kast defienden con fuerza la legítima autonomía de las asociaciones intermedias a la hora de perseguir sus fines específicos. Ello, sin embargo, supone defender la existencia de finalidades institucionales (fines o metas compartidas) más allá de las prerrogativas individuales. Nada de esto calza demasiado con la idea de un individuo cuya autonomía tiende a prevalecer sistemáticamente sobre el ideario de las comunidades o asociaciones que configuran el tejido social.
Publicado el 03.04.2018
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Felipe Kast es, sin duda, uno de los dirigentes políticos más promisorios del país. Economista con sello social y estudios en Harvard, a sus 40 años ha sido ministro y diputado, fundó un partido político, fue precandidato presidencial y ahora es senador. No es seguro, sin embargo, que su cruzada en favor del proyecto de identidad de género esté a la altura de su trayectoria ni de sus propósitos de largo aliento.

Lo primero que llama la atención es su indiferencia ante los problemas en juego. Kast a ratos habla de identidad de género como si fuera una cuestión fácil y rápida, sin preguntarse por las dificultades objetivas ni por las consecuencias sociales que un cambio de esta naturaleza puede generar. Logra así la extraña proeza de convertir en simple y binaria una cuestión muy compleja, más allá de la posición de cada cual.

Por un lado, el senador asume como irrefutables argumentos muy discutibles: ¿Acaso  cree que los padres pueden decidir sin ningún límite sobre sus hijos? ¿Acepta el rechazo de vacunas o transfusiones de sangre sin complicaciones? Por otro, Kast elude el problema de fondo: este proyecto de ley conlleva bastante más que un mero cambio registral del género del solicitante, pues todo apunta a ocultar tanto como sea posible su sexo biológico. Y dado que la diferencia sexual es constitutiva de nuestras relaciones sociales –desde las prestaciones de salud hasta la jubilación, pasando por la distribución en las cárceles y las competencias deportivas–, ese ocultamiento previsiblemente afectará a terceros. De hecho, la mantención del RUT dista de ser una protección suficiente, y así lo confirman casos ya judicializados (como el de una extraña bigamia producida luego de un cambio de nombre y sexo, que ocultó el abandono de facto de un matrimonio e hijos previos).

Con todo, con una ley como la propuesta los principales afectados serán los niños y adolescentes, los mismos que Felipe Kast, de modo muy razonable, quería poner primeros en la fila. Ciertamente, tal como advirtió el gobierno de Barack Obama en su minuto (ver aquí y aquí), la evidencia clínica disponible invita a tomarse en serio la disforia de género en el caso de los adultos. Pero la situación de los menores de edad sí que no admite lugar a dudas. Tal como se ha dicho en la discusión nacional, la evidencia empírica –crucial para un doctor en políticas públicas– es abrumadora: cuando no son reforzados en las dudas que experimentan sobre su identidad sexual, al menos 8 de cada 10 niños superan la disforia de género.

Pero la afectación de terceros no termina ahí. En rigor, una legislación de esta índole puede amenazar libertades civiles básicas –libertades valiosas, suponemos, para Kast–, como las de conciencia, expresión y asociación. En la medida que la ley hace superfluo el sexo biológico, quienes coinciden con esta particular acepción de la identidad de género suelen encontrar aquí un apoyo estatal para imponer unilateralmente sus pretensiones, tal como muestra la experiencia internacional (eventuales censuras y castigos al que piensa diferente, trabas para desarrollar proyectos educativos fundados en la distinción hombre-mujer, etc.).

Esto guarda directa relación con un desafío político más amplio. Tanto la derecha como el propio senador Kast defienden con fuerza la legítima autonomía de las asociaciones intermedias a la hora de perseguir sus fines específicos. Ello, sin embargo, supone defender la existencia de finalidades institucionales (fines o metas compartidas) más allá de las prerrogativas individuales. Nada de esto calza demasiado con la idea de un individuo cuya autonomía tiende a prevalecer sistemáticamente sobre el ideario de las comunidades o asociaciones que configuran el tejido social. En rigor, tal noción de autonomía como sinónimo de emancipación –la misma, dicha sea de paso, de la nueva izquierda– representa la principal amenaza para idearios sociales robustos, especialmente en materia educativa.

El último punto remite a una duda aún más profunda: ¿Qué tipo de liberalismo busca promover Felipe Kast? Hasta donde sabemos, la óptica liberal requiere algo más que la sola constatación de intereses individuales (por legítimos que se consideren) para crear instituciones o ampliar la regulación del Estado. Quizás la respuesta del senador sería que en estos debates existe la necesidad de reconocer los diversos estilos de vida. Sin embargo, una de las premisas fundantes del régimen liberal es la existencia de un “Estado neutral”. Es decir, un Estado que no reconoce ningún estilo ni contenido de vida en cuanto tal y, por tanto, que sólo legisla a partir de un interés público efectiva e indudablemente comprometido. ¿Cómo podrían conciliarse ambas perspectivas?

Tomarse en serio sus propias premisas, aun cuando haya que formular preguntas incómodas, es uno de los principales desafíos que debe enfrentar el liberalismo, tanto en términos políticos como doctrinarios. Felipe Kast y su partido no son la excepción.

 

Claudio Alvarado R., Instituto de Estudios de la Sociedad

 

 

FOTO: PABLO OVALLEISASMENDI/AGENCIAUNO